Son cinco los perfiles que permanecen pendientes de definir en los cuatro órganos colegiados que integran el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). En el caso específico de la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del organismo, la misma quedó acéfala desde finales de 2021 y en la actualidad, no hay indicios de que esto vaya a cambiar pronto.
A finales del año pasado, esta última se quedó sin titular, pues Claudette Hanan Zehenny, quien hasta diciembre de 2021 ocupó ese puesto, se registró como aspirante a una de las dos comisiones vacantes del pleno en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla (Itaipue), cargo que asumió el pasado 6 de enero.
Pese a que su nueva posición estaba destinada a durar seis años, Hanan Zehenny cambió otra vez de organismo e ingresó al Poder Judicial estatal, lo anterior tras ser nombrada como magistrada presidenta de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas.
En ese tenor, aunque la exencargada de la Secretaría Ejecutiva del SEA ya cambió dos veces de puesto, la posición que inicialmente dejó libre en ese organismo permanece sin ser ocupada, al menos no por una nueva titular.
Al quedar acéfala, fue el órgano de gobierno de esa dependencia quien nombró a Janeth Bustamante Abdala como encargada de despacho. Dicho esto, la Secretaría Ejecutiva lleva cerca de cinco meses funcionando sin una persona titular en forma.
A decir de Alejandro Guillén Reyes, comisionado el Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) del SEA, la institución se encuentra finalmente recuperándose tras la fragmentación que se vivió en 2020, cuando la ex secretaria de la Función Pública y ex integrante del Comité Coordinador Estatal (CCE), también del SEA, Laura Olivia Villaseñor Rosales, rompió relaciones con el CEPC.
En entrevista con El Sol de Puebla, Guillén Reyes explicó que, después del conflicto, las relaciones laborales entre ambos grupos colegiados, e incluso con el que presidía Hanan Zehenny, se detuvieron: “De 2020 a 2022 no hubo Sistema [Estatal Anticorrupción]”.
Para cubrir esa vacante, el CEPC, en el ámbito de sus obligaciones, formuló en febrero pasado una terna integrada por: José de Teresa Salcedo, María Eugenia Hernández Omaña y María de los Ángeles Meza González. No obstante, la mayoría del CCE la rechazó argumentando que ninguno de esos perfiles estaba apto para asumir esa dirección.
“[Esa decisión] me [dejó] desconcertado, ¿cuántas convocatorias tenemos que hacer para que nos acepten a alguien? (...). No supe la razón por la cual no fue aceptada”, señaló.
Vale la pena mencionar que, de acuerdo con la estructura orgánica del SEA, Francisco Javier Mariscal Magdaleno, actual presidente del CEPC, debe encargarse también del CCE. No obstante, el resto de integrantes que intervinieron en el rechazo de esa terna, fueron los titulares de: la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción, la Contraloría del Poder Judicial estatal, el Itaipue, así como la de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la magistrada presidenta de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, que en ese entonces todavía no era ocupada por Hanan Zehenny.
NECESARIA LA CERTIDUMBRE EN CUATRO PERFILES MÁS
Si bien la Secretaría Ejecutiva es la única que permanece sin titular, hay cuatro lugares más que siguen sin ser atendidos formalmente tanto en el CCE, como en el mismo CEPC.
En el caso del primero, faltan el titular de la ASE y un representante del Consejo de la Judicatura del Estado. Si bien el auditor suplente, Rubén de la Fuente Vélez, asumió ese cargo, el mismo será temporal hasta que el Poder Legislativo defina un nuevo encargado de ese organismo. Respecto a la segunda vacante, debe ser el Poder Judicial quien defina a su nuevo comisionista ante el SEA, mientras tanto el lugar seguirá vacío.
Por su parte, el CEPC enfrenta también escasez de comisionados, pues de acuerdo con la ley, ese cuerpo colegiado debe conformarse por cinco integrantes, no obstante, actualmente sólo son tres. Además, será en noviembre cuando su titular, Mariscal Magdaleno, culmine su periodo al interior de dicho comité. En ese sentido, de no actuar cuanto antes, pueden quedar solamente dos comisionados, es decir, se perdería la mayoría.
“Esperemos que esa convocatoria salga pronto, nos gustaría estar completos (...), porque nada más somos tres y nuestras almas, nosotros no tenemos burocracia abajo. Aquí cada uno se encarga de lo suyo, sí nos hacen falta esas dos personas”, consignó Alejandro Guillén.
¿QUIÉN DEBE NOMBRARLOS?
La asignación con mayor prioridad, es la de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva. En ese tenor, Guillén Reyes comentó que es facultad irrevocable del CEPC volver a emitir otra terna en la cual se establezcan los prospectos para asumir esa posición y ésta debe ser aprobada o rechazada por el CCE.
En ese sentido, tras cuestionarle acerca de cuándo se llevará a cabo este procedimiento, el comisionado sólo dijo que en este momento “no es conveniente” su elaboración, pues aseguró que aún quedan rezagos del conflicto de 2020. Además, insistió en que “el sistema está funcionando”, con Bustamante Abdala como encargada de despacho.
“En cuanto nosotros tengamos ya un ambiente más propicio para realizar la convocatoria (...), en el [Comité de Participación Ciudadana] estamos en la mejor disposición de presentar una terna, pero estamos esperando que se bajé la temperatura (...). Estamos viendo que las cosas vayan regresando a su nivel y que vayan fluyendo, ahorita desgastarse en sacar una nueva terna, no lo veo conveniente”, precisó.
Por otra parte, respecto a los cargos pendientes del CEPC y de la misma ASE, el Congreso del Estado es la única entidad que puede convocar al procedimiento necesario para elegir a los nuevos perfiles. En el caso específico del primero, debe hacerse mediante la conformación de una comisión de selección integrada por cinco personas pertenecientes a la Academia y cuatro más de la sociedad civil. No obstante, el órgano legislativo no ha iniciado el procedimiento necesario todavía.
FALTA TRANSPARENCIA
En otro orden de ideas, si bien se sabe que el CCE sí ha sesionado en 2022, ni las resoluciones ni las versiones estenográficas de las mismas se han difundido en el portal institucional.
De acuerdo con una revisión al sitio del SEA, se constató que el último registro de información disponible corresponde a la última sesión extraordinaria del 2021, misma que se celebró el pasado 22 de octubre. Desde entonces, ninguna otra actividad pública ha sido difundida por la institución. Lo mismo ocurre con sus canales de difusión en redes sociales.
En ese tenor, Guillén Reyes criticó que no exista una metodología para hacer de carácter público todas las sesiones de trabajo de los órganos del SEA: “Hemos pedido en el CEPC que las sesiones sean públicas (...), [pero] eso es algo que no se ha aprobado”.
Quien se sumó a ese pronunciamiento fue María del Carmen Leyva Báthory, expresidenta del CEPC. A través de una entrevista telefónica con esta casa editorial, externó su preocupación ante la escasa publicidad que se le da a los resultados de trabajo de esa institución.
“Es muy importante la participación de los ciudadanos (...), la transparencia es una forma de vida (...), tenemos que dejar que las personas accedan al trabajo y lo puedan evaluar”, concluyó.
