En el estado de Puebla los delitos del fuero federal cometidos por servidores públicos han aumentado en los últimos cinco años, dichas faltas pueden ser el ejercicio ilícito de su trabajo, tráfico de influencias, abuso de autoridad, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, intimidación, entre otros.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas en el caso del fuero común y por la Fiscalía General de la República en el fuero federal.
Puntualmente los delitos cometidos por servidores públicos corresponden a la incidencia delictiva del fuero federal y la FGR indicó que, hasta mayo, Puebla ha registrado un total de 39 casos de este tipo. El informe no especifica el delito por el que se abrió una indagatoria, solo se menciona que pudo haber sido abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones, pago y/o recibo indebido de remuneraciones, tráfico de influencias y los antes mencionados.
De acuerdo con una revisión que hizo este medio, se pudo comprobar que el delito va al alza en la entidad, pues en el 2012 reportó 45 carpetas de investigación, en el 2013 la cifra elevó a 54, un año después sólo fueron 50.
En el 2015 fue cuando se rebasaron por primera vez las 100 querellas con un total de 101 carpetas y en el 2016 otra vez bajó con 67 indagatorias.
El año 2017 cerró con 40 indagatorias por delitos cometidos por servidores públicos, el 2018 la cifra creció con 56 y para el 2019 se disparó con 140. El año pasado bajó la cifra, pero siguió en números altos contabilizando un total de 121 indagatorias y de enero a mayo van 39 casos, es decir, que se alcanzó la cifra total que registró todo el año 2017.
Es importante señalar que, de acuerdo con el portal de la Fiscalía, su objetivo es la investigación de los delitos, el esclarecimiento de los hechos, así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas. Por tanto, al solo ser una investigación y no una sentencia, no ponen el nombre de los involucrados ni la dependencia en la que trabajaban.
Hay que mencionar que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra Administración de Justicia es la encargada de conocer e investigar los actos de corrupción de servidores públicos ajenos a la Institución.
Su encomienda es investigar actos de corrupción en el servicio público federal tipificados en el Código Penal Federal tales como: Ejercicio Abusivo de Funciones, Artículo 220; tráfico de Influencias, Artículo 221; cohecho, Artículo 222; cohecho a servidores públicos extranjeros, Artículo 222 Bis; peculado, Artículo 223; enriquecimiento Ilícito, Artículo 224. Además, de los delitos que guarden conexidad con los anteriores.
Al hablar en el entorno local la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) tiene registrados a nueve burócratas sancionados de la actual administración, siendo la Secretaría de Salud la que enlistó más casos, los funcionarios fueron inhabilitados o amonestados. Pero estos casos so diferentes a los registrados en el ámbito federal.
RECUPERAR LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS GRAN RETO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
En entrevista con este medio, Roberto I. Alonso Muñoz, coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana campus Puebla compartió que los delitos cometidos por servidores públicos fracturan la confianza de la ciudadanía con las instituciones públicas y que esto afecta en la cohesión social.
Aprovechó para compartir los datos de la última Encuesta Nacional de Cultura Cívica pues arrojó que los servidores públicos son los que menos confianza generan para los ciudadanos de más de 15 años. Las instituciones que más confianza generan son las fuerzas armadas, le siguió la Guardia Nacional, luego el INE, la Presidencia de la República, los gobiernos estatales, así como municipales.
El grupo social que más confianza tiene son los consorcios de universidades, luego los sacerdotes, los medios de comunicación, los empresarios, sindicatos y hasta el final los partidos políticos. En este punto dijo que los jueces, policías y los diputados son de los funcionarios con menos confianza.
En su opinión, esto es preocupante, ya que es importante que la ciudadanía tenga confianza de sus servidores para mejorar sus demandas y aspiraciones.
Para finalizar recordó que la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020 dice que a nivel nacional el 86.2 por ciento de la población de 15 años y más manifestó estar muy en desacuerdo de que un servidor público utilice los recursos públicos para beneficio personal y el 66.2 por ciento considera que el nivel de corrupción ha aumentado o se ha mantenido de la misma manera.
Por lo pronto el tráfico de influencias, abuso de autoridad, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y otros delitos de corrupción pareciera que seguirán entre los servidores públicos en Puebla dadas las cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
