Durante 2020, 49 denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) por presuntos delitos electorales cometidos en el estado de Puebla.
El informe de la dependencia, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), indica que de enero a diciembre pasado se abrieron 10 carpetas de investigación, de las cuales tres están relacionadas con el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, es decir con la comisión de un delito electoral por parte de personas servidoras públicas.
En ese periodo solo obtuvo una vinculación a proceso, relacionada con mal uso del material electoral, proporcionar apoyo en horario laboral y alterar el Registro Federal de Electores.
Durante diciembre pasado, la Fepade inició una carpeta de investigación, pero en todo 2020 judicializó cinco expedientes, lo que representó el 6.3 por ciento del total en el país.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales recibió 12 llamadas en el Sistema de Atención Ciudadana FEDETEL y 37 correos en FEDENET provenientes de Puebla, aunque este número de denuncias son mínimas comparado con las recibidas por presuntos delitos cometidos en Ciudad de México (242 correos), Hidalgo (251) y Estado de México (80).
Según el informe, la Fepade se encarga de prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar las libertades del voto y generar seguridad, certeza jurídica y paz social en los procesos comiciales del país. En conjunto con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) vela por el desarrollo electoral, además de que está dotada de autonomía técnica y operativa.
En 2019, derivado de la elección extraordinaria de la gubernatura que ganó Luis Miguel Barbosa Huerta, el estado de Puebla concentró el mayor número de denuncias, con 45.
En septiembre de 2018, luego de la polémica elección de julio, la Fepade informó que recibió 500 denuncias de tipo penal electoral provenientes de Puebla, colocándose en tercer lugar nacional en incidencia de delitos electorales, pues se reportó la compra y coacción del voto, apoderamiento de material electoral y violencia durante la jornada comicial.