Más de seis décadas en lucha, enfrentamientos sociales, persecución institucional y hasta la criminalización de sus habitantes, han sido los sacrificios que el pueblo de Tlatenco ha dado a cambio de la defensa del manantial Huilango, su principal fuente de abastecimiento de agua. Aunque recientemente fueron absueltos de delitos federales, tras ser denunciados injustamente, sus pobladores enfrentan su batalla más ardua, pues el manantial es incapaz de aumentar su cauce, y se secará en un tiempo no muy lejano. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) lo sabe, pero ha sido omisa en informar al respecto, avivando la incertidumbre de la gente sobre el futuro y bienestar para sus familias.

Esta convicción de generaciones enteras no ha sido en vano. En 1953, el expresidente mexicano, Adolfo Ruíz Cortines, concedió al pueblo de San Antonio Tlatenco, junta auxiliar de Chiautzingo, un título de legalización que ampara el aprovechamiento del Huilango hasta que éste vierta su última gota. Esto fue producto del valor y lucha de ciudadanos y ejidatarios.

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Dicha acción, sin embargo, trajo consigo varias pugnas por el control del sitio. Pobladores de otras comunidades, tanto de Chiautzingo como de San Felipe Teotlalcingo, han denunciado que el manantial les pertenece a ellos, desconociendo el contenido del decreto presidencial. En su intento por hacerse del Huilango han incluso demandado a la gente de Tlatenco.

Al menos una decena de propiedades, en su mayoría dedicadas al ganado u otras actividades industriales, como la Hacienda Mendocinas, en Chiautzingo, que es propiedad de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, se sumaron a los constantes intentos de quitarle el control del agua a ese pueblo.

Antonio Hernández Guzmán, uno de los ejidatarios más longevos, narra que, en las dos décadas pasadas, los conflictos sociales se agudizaron, al punto de que varios vecinos se organizaron para hacer frente a las amenazas de otros pueblos, instaurando puestos de vigilancia en la zona para evitar la apropiación del manantial, que se encuentra enclavado en las faldas del Iztaccíhuatl y al cual sólo se llega en un aventurado camino a pie.

“Se optó por cuidar el agua, día y noche. Se comisionaban entre 15 y 20 personas que se iban a quedar día y noche, para que (...) no se llevaran el agua, y solamente así ya teníamos el agua en el pueblo para uso doméstico”, comparte don Antonio.

Esta hostilidad, que le costó a Tlatenco la fragmentación de su sociedad, entre quienes están a favor de la lucha por la defensa del manantial y quienes no congenian con esa idea, se agudizó cuando algunos pobladores fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) en meses pasados, por el delito de despojo de aguas nacionales

No obstante, en junio pasado el ministerio público federal desestimó los cargos interpuestos contra algunos ciudadanos de Tlatenco, debido a que se consideraron infundadas las denuncias contra ellos.

La razón es que, además del decreto presidencial, la Conagua otorgó en 2021 un título de asignación al ayuntamiento de Chiautzingo, el cual lleva por folio 04PUE115819, en el que se precisó que la junta auxiliar tenía la autorización para aprovechar el líquido.

Este título de asignación, que fue otro de los logros obtenidos en colectividad, se dio a favor del ayuntamiento de Chiautzingo para que la gente de Tlatenco pudiera utilizar 6.34 litros por segundo, o bien, un volumen de 199 mil 938 metros cúbicos al año.

Pese a que alcanzar este documento ratificó los derechos de la comunidad sobre el aprovechamiento del Huilango, muchos pobladores quedaron inconformes con el resultado, pues no sólo les preocupaba la certeza por los derechos del manantial, sino que el líquido que llega hasta sus hogares se volvió insuficiente para abastecer sus necesidades.

Por ese motivo solicitaron a la Conagua en 2022 modificar las condiciones del título, o bien emprender con urgencia la búsqueda de nuevas fuentes de suministro de agua. No obstante, el pueblo de Tlatenco no ha recibido, hasta la fecha, respuesta de la dependencia.

Lejos de apaciguar a la gente, la incertidumbre que genera la ausencia de la Conagua, que más bien en la comunidad es percibida como opacidad, hace que las personas teman por el futuro, pues para nadie es secreto que el manantial disminuyó drásticamente su disponibilidad de agua.

Además de esta dramática situación, las lluvias se convirtieron en eventos esporádicos y casi utópicos, por lo que ni siquiera la captación pluvial es opción. Un ejemplo de este nerviosismo colectivo es don Demetrio Zachipa, quien en el pasado solía sembrar algunos productos, como maíz, pero que, ante la disminución de precipitaciones, dejó de hacerlo.

Para cubrir las demandas de la población creciente de Tlatenco, las autoridades auxiliares reparten el agua captada del Huilango por tandeo, es decir, a ciertas colonias les cae el líquido en ciertos días, mientras que otras permanecen en desabasto. En términos reales, cada hogar recibe agua al menos dos veces por semana, y hacerla rendir se vuelve un desafío utópico.

Opacidad de las autoridades

Ante el creciente temor de un conflicto social en Chiautzingo, precisamente por una eventual escasez hídrica, el exgobernador Miguel Barbosa Huerta convocó en septiembre de 2022 a autoridades federales, estatales y municipales, así como a los pobladores de San Antonio Tlatenco, a una reunión privada.

Al final del encuentro la Conagua y la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot) estatal se comprometieron a investigar la viabilidad de aumentar el suministro hídrico para la comunidad. Esto incluso quedó asentado en una minuta de trabajo, documento que está en poder de esta redacción.

“La población cuenta con una red hidráulica, dividida en tres líneas de conducción de agua potable, las cuales cubren las calles de mayor concentración poblacional; el suministro de agua es por tandeo (...) A cada línea le suministran 10 días de agua distribuidos en el mes, por lo que la población nos vemos en la necesidad de almacenar agua para veinte días intercalados a través de diferentes medios”, refiere el escrito.

El problema es que, según reveló el diputado local del distrito 8, con cabecera en Huejotzingo, Roberto Solís Valles, quien ha seguido de cerca el caso, la Conagua ya concluyó el estudio que ordenó el exmandatario. Y aunque los resultados arrojaron que el Huilango, lejos de mejorar, disminuirá su disponibilidad hídrica en el futuro próximo, el parlamentario desconoce los motivos por los cuales la dependencia federal no ha revelado a la población que el manantial ya no dará más agua.

“En Conagua han dicho que no es un tema de no querer aumentar los litros por segundo, es simple y sencillamente que el venero, poco a poco, en el transcurrir de los años, ya no tiene la misma capacidad de agua, y cada año se vienen teniendo problemas de sequía”, comparte.

Tras conocer dicha información, esta casa editorial realizó al menos una decena de peticiones de entrevista e información a la Conagua, tanto a su dirección local como a nivel nacional, e insistió para conocer su postura respecto al caso; también a la Smadsot se le pidió saber sobre los avances del compromiso que fijó ante la presencia del exgobernador, sin embargo, ninguna de las dos dependencias contestó los variados cuestionamientos.

Impedir la crisis

Tras la reunión de septiembre de 2022, El Sol de Puebla cuestionó a Barbosa Huerta sobre su participación en la mediación del conflicto, a lo que respondió: “Yo pude haber dicho que no me meto porque es un asunto federal, porque todos los temas de agua son de la Conagua, pero, ¿si se matan ahí? Ahí sí hay un enfrentamiento. No, no. Me metí y me [volvería] a meter, ya estoy dentro pues”.

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Este encuentro representó para los ciudadanos de Tlatenco una enorme dosis de esperanza, pues un gobernador finalmente los escuchó y, además, ordenó a su gabinete emprender un análisis exhaustivo para evaluar la viabilidad de encontrar más fuentes de agua en la zona. A la Conagua le recomendó hacer lo mismo.

La abogada Gloria Gómez Moreno, representante legal de los intereses del ejido ante la Conagua, explica que Barbosa Huerta pidió a los ciudadanos dirigir un escrito a la Conagua para sustentar su necesidad de contar con más agua para cubrir sus necesidades básicas. Aunque no existe una obligación legal para hacerlo, la dependencia federal asintió al exgobernador que atendería el escrito de los ciudadanos.

“A nosotros, como pueblo, nos ordena que hagamos una solicitud, justificando la necesidad de agua, que ya la hicimos ante Conagua y la Secretaría de Medio Ambiente”, señala.

De forma casi inmediata, los ejidatarios entregaron el documento a la dependencia, cumpliendo con el compromiso que hicieron con el exmandatario. No obstante, los habitantes de esa comunidad jamás recibieron la respuesta de la Conagua.

El diputado Solís Valles, quien es originario de Chiautzingo, sostiene que la Conagua ya cuenta con el dictamen del estudio, según sabe por fuentes federales. Aunque se reserva algunos detalles del informe, el parlamentario insiste en que la resolución del organismo fue determinante en decir que el Huilango es incapaz de aumentar su cauce, es decir, ya no puede dar más agua.

“Ya hay estudios de Conagua [señalan] que no se les pueden incrementar los litros por segundo (...) La resolución fue que el venero (el Huilango) ya no contaba con las condiciones y eso fue un diagnóstico de la misma Conagua”, señala Solís Valles.

Desde su perspectiva, las autoridades de los tres niveles de gobierno, principalmente la federal, a través de la Conagua, están incurriendo en un acto de irresponsabilidad al no informar al pueblo de Tlatenco sobre las condiciones reales en las que está el manantial.

“Lo que ha faltado por parte de los gobiernos en su conjunto, estatal, federal y municipal, ha sido buscar alternativas y comunicar correctamente, para sensibilizar a la población de que ya se acabó el venero, y de dar una información muy clara de cuántos años le quedan; del por qué ellos les dan esos litros por segundo y también dar la opción de que, mientras se termina (el agua), cómo se va a dotar de agua en esa junta auxiliar, que es la más grande del municipio”, defiende el legislador poblano.

Solís Valles precisa que, aunque se trata de una lucha legítima, los alcances del Congreso de Puebla son limitados, especialmente por la fragilidad social de la comunidad. También enfatiza que la responsabilidad de decir la verdad la tiene la Conagua

También el legislador sostiene que la defensa del agua es un tema delicado que ha sido utilizado para politizar y dividir a la población, especialmente por quienes han querido ocupar cargos públicos en Chiautzingo y la propia junta auxiliar.

Por otro lado, no se debe perder de vista la responsabilidad que la Smadsot tiene en el conflicto.

En la minuta de trabajo de la reunión con Barbosa la dependencia a cargo de Beatriz Manrique Guevara se comprometió a instalar una mesa técnica para dar seguimiento a los acuerdos fijados por las autoridades federales y municipales, así como los ejidatarios.

No obstante, al cuestionar a la dependencia sobre los avances en el cumplimiento de dicho acuerdo la misma evadió ofrecer una respuesta.

Un pueblo criminalizado

Sofía, de seis años de edad –y a quien, por seguridad, en esta pieza editorial se le modificó el nombre real–, nació y vive en San Antonio Tlatenco. Su madre, Lupita, y su abuela, Irma, fueron algunas de las pobladoras denunciadas por diversas autoridades en 2022, por presuntamente haber “cometido actos vandálicos” contra la sede de la junta auxiliar.

La menor, que a su corta edad conoce la importancia del Huilango para que persista la vida en su comunidad, sabe perfectamente bien que su familia es señalada por las autoridades ministeriales. Además, es consciente de que, en cualquier momento, pueden ser incluso encarcelados, aunque para ella no sean criminales.

A su madre y a su abuela las denunciaron por haber supuestamente participado en la toma de las oficinas de la junta auxiliar de Tlatenco en mayo del año pasado. Lo anterior, luego de que el edil subalterno, presuntamente, pactó con otros pueblos la repartición del agua del Huilango, situación que hasta el momento ha sido negada por las autoridades locales.

Por las venas de Sofía corre sangre valiente y audaz. Su abuelo también fue perseguido por la FGR, pero por el delito de despojo de aguas nacionales. No obstante, dichas denuncias fueron improcedentes y nunca lo detuvieron.

Sofía obtuvo la valentía esencialmente de las mujeres de su familia. Irma Romero, abuela de la pequeña, defiende que a sus hijas e hijos les enseñó a no permitir que el agua, que es considerada en valor casi igual al oro, les sea arrebatada injustamente.

“Vamos a salir en la lucha a toda costa. Yo inculqué a mis hijos que a ellos como jóvenes les corresponde luchar por el agua; nuestros abuelos ya lo hicieron, nuestros padres, ya lucharon por esta situación que ha estado viviendo mi comunidad (...) Luchamos por lo que le corresponde al pueblo”, remarca.

Aunque confiesa que la denuncia que recibieron ella y su familia les ha provocado ser objeto de críticas y algunos señalamientos, sostiene que sólo el destino les dará la razón. Pese a que muchos no comparten su “necedad” por defender el derecho al agua, Irma argumenta que la batalla también es por ellos, pues, aunque no lo reconozcan, el líquido que siguen recibiendo en sus hogares es gracias a esa pugna que ha corrido por años.

Una carga heredada

Para los pobladores de Tlatenco no es nuevo luchar aun a contracorriente, que en este caso es con diversas denuncias en su contra. El obstáculo más reciente, como ya se mencionó, fue la querella que se interpuso en meses pasados ante la FGR.

No obstante, aunque siempre la defensa de los ejidatarios ha detenido las acciones legales, es importante no perder de vista el origen de todas estas denuncias.

Ninguno de los ciudadanos que hoy pelea la defensa del manantial es culpable de la persecución institucional emprendida en su contra, pues más bien la historia les responsabilizó de una obra realizada en 2003 por el exalcalde de Chiautzingo, José Porfirio Grano Ramos, que es en realidad el mecanismo con el que hoy obtienen su agua.

Esta construcción, que lleva por nombre Línea de Conducción de Agua Potable de Huilango y que consiste en un sistema de canaletas y cajas rompedoras del líquido por las cuales desciende el agua del manantial y posteriormente la suministra a los hogares, se erigió, según autoridades federales, en algunas irregularidades.

Este peculiar sistema de captación y administración de agua es el que ayuda a que cientos de familias accedan al líquido todos los días. Sin esta obra, el pueblo quedaría paralizado, pues no hay otra forma de obtener este servicio de forma asequible.

Pese a la importancia vital del proyecto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lo clausuró en 2017, es decir, 14 años después de su implementación.

La justificación de la autoridad fue que el entubamiento del manantial contravino la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Además, según compartió la Profepa a El Sol de Puebla, el ayuntamiento del alcalde Grano Ramos no presentó su evaluación de impacto ambiental, toda vez que la obra se construyó en un Área Natural Protegida (ANP).

Para la abogada Gómez Moreno resulta sorpresivo que la autoridad federal haya clausurado el lugar más de una década después de su construcción, especialmente porque, cuando se efectuó la sanción, los conflictos con el resto de pueblos por la posesión del Huilango registraron su momento más álgido.

Pese a ello, la jurista intenta convencerse a ella y al resto de pobladores que la obra hecha en 2003 es legal. Asegura que las omisiones que, en su momento, otras autoridades pudieron haber ocasionado, no deberían ser pagadas por la ciudadanía hoy en día.

Y es que para los pobladores de Tlatenco resulta naturalmente injusto que el gobierno federal argumente que la obra es irregular, pues, desde su punto de vista, el exedil sólo agilizó la solución a las históricas demandas de la población.

De acuerdo con archivos documentales, en 2003, el alcalde Grano Ramos interpuso una serie de solicitudes, en donde se compartieron diversos estudios, así como un dictamen de factibilidad de la obra, esto para sustentar la pertinencia del proyecto. Estos los dirigieron a la Conagua y al gobierno estatal, pero la única autoridad que dio luz verde fue la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue). Aun así, el ayuntamiento construyó la obra, sin imaginar los problemas que traería a sus habitantes en el futuro.

Según la Profepa, el sello de clausura sigue vigente, pero el pueblo de Tlatenco defiende que no hay fundamento para que siga existiendo, pues ya la propia autoridad federal, en este caso la FGR, determinó que no es ilegal. Por lo tanto, asumen tener el derecho de seguir utilizando la obra para suministrar el agua, sin tener que ser criminalizados.

Ruptura social

La dinámica social en este lugar, que conserva sus tradiciones y folclor, se ha modificado en los últimos años, precisamente debido a la defensa que gira en torno al manantial Huilango. Para algunos, la lucha no es más que un instrumento político, mientras que para otros es la batalla de sus vidas, en la que, además, se enfrentan a la apatía de sus vecinos.

La señora María Tomasa Pérez Macedo señala que uno de los sacrificios que más le ha costado dar para mantenerse firme en la lucha es el distanciamiento con algunas de sus vecinas y vecinos, pues con ellos convivió toda su vida.

Aunque el hecho de alejarse de amistades, que creía serían para toda la vida, le ha dolido, prevalecer consistente es su batalla ha sido lo más valioso y restaurador para ella.

No sólo porque la propia lucha se ha convertido en un espacio de acompañamiento, hermandad, apoyo y fortaleza colectiva, en el que se ha reencontrado con otros pobladores que, al igual que ella, están dispuestos a pelear hasta el último aliento, sino porque esta cruzada la hace siempre pensando en su familia, que es lo más importante para ella.

“Hay que unirnos y trabajar para que traigamos toda el agua para llevar a casa (...) muchas familias se dejaron de hablar, y pues se siente triste”, comenta.

La división social se agudizó en el primer trimestre de 2022, cuando ejidatarios firmes en la defensa del Huilango acusaron al edil subalterno de Tlatenco, Néstor Medina, de incumplir con la repartición acordada del agua a la población.

Tras semanas de confrontación y diálogos fallidos, los ciudadanos simpatizantes con la lucha se apoderaron de la presidencia auxiliar y, a través de un procedimiento acuñado como derecho constitucional de usos y costumbres, destituyeron a Medina.

Así, tras quedar cerrada la oficina de esa autoridad local, algunos pobladores acusaron que la inoperancia del gobierno subalterno afectaba la gestión de algunos servicios públicos.

Desde ese momento, se establecieron dos grupos, quienes apoyaron a las autoridades municipales y auxiliares, y quienes se quedaron del lado de los ejidatarios y el cuidado del manantial.

Andrea Alameda Castro, mujer originaria de Tlatenco, defiende que esta fragmentación social jamás debió ocurrir. Según comparte a esta casa editorial, la preservación del Huilango siempre ha sido por los hombres y mujeres del pueblo, pero, sobre todo, por sus hijos.

Al borde del quebranto, doña Andrea dice que la población siempre será más fuerte unida. Asegura que ante este contexto adverso, es fundamental que la ciudadanía vuelva a enarbolar la misma lucha, pues en el futuro, cuando el manantial se seque, todos seguirán viviendo en el mismo lugar y compartiendo espacio.

“Me gustaría que, en mis últimos tiempos de vida, el agua sea para todos, para todo el pueblo, porque todos la necesitamos, y ahora sí que, si yo me voy a beneficiar, quisiera que otros también se beneficien del agua”, expone.

La utopía perdida

La señora Andrea Alameda siempre soñó con sembrar hortalizas en su casa, tanto para uso individual como para vender los productos nacidos en esa tierra fértil y resiliente.

Cosechar alimentos como cilantro y cebolla, incluso tener cultivos de rosa, tal como otras comunidades en Chiautzingo y la región pueden tener, será quizá un sueño que nunca verá la luz.

La mujer conoce bien la realidad, el agua caerá cada vez menos hasta que no haya. Resignada, sabe que el Huilango no durará toda la vida. En estos momentos, de hecho, su consumo es altamente limitado: sólo recibe el líquido dos veces por semana y tiene prohibido utilizarlo para otros fines, como la agricultura o ganadería.

Aunque todos sus hijos emigraron hacia Estados Unidos hace varios años, ella participa en cualquier actividad que involucre exigir a las autoridades federales que no se olviden de la necesidad de Tlatenco, que es encontrar con urgencia más fuentes de agua antes de que sea demasiado tarde.

Subir los casi 20 kilómetros del camino que lleva del centro de la junta auxiliar hacia el Huilango es muestra de su convicción y lealtad a la causa. A sus casi 80 años, pelea siempre que puede, y lo hace por una razón: que sus hijos, cuando vuelvan a casa, puedan tener la certeza de que contarán con el activo natural más importante, el agua.

En su visión coincide Francisco Flores Hernández, quien a sus más de 60 años, persiste incondicional a sus ideales.

Para él, sin embargo, resulta importante que, además de que incremente el agua, exista una remediación ambiental en el sitio, pues, desde su punto de vista, de poco sirve pelear por un líquido impuro y tóxico para sus seres queridos.

Por los que vienen

Aunque el panorama es incierto, y la actitud de la autoridad, especialmente la federal, es desmoralizante para Tlatenco, pocos motivos le quedan a su pueblo para rendirse y abandonar la pugna ahora que más se requiere.

Los que iniciaron la lucha hoy son mayores, y saben que es necesario que las generaciones más jóvenes se apropien de la batalla. Aunque muchos, como doña María Tomasa o la señora Andrea Alameda, están dispuestos a morir peleando para garantizarle a su pueblo el derecho al agua por muchos años más, la realidad es que

Las voces de los más jóvenes son escuchadas con especial atención por los pobladores más longevos. Los infantes y adolescentes son conscientes del valor que tiene el agua para sus comunidades, pero, especialmente, reconocen que quienes los antecedieron jamás abandonaron la causa.

A los más pequeños, como es el caso de Sofía, nadie los subestima. Ellos son conscientes de que el manantial agoniza y que el agua no durará para siempre, no es necesario mentirles o disfrazar la realidad.

Por ello, la presencia de las infancias en el proceso es revolucionario: acompañan a sus familias, suben cada que pueden al manantial, juegan, conviven con la naturaleza y sueñan con que el agua durará para siempre.

Por otro lado, los más grandes, como Miguel González Gómez, de 20 años de edad, se alistan para tomar pronto las riendas y el liderazgo que requiere su cruzada para buscar más agua y garantizar el abastecimiento en el futuro.

La conciencia de Miguel por defender el agua comenzó cuando él tenía 12 años de edad. Su madre y abuela se involucraron en la batalla desde hace al menos una década, y desde siempre le transmitieron el valor y coraje para entregarse a la causa.

“Siento una gran admiración por mi mamá, yo desearía tener esa capacidad, esa fuerza de voluntad, porque durante 12 años ha hecho cosas increíbles, como enfrentarse a un diputado local, a un gobernador, a muchas situaciones que yo creo que cualquier persona se daría por vencido”, defiende.

Ahora, más seguro que nunca, defiende que no se quedará de brazos cruzados, y hará lo que esté en sus manos para que la juventud no sea la que apague la llama de la esperanza y convicción, que lleva encendida por siglos.

Con retrospección identifica que, de no haber sido por la lucha de sus antepasados, el manantial ya les hubiera sido arrebatado desde hace tiempo. Por eso, consciente de los logros obtenidos a raíz del compromiso y la constancia, se impulsa a sí mismo y a otros jóvenes a no desistir hasta que el agua sea un derecho y de acceso libre para todos.