Como una transgresión democrática, fue como el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, calificó la decisión mayoritaria de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar el llamado plan B de la Reforma Electoral que planteó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Además del mandatario poblano, quien también se sumó a las críticas hacia la decisión del máximo tribunal del país fue el diputado federal y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco.
Mediante un mensaje compartido en redes sociales, Céspedes Peregrina expuso su inconformidad con la resolución del órgano colegiado más importante del Poder Judicial de la Federación (PJF), argumentó que la misma fue regresiva y, además, refirió que ella contravino la división de los Poderes de la Unión.
“Desde Puebla, manifiesto mi rechazo a la resolución de la SCJN, en el sentido de dar marcha atrás a lo aprobado por el Congreso de la Unión en materia electoral”, expuso.
Y agregó: “El principio de equilibrio democrático pasa por el respeto irrestricto entre poderes, la decisión de nueve ministros de la Corte no tiene por qué pasar por encima de la voluntad del pueblo de México, representada a través de sus legisladoras y legisladores”.
Por su parte, el diputado Mier Velazco fue más severo en sus calificativos, pues consideró que la SCJN cometió “un atropello al Poder Legislativo”, y opinó que las y los ministros que votaron a favor de la anulación del plan B padecen “miopía jurídica”.
“La resolución de la SCJN es un atropello al Poder Legislativo. Incongruencia y miopía jurídica de ministros que invocaron principios de democracia y representación popular, pero votan un proyecto en contra de la representación mayoritaria que eligió con su voto el Pueblo de México”, manifestó el legislador en su cuenta de Twitter.
Quien no se ha pronunciado sobre lo ocurrido todavía es el presidente de la mesa directiva del Senado de la República y legislador por Puebla, Alejandro Armenta Mier.
Cabe recordar que fue este lunes cuando el Pleno de la Corte aprobó en mayoría el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien expuso que el Congreso de la Unión violó sus propias atribuciones como órgano legislativo.
De esta manera se revocó la legalidad de las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, mismas que enarbolaban el plan B impulsado por López Obrador.
Sólo hubo dos ministros que votaron en contra del proyecto del ministro Pérez Dayán, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
Esto en contraste con quienes votaron a favor de la misma: la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández; y los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales, Margarita Ríos Farjat y el propio Pérez Dayán.
Lo anterior sucedió aun cuando la Presidencia de la República compartió ayer domingo un comunicado en el que advirtió que, de invalidar el llamado plan B –tal como ocurrió hoy–, la SCJN habría asumido las funciones del Poder Legislativo. Aunado a ello expone supuestas omisiones del ministro Pérez Dayán, esto al señalar que la Corte desestimó los argumentos que dio la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) respecto a dicho plan.
Además, contrario a lo que señalaron hoy lunes los ministros de la SCJN, el gobierno de México defendió, entre otras cosas, que el Congreso de la Unión tiene facultades para dispensar de trámite una iniciativa legislativa. Es decir, la propuesta no está obligada, según la CJEF, a ser analizada en comisiones.
“Se hace un llamado a las ministras y los ministros de la SCJN para que actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia”, se leyó en el comunicado de Presidencia.
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