Los puestos de Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y de rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) sobrepasan actualmente la compensación mensual que se establecería para el Gobernador de Puebla de 85 mil pesos máximo, si se aprueba la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
De acuerdo con información del portal de transparencia del Gobierno del Estado, el mandatario estatal, Antonio Gali Fayad, tiene un salario mensual neto de 94 mil 924.78 pesos, apenas 9 mil 924.78 pesos más de lo que pretende ser establecido en la iniciativa de Ley que esta semana presentó el Partido del Trabajo (PT), a través del diputado José Juan Espinosa Torres.
Sin embargo, el Magistrado Presidente del TSJE, Héctor Sánchez Sánchez, cuenta con una remuneración de 133 mil 132.58 pesos máximo por mes, 48 mil 132.58 pesos más de lo que se propone, mientras que un Magistrado percibe un salario neto de 75 mil 497.62 pesos, 9 mil 502.38 pesos menos.
Con esta propuesta ingresada por la bancada del PT ningún funcionario público en el estado podrá ganar más que el Gobernador del Estado, a quien quieren fijarle un ingreso máximo de 85 mil pesos, como parte del proyecto de austeridad republicana que impulsa la administración de Andrés Manuel López Obrador, que entrará en funciones el próximo 1 de diciembre.
Por otro lado, el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, sería el funcionario público que tendría una remuneración mensual de 2 mil 975.13 pesos arriba del tope establecido en caso de aprobarse a normativa, ya que el ingreso de este personaje por prestar sus servicios en la benemérita institución es de 87 mil 945.13 pesos.
Por otro lado, de acuerdo con información del portal de transparencia del Gobierno de Puebla, la percepción neta de los Secretarios de Estado es de 59 mil 744.83 pesos, es decir, 25 mil 255.17 pesos menos de lo que la Ley propone.
Sin embargo, el mes pasado, el diputado de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, presentó la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana que consiste en que ningún funcionario de Gobierno pueda ganar más de 25 unidades de medida por día (UMA), lo equivalente a 61 mil 289.58 pesos mensuales, y eso incluiría al mandatario estatal, a los legisladores y a los miembros del Tribunal Superior de Justicia del Estado.