Un total de 50 denuncias por actos anticipados de campaña y violencia política de género son analizados por el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) para determinar si procede la imposición de sanciones, así lo informó la magistrada presidenta, Idamis Pastor Betancourt.
En entrevista, la magistrada precisó que el Tribunal Electoral acumula 30 denuncias en contra de las y los aspirantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Puebla por presuntos actos anticipados de campaña, promovidas por el Partido Acción Nacional (PAN) y ciudadanos inconformes.
En este sentido, detalló que el Instituto Electoral del Estado (IEE) ha remitido 30 expedientes relacionados con la colocación de anuncios espectaculares y pinta de bardas en las que se promueve la imagen de las y los morenistas que buscan la candidatura al gobierno de Puebla.
%20emprender%20una%20investigaci%C3%B3n%20en%20contra%20de%20Alejandro%20Armenta.jpeg "El Tribunal Federal rechazó ordenar al Instituto Electoral del Estado (IEE) emprender una investigación en contra de Alejandro Armenta.jpeg")
En caso de que las faltas sean acreditadas, la magistrada precisó que los denunciados podrían ser sancionados conforme al catálogo electoral, mismo que contempla desde amonestaciones públicas hasta impedimento para participar en las elecciones del 2024.
No hay que olvidar que el dirigente municipal del PAN en Puebla, Jesús Zaldívar Benavides, acusó que las aspirantes de Morena a la gubernatura habrían gastado alrededor de 240 millones de pesos en espectaculares, bardas y entrevistas simuladas para promocionarse, por lo que presentaron denuncias ante el órgano electoral local.
Sobre los casos de violencia política de género, Idamis Pastor precisó que cuentan con 20 procesos pendientes de resolver, toda vez que el TEEP ha resuelto seis procedimientos sancionadores en contra de quienes incurrieron en actos relacionados con este delito.
Agregó que la mayoría de los casos son presentados por regidoras en contra de presidentes municipales por la presunta retención de sueldos, así como impedir el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, la magistrada presidenta dejó claro que las sanciones aplicables van desde una amonestación pública y el pago de los salarios caídos hasta el rechazo del registro para contender por un cargo de elección popular.
