"La impunidad tiene nombre y apellidos" dijo Guadalupe Pérez Rodríguez, hijo de Tomás Pérez Francisco, un campesino totonaco desaparecido desde el 1 de mayo de 1990 y que, a 33 años de su desaparición, las investigaciones de búsqueda por parte de la Comisión de Búsqueda y otras instancias como la Fiscalía poblana empezarán apenas el próximo 16 de junio, luego de enfrentar diversas batallas legales por más de tres décadas. Los expedientes han sido cerrados varias ocasiones y robados o desaparecidos otras tantas.
Acorde a lo narrado por Pérez Rodríguez, su padre participaba en la lucha por las tierras de la comunidad de La Sabana, que estaba frente a la comunidad de Ignacio Zaragoza, en este municipio Pantepec, una comunidad que luchaba por su derecho a existir y por las tierras que disputaban contra los caciques de la asociación ganadera local.
Alrededor de 1989 esa comunidad fue quemada cuando ingresó la policía judicial del estado y las guardias blancas (brazo armado de los ganaderos). Los pobladores tuvieron que huir para salvar sus vidas; los indígenas se organizaron para defender su derecho a existir y ahí es cuando se incrementa el activismo de Pérez Francisco, en esa lucha.
La última irrupción fue a principios de 1990, cuando decidieron detener a las últimas personas que estaban organizándose en el campamento ubicado en esos terrenos; en total fueron detenidas entre 40 y 50 personas, entre hombres y mujeres que fueron transportados en camiones de redilas, donde usualmente se transportaba ganado.
Esta detención ocurrió antes del mediodía, fueron golpeados y presentados hasta alrededor de la medianoche en la agencia de ministerio público ubicada en el municipio de Xicotepec de Juárez. La mayoría de los detenidos salieron libres, a excepción de los que eran reconocidos por la comunidad como sus representantes, entre los cuales se encontraba el papá del entrevistado.
Tomás fue detenido cuando regresaba de ver a su padre enfermo
Los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Puebla; mientras tanto, hubo una oleada de amenazas contra los familiares de los detenidos, lo que incluye el constante mensaje de que podrían ser asesinados.
Quizás desde que fue electo en la asamblea como representante, y en la segunda irrupción policíaca se había decidido la suerte de Tomás y la intención de asesinarlo o desaparecerlo definitivamente, a manera de escarmiento para el resto de los pobladores:
"No es lo mismo que alguien sea asesinado, que sea velado y enterrado su cuerpo a que ya no se vuelva saber más de alguien", describió, al narrar que se orquestó una campaña basada en los rumores como de que había sido enterrado vivo o que había sido arrojado al río Pantepec, lo que contribuyó a que en la población "se sembrara el terror", según este testimonio.
Hasta donde se sabe, Tomás fue detenido entre la comunidad de Amelucan e Ignacio Zaragoza, frente al rancho San Juan, en la carretera “Venía de regreso de su trabajo y ya no se supo más y que había pasado a saludar a su padre (abuelo del entrevistado), que había enfermado; cuando ya estaba de regreso montando a caballo, a menos de 10 minutos de llegar a su casa, ya lo estaban esperando sus captores”.
Al parecer hubo un forcejeo y se resistió lo más que pudo para no ser detenido. Cuando la camioneta en la que se lo llevaron transitaba por la comunidad de Ignacio Zaragoza, muy cerca de un arroyo que existía en aquel entonces en al cruzar el arroyo de la localidad, un niño alcanzó a ver cómo se lo estaban llevando. Incluso, Tomás le gritó diciéndole lo que estaba sucediendo; sus captores lo golpearon y cayó en la batea de una camioneta, misma que se dirigió hacia el rancho "Las Palmas" y ya no se supo nunca más nada de él.
La denuncia se presentó ante la agencia del ministerio público de Xicotepec de Juárez, donde no le prestaron la atención debida, sino hasta seis días después que se aceptó como “desaparición de persona”, desde entonces los familiares hicieron constar la presunción de que su detención y desaparición tenía que ver en su activismo en la defensa de esa comunidad.
"Prácticamente no ocurre nada hasta el 8 de marzo del año 2000 cuando la averiguación previa iniciada por la madre del desaparecido, María del Pilar Francisco Luis, fue archivada con el argumento de que el delito denunciado no estaba tipificado en el código penal del estado, por lo tanto, al no haber delito: no podía haber un probable delincuente y, por lo tanto, se tendría que archivar de manera definitiva por “atipicidad", declaró el entrevistado al tiempo en que especificó que ese mismo día también se cerraron otros 23 expedientes de personas desaparecidas.
El 2 de mayo de 1991, ante la naciente Comisión Nacional de Derechos Humanos, en ese entonces dirigida por Jorge Carpizo, se presentó la queja por la "Liga mexicana por la defensa de los derechos humanos", una organización radicada en la ciudad de México, iniciativa de la que ya no se concretó nada porque el expediente fue perdido.
A partir de mayo de 2021, es decir 31 años después de la desaparición, los familiares de Tomás presentaron otro escrito ante la CNDH, que se sumó al presentado ante esta instancia en 2008, para hacer del conocimiento de esa institución lo que había ocurrido: no hubo respuesta, "la intención de la CNDH era cerrar el expediente, de hecho, en 2009 nos pidieron que aceptáramos que se abriera una fosa común del panteón de Xicotepec, donde había una gran cantidad de personas sin identificar".
Aunque los familiares externaron que no había inconveniente de su parte se abriera una fosa común, sí pidieron al entonces director de Presuntos Desaparecidos, Tomás Serrano Pérez, que hubiera claridad en las líneas de investigación; previamente se les había pedido rehacer el escrito presentado para que ya no se hablará de desaparición sino de asesinato o de probable ejecución extrajudicial. Explicó que de 2008 a 2019 había sido una lucha en ese sentido, contra la versión que defendían la instancia, "sin ningún sentido".
Hay la presunción de que el entonces comandante de la policía judicial en Xicotepec pudo haber tenido alguna forma de participación en la desaparición de Tomás; el agente es identificado como Mario Romero Papaqui, apellido materno que es poco común en la región y que en el episodio en "Las Palmas" se escuchó que así llamaban a alguien.
En 2021, la familia volvió a presentar otro escrito ante la CNDH, en esta ocasión ante la “Oficina Especial para investigar la represión y desapariciones forzadas por violencia política del Estado durante el pasado reciente” donde se recibió el escrito de queja y le dio la consideración de “violaciones graves a los derechos humanos” y que dio inicio a otro caminar, que ha derivado en que la Fiscalía General del Estado de Puebla reabriera la carpeta de investigación que ya tenía archivada desde el año 2000. Para ese entonces, la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas del Estado inició el reporte de búsqueda y la Comisión de la verdad, creada por decreto presidencial en ese mismo año, también realizó sus investigaciones, por estar en el periodo que contempla su razón de ser.
Procedimiento de búsqueda será diferente
Ahora lo que buscan, es que por las características de esta desaparición se hagan procedimientos diferentes a los ya conocidos, en razón al protocolo homologado de búsqueda, porque – a su parecer – sólo ha servido para acciones protocolarias y mediáticas, de manejo político, lo que no ha resultado útil, por todo el despliegue policiaco que hacen y que eso inhibe a la población.
Incluso aprovecharon que la propia Comisión de Búsqueda no tenía experiencia en la búsqueda denominada "de larga data" propusieron la creación de un plan que permitiera incluir los "rompimientos comunitarios”, ya no solo los "rompimientos familiares", lo que suma crear un archivo de experiencias que permita ser retomada para la investigación o búsqueda en otras historias que están junto a la de Tomás o de otras personas en el país.
También pidieron que hubiera una coordinación para ya no estar de ventanilla en ventanilla, cómo les ha venido ocurriendo desde hace décadas: "pedimos una respuesta de Estado, ya no pedimos sólo la de una institución, para que el Estado en su conjunto asuma su responsabilidad", señaló durante la entrevista que duró poco más de una hora.
También han pedido reconocer la legitimidad de la lucha por la tierra y la continuidad en las causas de la defensa del territorio vinculados a los proyectos extractivistas, en diferentes demarcaciones como en Pantepec, donde hay proyectos de extracción de petróleo y que, en su experiencia de 2019, a través de la técnica prohibida de fracking.
Además de que sean enlazados desde una visión que tenga inclusión a los pueblos indígenas, reivindicación que tiene que ver con el padre del entrevistado, por ser parte del pueblo totonaco de Pantepec.
Mientras explicaba que los procesos de verdad y justicia tienen que pasar por otras racionalidades y sentimientos, detalló que en las diferentes reuniones que han sostenido con diferentes instancias afines, también buscan la reivindicación de Tomás Pérez como indígena totonaco y de ahí la invitación al Instituto de pueblos indígenas del Estado de Puebla.
Iniciativa que pretendía comenzar un plan de búsqueda desde esa perspectiva metodológica y técnica, pero que al final, según la reunión que sostuvieron el pasado 18 de mayo, ya no se realizará ese acuerdo con el argumento de que “no hay condiciones de seguridad”.
Hoy se pretende que sea solamente una consulta, sino pedir permiso a la comunidad. por lo que se buscará presentar a las autoridades locales y comunitarias las diversas intervenciones que tendrán en los procesos de búsqueda, verdad y justicia a fin de que sean partícipes para retejer los lazos comunitarios que se rompieron con la represión que vivieron en las décadas de 1970 a 1990 en su lucha por la tierra.
Retomando el tema de la causa de búsqueda de Tomás, será hasta el próximo 16 de junio cuando realmente inicie su búsqueda, que ocurre 33 años y 45 días después de que fue detenido y desaparecido forzadamente.
