En las primeras 18 propuestas de reforma presentadas por los integrantes de la LXII Legislatura, resaltan los temas de género. Entre los asuntos está la intención de Movimiento Ciudadano (MC), para considerar como delito autónomo la violencia vicaria, y la “licencia menstrual”, para que estudiantes puedan ausentarse cuando los dolores menstruales sean en grado incapacitante.
En lo que respecta al primer asunto mencionado, la emecista Fedrha Isabel Suriano Corrales, busca modificar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Civil y el Código Penal.
Con ello, se buscaría castigar con tres a diez años de prisión, a las personas que cometan este tipo de agresión, que será interpretada de la siguiente forma:
“Cualquier acto u omisión que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se dirige contra las hijas y/o hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que se tenga o se haya tenido relación de matrimonio o concubinato; o mantenga o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora; lo anterior aplica incluso cuando no se cohabite en el mismo domicilio”.
Fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, y la Comisión de Igualdad de Género, para su análisis.
Posteriormente, el PAN presentó una iniciativa para que las alumnas puedan ausentarse si están diagnosticadas con endometriosis, dismenorrea primaria, secundaria o en grado incapacitante, que se refiere a dolores menstruales que impiden la realización de actividades cotidianas.
En su lugar, se propone que las estudiantes puedan conectarse virtualmente a la clase o realizar actividades en su casa. Además, lo anterior deberá ser certificado por un ginecólogo o ginecóloga acreditada.
Todas las propuestas de reformas o leyes siguen el mismo procedimiento al interior del Congreso local. Son recibidas por la Mesa Directiva y turnadas a las comisiones correspondientes. En el órgano legislativo se analizan y pueden hacerse modificaciones.
Cuando el dictamen está listo se envía al pleno integrado por los 41 diputados locales de los diferentes grupos parlamentarios, y se somete a votación, donde puede ser aprobado o rechazado.
En caso de que el proyecto obtenga luz verde, el último paso corresponde a la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado (POE) para su entrada en vigor.