Tras un bloqueo de seis horas en el Periférico Ecológico, Rocío Macías e integrantes del Frente Poblano de Mujeres vs Deudores Alimentarios acordaron con la Secretaría de Gobernación y con el Consejo de la Judicatura darle seguimiento al caso de la menor Luna Sofía y revisar el actuar del juez del Poder Judicial, Julio Vargas Domínguez.
La única petición por parte de las autoridades fue que se agoten las instancias correspondientes, hacer uso de las Instituciones y no de los bloqueos y que el tema “no se polarice” por ser año electoral.
Fue la mañana de este 12 de marzo cuando Rocío Macías en compañía del Frente cerraron el Periférico Ecológico a la altura de Ciudad Judicial para pedir justicia por la niña Luna Sofía y por todas las infancias que han sido violentadas por las decisiones del juez del Poder Judicial del Estado de Puebla, Julio Vargas.
Las mujeres recordaron que el juez, Julio Vargas, avaló la guarda y custodia a la ex pareja de Rocío, esto a pesar de que está acusado de un presunto abuso sexual. En suma, el secretario de acuerdos, José Sergio Eustaquio Calderón, se burla de lo sucedido e ignora las pruebas que presentan.
Rocío no es la única mujer que está pasando por esta situación. El Sol de Puebla ya había dado a conocer cinco casos de mujeres que se quejan de la misma situación y acusan a los mismos servidores judiciales de presuntas irregularidades. Incluso, este medio pidió postura, pero no se tuvo respuesta.
“Fuera Julio Vargas, fuera Eustaquio”, fue una de las consignas de las manifestantes y pidieron que el Poder Judicial las atendiera, que destituya a los servidores, que la niña, Luna Sofía, fuera resguardada por las autoridades y que se le hagan las pruebas necesarias para determinar su bienestar.
Pasaron las horas y no se llegaba a un acuerdo. El tráfico incrementó, las quejas de los automovilistas aumentaron y alrededor de las 16:00 horas comenzaron a llegar granaderos, lo que alertó a las manifestantes.
No obstante, integrantes de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) sugirieron tener una mesa de diálogo y ellas accedieron.
La manifestación terminó y se movilizaron a una área de la Secretaría de Gobernación que está al frente de Casa Aguayo. En este punto las atendió Edgar Gómez Ríos, director General de Delegaciones de Gobierno de Puebla.
El funcionario se comprometió a dar seguimiento al caso de Rocío Macías, pero dejó en claro que el asunto compete al Poder Judicial. También le hizo la promesa de acudir con ella a la Fiscalía Especializada para agotar el asunto penal.
Gómez Ríos, estuvo acompañado de su equipo de trabajo, anotó todo lo que se habló e hizo preguntas como: “¿Qué es el Centro Convivencia Familiar (CECOFAM)?, ¿en dónde está ubicado?”.
Posteriormente se unió a la mesa de diálogo la jueza María Guadalupe Muñoz, quien también es miembro del Consejo de la Judicatura. La jueza aseguró que ya se están tomando medidas en contra del juez Julio Vargas, que no las puede dar a conocer, pero que ya se está trabajando en ello.
Las autoridades lamentaron que la defensa jurídica de Rocío no estuviera presente, ya que se desconocen el estatus de su carpeta de investigación. Por ello, pidieron una nueva reunión, pero con su abogado presente, la primera será este 13 de marzo.
Minutos después, llegó Dulce María García Chávez, titular de la Dirección de Asuntos Penales, quien dio su opinión jurídica y luego de escuchar todas las voces, se llegaron a los siguientes acuerdos con Rocío Macías:
Revisar la carpeta de investigación con todos los presentes, así como su abogado y también la jueza. Rocío será asesorada jurídicamente.
Al resto de mujeres afectadas, les pidieron interponer sus quejas correspondientes al Consejo de la Judicatura en contra de los servidores del Poder Judicial y que no politicen el tema.
Todos los presentes de comprometieron a no soltar el tema hasta que la situación de las mujeres e infancias mejore.