En medio de protestas de los alumnos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEP) instruyó que se reanuden actividades académicas de forma presencial, argumentando que hay condiciones para ello; sin embargo, la Fundación Mary Street Jenkins aclaró que esto no es posible porque no ha retomado la posesión legal de las instalaciones.

A siete meses de que estallara el conflicto por la posesión de la universidad, el campus sigue en disputa y ambas partes siguen en el litigio y ofreciendo sus versiones sobre el cauce legal del pleito, que inició con la designación de un nuevo patronato a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado, con el argumento de que los patronos de la familia Jenkins enfrentaban denuncias que los imposibilitaban para seguir en funciones.

Ayer, el Tribunal Superior de Justicia del Estado informó que una jueza determinó que en noviembre pasado se dio cumplimiento a la restitución de la universidad a la Fundación Jenkins por lo que existen condiciones de seguridad y acceso para restablecer las actividades presenciales.

Incluso, exhortó al personal administrativo y docente, así como a la Secretaría de Seguridad Pública a coordinarse para garantizar el desarrollo de las actividades académicas en el campus.

Por su parte, el patronato que tomó el control físico de la UDLAP el 29 de junio pasado informó, a través de su representante legal Rodrigo Gurza Cárdenas, que las autoridades administrativas son las responsables de cuidar el campus y restablecer las actividades; mientras que la fundación Mary Street Jenkins indicó que lo anterior no será posible hasta que estos últimos entreguen la posesión legal a la rectora interina, Cecilia Anaya Berríos, ante notario público y los medios de comunicación.

ALUMNOS REALIZAN BLOQUEOS PARA URGIR LA REAPERTURA

Un grupo de alumnos bloqueó la recta a Cholula y también afectó la circulación vehicular en tramos del periférico ecológico y la lateral, con la intención de presionar a las autoridades para que el campus sea abierto y devuelto a la fundación que dirige Margarita Jenkins de Landa.

Durante la protesta, los alumnos intercambiaron palabras con automovilistas, conductores de transporte de carga y familias que trasladaban a pacientes enfermos, ya que se vieron afectados por el bloqueo en el periférico ecológico.

Después de varios altercados verbales y de que un grupo de manifestantes dañara con piedras un vehículo particular que quiso evadir el cierre a la circulación, los alumnos optaron por permitir el paso intermitente para ambulancias, aunque esto no resolvió el problema de tránsito vehicular que se prolongó por más de cuatro horas.

Al cierre de esta edición, al menos 300 estudiantes, profesores y padres de familia que se mantenían realizando guardias en inmediaciones del campus, decidieron retirarse del lugar, no sin antes hacer responsable al gobierno de lo que pudiera ocurrir en el plantel, ya que sus puertas fueron abiertas sin haberse entregado por alguna autoridad.

“Lo que creemos es que lo hicieron a manera de provocación para que entremos y nos acusen de algo, por eso vamos a cuidar que nadie entre hasta que venga la rectora y se haga todo legal, para que se revise como están las instalaciones”, dijo un alumno que pidió omitir su nombre.

Al abrir las puertas, el personal de seguridad dijo a los jóvenes que tenían la instrucción de permitirles el acceso siempre y cuando se identificaran como integrantes de la comunidad académica, no obstante los alumnos optaron por acordonar la entrada para evitar el paso a cualquier persona.

Al filo de las 22:00 horas, los alumnos que mantenían bloqueada la recta a Cholula en ambos sentidos, con apoyo de vehículos particulares, también decidieron retirar la manifestación.

PATRONATO PRESIDIDO POR MAGAÑA ORDENA ABRIR EL CAMPUS, PERO NO LO DEVUELVE

El patronato presidido por Horacio Magaña informó que una jueza del Estado de Puebla determinó la apertura del campus y el retorno a las actividades académicas con normalidad, cuestión que ya fue notificada a la empresa responsable de la seguridad del campus para que se “evite cualquier especulación sobre el cumplimiento de la misma”.

Asimismo señaló que “la responsabilidad de cuidar el campus y de que se realicen las actividades educativas, académicas y culturales, queda a partir de ahora en las manos de la comunidad universitaria, empezando por las autoridades administrativas de la UDLAP”.

Añadió que el patronato que fue designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado ha velado para que la UDLAP sea ajena a un conflicto legal que inició hace más de 10 años, sin embargo ahora corresponderá a profesores, alumnos e integrantes de la comunidad académica que funcione con normalidad.

NO HABRÁ ACTIVIDADES PRESENCIALES SIN POSESIÓN LEGAL: FMSJ

Por su parte, la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) afirmó que mientras la posesión legal del campus no sea devuelta a la rectora Cecilia Anaya Berríos y a la presidenta de la Fundación UDLAP, Margarita Jenkins de Landa de manera formal, no hay condiciones para retomar actividades el mismo.

El representante legal de la FMSJ, Enrique Rodríguez, sostuvo que desde hace seis semanas un juez de Cholula debió intervenir para que el campus volviera a manos de sus representados, en acato a una resolución definitiva de tipo federal obtenida por la fundación.

“Si realmente el Poder Judicial de Puebla tiene la intención de devolver formalmente la UDLAP deben de hacerlo conforme a una suspensión definitiva ganada, ningún juez local está por encima de un mandato federal, que viene de un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación”.

Rodríguez señaló que el comunicado que emitió el TSJEP para ordenar la restitución de las actividades presenciales es un distractor orquestado desde el Gobierno Estatal para seguir desacatando una orden judicial federal, ya que el conflicto ha escalado a nivel nacional.

¿Qué debe pasar para que se acate la resolución y se termine el conflicto?, se le cuestionó.

“Falta voluntad política del gobernador Luis Miguel Barbosa (…) va a ser con presión social que el gobernador tenga que acatar estas resoluciones. En razones de derecho, en tribunales federales, los hemos vencido hemos ganado resoluciones que nos favorecen y en función de eso se dictaron órdenes de restitución”, respondió.

El vocero de la fundación Jenkins dijo que lo que sigue es esperar a que el juez de Cholula sea sancionado por desacatar una orden judicial o se decida a cumplirla, mientras tanto las actividades presenciales dependen de que sus representados tengan la posesión legal de las instalaciones.

“Que le digan a la doctora (la rectora interina, Cecilia Anaya Berrios) a qué hora y en qué puerta le devuelven el campus y ahí nos vemos, si es que en verdad tienen la intención de que las actividades se restablezcan”, concluyó.

Por su parte, la rectora Cecilia Anaya Berríos, calificó como una ofensa a la inteligencia de la comunidad académica que se pretenda simular la apertura del campus, por lo que exigió respeto al estado de derecho y la ejecución de la sentencia por la cual las instalaciones deben ser devueltas formalmente.

“No estamos esperando que nos dejen entrar, tienen que hacer la entrega formal como indica la resolución definitiva del juez tercero y salirse del campus”, dijo al tiempo de explicar que se ha mantenido al margen de las protestas de los alumnos para evitar entorpecer el proceso legal.

Por último indicó que el regreso a las instalaciones “es imposible cuando se pretende legitimar como administrador de la universidad al grupo que la mantiene secuestrada desde el 29 de junio del año pasado y que pretende apoderarse de la operación académica sin contar siquiera con los atributos legales o estatutarios”.