La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió temporalmente a María Isabel Lugo Chávez como secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, y ordenó la designación de un delegado provisional en dicha área.
Lo anterior se desprende de la queja que el exdelegado con funciones de dirigente estatal de Morena, Mario Bracamonte González presentó en contra por presuntas faltas a los documentos básicos del partido, agravio, intereses y patrimonio, pues abusando de su cargo habría utilizado o distraído recursos del financiamiento para actividades ordinarias.
Según la denuncia, Lugo Chávez se ostentó como representante y comisionada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) exigiéndole al delegado Mario Bracamonte y al delegado en funciones de secretario de Organización, la entrega material y jurídica de los bienes y administración del partido mediante un escrito, sin tener facultades para ello.
Además, la secretaria omitió solicitar el pago de pensiones rentísticas por inmuebles que se ubican en Acatlán de Osorio, Ajalpan, San Martín Texmelucan, Tepeaca, Ciudad Serdán, Zacatlán y San Pedro Cholula; no hizo las gestiones respectivas, y por dicha negligencia se recibieron quejas, incluso ante el gobierno estatal y amenazas de demandas ante tribunales.
A la titular de la Secretaría de Finanzas se le acusa de incurrir en conductas negligentes y sancionables con graves implicaciones económicas para Morena en Puebla, entre las que se encuentran las de rendir cuentas e información al Instituto Nacional Electoral (INE).
ABREN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Por lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia admitió la queja e inició el procedimiento sancionador ordinario bajo el expediente CNHJ-PUE-285-2020, y determinó procedente la adopción de medidas cautelares para separar del cargo a la secretaria.
Ordenó al CEN de Morena la designación provisional de un delegado para que ocupe temporalmente la Secretaría de Finanzas del Comité Estatal, con el fin de cumplir con las obligaciones jurídicas y pecuniarias que haya contraído, así como evitar que el instituto político caiga en morosidad y conductas ilícitas en materia de fiscalización.
María Isabel Lugo deberá rendir su contestación dentro del plazo de 5 días hábiles, es decir del 19 al 25 de junio de este año, de lo contrario perderá su derecho de hacerlo.