Aunque Puebla cuenta desde el 2020 con una unidad especial para investigar delitos contra personas LGBTTTIQ+, esta tiene poco personal (tres trabajadoras) y no cuenta con recursos propios, lo que ha derivado en fallidas investigaciones y nula justicia para los afectados. La mayoría de las denuncias no se han judicializado, ni se ha ejercido ninguna acción penal.
Los principales delitos a los que se enfrentan las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans o de otras orientaciones sexuales e identidades de género, son amenazas, robos, violencia familiar, lesiones dolosas, abuso sexual, violación y discriminación.
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En primer año de operación, Unidad registró 95 denuncias
Lo anterior se detalló en el informe “Discriminación, violencia e ineficiencia institucional”, el cual, informó que dicha unidad se creó en el 2020, que fue el año con más casos de homicidios de personas de la comunidad. Si bien, las autoridades nunca dijeron que esto estuvo relacionado, en el documento creen que pudo haber sido la raíz.
El nombre oficial de esta área es la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra la Comunidad LGBTTTIQ + y se desprende de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE). Este sitio, es el responsable de recibir las denuncias de delitos cometidos en contra de estas poblaciones.
De acuerdo con el texto, durante el primer año de operación, se recibieron 95 denuncias de delitos cometidos en contra de este grupo, siendo las amenazas las de mayor incidencia con 19 reportes en todo el año, seguidos por robos con 17 y violencia familiar con 12.
Luego las lesiones dolosas con 9, abuso sexual 8, violación 8, discriminación 5, violación a la intimidad sexual 3, acoso sexual 2, ciberacoso 2, extorsión 2 y el resto de los siguientes delitos sólo un caso:
Ataques peligrosos, despojo, fraude, homicidio doloso, hostigamiento sexual, lesiones culposas, ultrajes a la moral pública y violación equiparada.
Si bien se reportaron 95 delitos en todo el año, la FGE reportó 94 víctimas, lo cual, podría significar que una persona fue objeto de dos ilícitos distintos, pero en los documentos proporcionados por la autoridad no se puede precisar esta información.
Con respecto a la orientación sexual o identidad de género se informó́ que del total de las víctimas 41 fueron hombres gais, es decir, cerca de la mitad; sin embargo, destaca que otros 21 casos corresponden a personas transgénero, transexuales o travestis, lo que representa el 22% del total de víctimas de este periodo.
En cuanto a las edades de las personas LGBTTTIQ+ que fueron víctimas de delito durante 2021, estas van de los 17 a los 60 años; del total de víctimas, 41 tenían de 21 a 30 años y otras 26, entre 31 y 40. Cabe señalar que solo el 5 por ciento de las denuncias tuvieron como motivo discriminación por orientación sexual y en el 8 por ciento se consideró que el delito se debió a homofobia o transfobia.
Sólo cuenta con tres trabajadoras y ninguna tiene cursos en temas de género
Pese a que todas estas cifras deberían de ser relevantes y preocupantes para las autoridades, la Unidad tiene sólo tres trabajadoras, la titular y dos ministerios públicos mujeres. No obstante, ni una de ellas tiene conocimientos en materia de derechos humanos de las personas por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales.
Además de que no cuenta con personal suficiente o capacitado para su actuación, el área carece de recursos propios para su operación. Ante esta falta de presupuesto y de documentos que delimiten la actuación y el registro de casos, hay un impacto directo en las capacidades con las que se atienden los casos que llegan a la Unidad Especializada.
No hay acción penal ni judicializados por violentar a la comunidad
Con respecto al estatus de las 95 denuncias presentadas en este periodo, en 62 no se ejerció acción penal, es decir, en el 65 por ciento. Aunque se presentó la denuncia no se procedió en contra de la persona responsable; sin embargo, no se precisó la razón de esta determinación ni se conoce con exactitud qué denuncias se encuentran bajo este supuesto.
Solo cuatro de las denuncias se han judicializado y 29 están en trámite hasta febrero de 2022.
Si bien estos datos reflejan la actuación que ha tenido la Unidad Especializada en sus primeros meses de funcionamiento, a los creadores del informe, les preocupa el hecho de que la mayoría de las denuncias no se hayan judicializado.
Incluso en tres de cada cinco casos no se ha ejercido acción penal, lo cual podría representar una violación al derecho de acceso a la justicia hacia las personas LGBTTTIQ+, es decir, aunque se cuente con un área especializada para la investigación de este tipo de hechos, no facilita el que se garantice una investigación efectiva a estos delitos.
Por lo anterior, los creadores del informe sugirieron al Estado, realizar esfuerzos y asignar recursos suficientes para recolectar y analizar los datos relacionados con la situación de violencia y discriminación que viven las personas LGBTTTIQ+.
El informe fue elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), y el Observatorio con Los Ojos Abiertos: por el derecho a la verdad (OCLOA). Todos pertenecientes a la Universidad Iberoamericana, campus Puebla.
