La trata de personas se volvió el problema social más grande en contra de mujeres y niñas, las mantiene en un ciclo de violencia perpetuo, sin que puedan combatir el fondo del problema, pues tras de sí mantiene intereses políticos y económicos que suponen ser más importantes que la libertad de las víctimas, expusieron Margarita Sánchez Cruz y Marisol Flores García, académicas de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Durante la conferencia “El circuito de la trata de personas: captación, traslado, recepción o acogida”, impartida en la casa de estudios, Sánchez Cruz expuso que este problema tiene sus orígenes en el estado vecino de Tlaxcala, donde se acentuó este fenómeno.
Por su parte, Flores García sentenció que esta violencia no sólo es ejercida por quienes controlan las redes de trata, sino también por quienes mantienen vigente este fenómeno a nivel estatal y nacional, es decir, quienes consumen de él.
Por si esto fuera poco, y de acuerdo con estudios previos, la especialista consideró preocupante que, en países como México, el 95 por ciento de mujeres que ejerce la prostitución han sido víctimas de acoso sexual, el 64 por ciento de amenazas con arma, el 73 por ciento de ataques físicos y el 57 por ciento de violación.
Además, de acuerdo con la especialista, los daños más frecuentes del que son víctimas estas mujeres son puñaladas, golpes, contusiones cerebrales y huesos rotos, acciones que visibilizan la violencia aguda al que se enfrentan por ejercer la prostitución, muchas en contra de su voluntad.
“La violencia que viven las mujeres víctimas de trata no solo es ejercida por los tratantes, sino también por los consumidores, pero eso no se visibiliza y no se cuestiona”, acusó.
Finalmente, las especialistas coincidieron en que este problema estructural está lejos de ser erradicado, pues está consolidado bajo un esquema de intereses que lo impiden, iniciando con un sistema patriarcal que lo avala, consumidores y las autoridades que estigmatizan a las víctimas.
“Se requiere que se realicen acciones sociales y gubernamentales que eviten la reproducción de la existencia de tratantes, demandantes, consumidores y autoridades omisas que invisibilizan la problemática, y dejar de generar condiciones de vulnerabilidad que coloquen a las mujeres en riesgo”, urgieron.