Además de trasladarse en unidades viejas y descuidadas, los usuarios del transporte público en Puebla viajan con temor de convertirse en víctimas de la delincuencia pues tan solo en los nueve meses de este año se registró la cifra más alta desde hace seis años, cuando el gobierno federal empezó a hacer público el dato.

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En la entidad poblana, de enero a septiembre de 2024, se documentaron mil 053 robos en transporte colectivo, 235.3 por ciento más alta desde 2018, cuando se documentaron 314 robos en todo el año.

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A esto se suma que en el tercer trimestre de este año, en la ciudad de Puebla, el 86.6 por ciento de las y los poblanos encuestados, es decir, un millón 261 mil 798 personas, manifestaron que el transporte colectivo es el espacio público en donde se sienten más inseguros.

Ante ese panorama, especialistas en materia de movilidad consideraron que tanto autoridades estatales y municipales como concesionarios son los responsables de garantizar la seguridad al interior de camiones y combis.

Desde su perspectiva, hasta el momento han sido incapaces de coordinarse y poner en marcha una estrategia de seguridad, donde los delincuentes sean los únicos beneficiados de este vacío.

Usuarios viajan en incertidumbre

Muchos usuarios del transporte colectivo sienten indignación e inconformidad al no recibir la vigilancia suficiente para garantizar su seguridad diariamente, especialmente porque es una promesa manifestada desde 2019, señaló Rodrigo Tenorio, presidente del Consejo Ciudadano de Movilidad de Puebla.

Desde su perspectiva, existen debilidades de las autoridades estatales y municipales en el cuidado de las personas que diariamente viajan en camiones o combis. La principal es la falta de operativos en unidades del transporte, principalmente en zonas consideradas focos rojos.

Si bien se emprenden campañas de seguridad en camiones y combis en periodos específicos como diciembre y enero, en lo que resta del año no se intensifica la vigilancia dentro del transporte colectivo, situación que ha sido insuficiente para inhibir los delitos.

Para Tenorio, quien también es maestro en Hábitat y Equidad Territorial por la Universidad Iberoamericana Puebla, la falta de operativos de seguridad es evidente. A esto se suman otros elementos como calles con poca o nula iluminación, vialidades sin pavimentar, que vuelven más atractivas las zonas para delinquir.

Cualquier persona que viaja en transporte público puede notar que hay zonas más descuidadas, solitarias, donde los robos se cometen con mayor frecuencia, ahí se nota la ausencia de la autoridad (…) cuando se denuncia un robo, la autoridad tarda en llegar más de 30 minutos, ahí también se ve la ausencia indicó.

El vocero del Consejo Ciudadano de Movilidad de Puebla agregó que a esto se le suma el exceso de velocidad que conducen los choferes, que provoca intranquilidad entre los usuarios durante su trayecto.

La realidad es que muchos operadores exceden el límite de velocidad, se pasa un alto, aceleran de manera brusca, las carreritas también generan inseguridad porque no están haciendo un trayecto seguro para el usuario, obviamente pone a las personas en una condición de nerviosismo y miedo señaló.

Cuatro robos diarios en transporte público

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de 2024 se iniciaron mil 053 carpetas de investigación por robo en transporte público, es decir, 3.8 casos por día hasta ese momento.

La cifra es 235.3 por ciento mayor en contraste con los 314 robos de todo 2018, cuando el gobierno federal empezó a hacer pública la cifra. Eso significa que este año será el de mayor reporte de atracos en unidades de transporte colectivo, desde hace seis años.

El comportamiento histórico ha sido de la siguiente manera, en 2019 se documentaron 394 hurtos de este tipo; en 2020, año marcado por el coronavirus, cayó a 206; en 2021, la cifra se elevó a 431; en 2022, cuando se decretó el fin de la pandemia, se reportaron 489; mientras que en 2023 la cifra ascendió a 972.

Gobierno y concesionarios obligados a brindar seguridad

A decir de Óscar Zaragoza, activista en la materia, garantizar seguridad a todos los usuarios del transporte público le corresponde a los dos niveles de gobierno, estatal y municipal, así como a dueños de las unidades, por lo que consideró necesario instruir una política de colaboración efectiva entre estos entes.

En este sentido señaló que las autoridades deben obligar a los representantes legales de las unidades a que cumplan con mecanismos de seguridad, desde cámaras de videovigilancia, botones de pánico, así como un sistema de geolocalización.

Es un tema de corresponsabilidad, ambas partes tienen un tema que atender desde sus trincheras (…) Las autoridades tienen un tema de voluntad política y encontrar los mecanismos para acercarse y exigir a los concesionarios brindar un mejor servicio a la ciudadanía precisó.

Zaragoza hizo hincapié en que existe información sobre la eficiencia de las cámaras y botones de pánico para reducir los robos al transporte público; sin embargo, dijo que debe ir de la mano con otros mecanismos de seguridad como un sistema de geolocalización para un monitoreo en tiempo real de la ruta.

Creo que las cámaras y botones disuaden, permiten evidenciar; el tema es que la autoridad debe exigir a los transportistas que las coloquen, eso es lo que hace falta apuntó.

A esta postura se sumó Rodrigo Tenorio, quien dijo que es indispensable que las cámaras y botones se coloquen en todas las unidades, pero apuntó que debe ser una acción coordinada con todos los actores involucrados para empezar a resolver el problema.

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Las dependencias y los concesionarios son responsables, el transporte público, así como la ciudad es tema de todos (…) Aquí lo que falta es voluntad de las partes para resolver estos problemas finalizó.