Durante los últimos seis años en Puebla se registró un incremento en los casos de corrupción de más de cuatro puntos porcentuales, el aumento constante se demostró al pasar de 11.1 por ciento en 2013 a 15.7 por ciento en 2019.
Además, 80 por ciento de las personas que fueron víctimas de algún acto de corrupción prefirió no denunciar el agravio tras considerar que las autoridades no les darían seguimiento a sus casos, o por calificar las demandas como una pérdida de tiempo.
En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que en la entidad poblana los trámites en que los ciudadanos mencionaron ser víctimas de más casos de corrupción fue en los que se tuvo contacto con autoridades de seguridad pública (59.2%); en oficinas de gestión de permisos de propiedad (25%) y en Ministerios Públicos (24.8%).
Cabe destacar que indicador de prevalencia de la corrupción del INEGI demostró que todo ell país mantuvo una tendencia creciente en el conteo de casos ya que sólo San Luis Potosí, Tlaxcala, Baja California, Michoacán, Chihuahua, Tabasco y Zacatecas lograron disminuir su incidencia durante los últimos seis años.
A pesar de que Puebla cuenta con mecanismos anticorrupción desde 2010, el Inegi demostró que 69.6 por ciento de los municipios en la entidad cuentan con planes para combatir dicho problema, además de que 7.8 por ciento de ellos no otorgó la información necesaria para comprobar sus trabajos en la materia.
Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCING) 2019, 89.5 por ciento de los entrevistados en Puebla consideró que los actos de corrupción en el estado eran muy frecuentes, así como 91.3 por ciento señaló a los elementos de seguridad pública como los perpetradores.
Igualmente se destacó que el porcentaje de empresas víctimas de corrupción aumentó 1.8 puntos en todas las unidades económicas, con mayor incidencia en el sector de la industria y de servicios, a la vez que el costo por actos de corrupción que experimentaron las personas al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, ascendió a 12 mil 770 millones de pesos a nivel federal, lo que significó 3 mil 822 pesos por cada uno de los afectados.