Los actos que ha promovido la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla en torno a la fundación Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) generan confianza de que Guillermo Jenkins de Landa será restituido como miembro de la Fundación Mary Street Jenkins, dijo su abogado, Carlos Serna Rodríguez.
El litigante recordó que su cliente inició una serie de procesos legales hace siete años para ser reintegrado a la fundación que creó su abuelo William O. Jenkins y recuperar el patrimonio de la misma, ya que señaló a sus familiares de desviarlo a través de paraísos fiscales en Panamá.
Expresó que desde el 2014 fue presentada una queja ante la Junta para hacer saber de la destitución de Guillermo y de malos manejos financieros, ya que además de los 720 millones de dólares desviados, reportó que en la Fundación Udlap hubo un desfalco de 243 millones de pesos por la cancelación de una cuenta por cobrar.
Sin embargo, precisó que la falta de intervención que tuvo aquel entonces el órgano descentralizado del gobierno estatal, motivó que su cliente acudiera a la Fiscalía General de la República a interponer denuncias penales contra su familia por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dicho procedimiento derivó en que en enero pasado se libraran ordenes de aprehensión contra Roberto Jenkins de Landa, sus hermanos María Elodia, Juan Carlos y Margarita, además de su madre, Sofia de Landa Irizar de Jenkins, por presunto lavado de dinero.
Además de que los procesos penales avanzaron, ahora también lo hacen aquellos de tipo administrativo que se presentaron hace siete años, ya que la actual Junta se sumó a las demandas de Guillermo Jenkins emprendiendo procedimientos penales por su cuenta.
"La junta se sumó en nuestra denuncia penal, en agosto del año pasado, diciendo que ellos también consideran que hubo operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ha comparecido ante las autoridades de Puebla, en lo penal, en representación de la fundación UDLAP".
Y es que Carlos Serna explicó que la junta tiene la facultad de presentar acciones penales cuando observa que los patronos de cualquier fundación están actuando ilegalmente, en nombre de la fundación, pero además también puede representarla.
Por lo anterior, explicó que dicho órgano presentó una denuncia ante un juez de distrito de la Ciudad de México y en ese juicio se ordenó un embargo de bienes y ya que "El inmueble donde opera la UDLAP es de la Fundación Jenkins entonces eso es lo que se ejecutó el martes".
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"Ahora si vemos, inclusive con estos actos del martes, qué hay una junta que si está muy dispuesta a trabajar y pues estamos muy confiados en que en esa ola de trabajo estamos incluidos nosotros", acotó.
Carlos Serna señaló que la Junta seguirá promoviendo los recursos penales que considere necesarios para proteger el patrimonio de la fundación Mary Street Jenkins, en el que está inmerso la UDLAP, hasta que la justicia restituya a su cliente como patrono para que actúe en defensa de ella.