El gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, pidió al rector de la máxima casa de estudios, Alfonso Esparza Ortiz, no utilizar “sofismas mal planeados” y hablar con la verdad para dejar de confundir a la comunidad estudiantil y a la opinión pública. Esto luego de que luego de que el Consejo Universitario de la BUAP le brindara su respaldo por supuestamente recibir ataques y registrar persecución política en su contra.
En su habitual conferencia matutina, Luis Miguel Barbosa Huerta, mencionó que su administración no persigue políticamente al rector, Alfonso Esparza Ortiz, pero que tampoco permitirá la impunidad ni el ocultamiento de delitos cometidos por servidores públicos. Agregó que su gobierno está basado en los principios y valores del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no solapará la impunidad, como la cometida por un grupo de personajes de la universidad.
“Quiero inevitablemente referirme a los dichos del rector esparza, pero esto tiene contexto, miren, en Puebla y puedo decir que, en el país, por siempre la impunidad fue la regla y el ocultamiento de los delitos cometidos por servidores públicos en colusión con particulares fue la regla (…) De ahí se formó un esquema de beneficiarios de varios niveles, prestanombres, y en Puebla todavía saben quien es prestanombres de cada gobernador y los hijos de los gobernadores se enriquecieron, manejaron empresas de aviones e hicieron lo que quisieron”, declaró.
En su opinión, la autonomía universitaria no es para defender a “un pillo” que se beneficia con el patrimonio de la BUAP y con esto, dijo que anteriormente las administraciones estatales ocultaban los delitos cometidos por servidores públicos y que se formaron generaciones de millonarios desde el servicio público. Además, que la relación de anteriores gobernadores con los rectores era de negocios, estafas maestras, e hicieron de la universidad un lugar de beneficios particulares.
Para finalizar, comentó que las investigaciones que se le hacen al rector y a un grupo de beneficiarios derivan de su presunta responsabilidad en la comisión de delitos patrimoniales en agravio de la universidad, por lo que no es un atentado contra la autonomía de la institución. Añadió que estas indagatorias también son por lavado de dinero por más de mil millones de pesos.
“Las pruebas ya están en la Fiscalía General del Estado y él sabe que ahí están (…) ahora quiere buscar impunidad política allá arriba y no, que hable con la verdad. Anda difundiendo que no le van a hacer nada porque de arriba lo van a ayudar y le van a solucionar todos sus problemas delincuenciales y no es así”, concluyó.
