Aunque anualmente desaparecen 700 mujeres en Puebla, la Unidad para la búsqueda de mujeres/niñas desaparecidas y delitos relacionados a través de la aplicación del Protocolo Alba y la Coordinación con la Alerta Amber, sólo cuenta con ocho trabajadores para atender este tipo de casos en todo el estado.
En total, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada cuenta con 97 trabajadores para considerar todos los casos que se registren en el territorio, es decir, que estas personas tienen que colaborar para encontrar a los más de 2 mil desaparecidos que hay en la entidad desde el año 2000 y hasta la fecha.
A inicios de marzo, el Observatorio Ojos Abiertos que pertenece a la Universidad Iberoamérica campus Puebla, dio a conocer que desde su introducción en el año 2019 y hasta la fecha, el Protocolo Alba no ha sido utilizado para ninguno de los casos de mujeres desaparecidas en Puebla. En suma, informó que, al año, 700 mujeres desaparecen en la entidad, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En aquella ocasión, las integrantes del Observatorio declararon que la implementación del protocolo resulta fundamental, ya que, en el 82 por ciento de los casos en los que se activa, las mujeres regresan a casa. Si bien el documento tiene muchas deficiencias, su uso, sería un gran avance en materia de búsqueda de personas desaparecidas.
Posteriormente, este medio tuvo acceso a una solicitud de información que el mismo Observatorio realizó hacia a la FGE con el número de folio 210421523000290, en la cual preguntaron a este organismo ¿con cuánto personal cuenta la Fiscalía Especializada? Y respondió que con 97 trabajadores, pero de esta cifra, sólo ocho están asignados a la Unidad para la búsqueda de mujeres/niñas desaparecidas y delitos relacionados a través de la aplicación del Protocolo Alba y la Coordinación con la Alerta Amber.
Esto quiere decir que sólo ocho personas están trabajando para los 700 casos anuales que se registran en Puebla con respecto a la desaparición de mujeres. Lo que reafirma la teoría de este Observatorio, la cual dice que el Protocolo Alba “presenta graves deficiencias que hacen confusos los criterios del mecanismo de búsqueda”.
El pasado 7 de marzo, la responsable del Observatorio Con los Ojos Abiertos, Shanik David George, señaló que las razones por las cuales el protocolo no opera son alarmantes, pues a partir de solicitudes de información se reafirmó que no existe voluntad en activarlo.
De acuerdo con la solicitud de información, de los 97 trabajadores que tiene la Fiscalía Especializada, sólo uno tiene como nivel máximo de estudios el bachillerato y es un agente investigador, 88 con licenciatura: 24 agentes del MP, 50 agentes investigadores, 2 analistas de formación, 2 trabajadores de estructura, 8 peritos, un personal administrativo y un personal de apoyo sustantivo.
Con maestría son ocho: dos agentes del MP, dos agentes investigadores, dos trabajadores de estructura y un perito; y solo hay un técnico superior universitario que es un agente investigador.
Dicha Fiscalía cuenta con ocho centros de trabajo y sus trabajadores se dividen de la siguiente manera: en la Coordinación de Investigación, sólo hay un trabajador; directamente en la Fiscalía Especializada son 12, principalmente personal administrativo; y en la Oficina de Enlace de Apoyo Jurídico sólo uno.
En la Unidad de Apoyo Pericial son nueve, en la Unidad de Apoyo Policial son 54, en la Unidad de investigación de delitos relacionados con personas desaparecidas son ocho, en la Unidad de localización de personas desaparecidas 11 y en la Unidad para la búsqueda de mujeres/niñas desaparecidas y delitos relacionados a través de la aplicación del Protocolo Alba y la Coordinación con la alerta amber sólo ocho, como se había mencionado anteriormente.
¿Qué es el Protocolo Alba?
De acuerdo con el Gobierno de México, es un mecanismo reactivo en el que se realiza la búsqueda inmediata para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, con el fin de proteger su vida, libertad personal e integridad, mediante un plan de atención y coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que involucren a medios de comunicación, sociedad civil, organismos públicos y privados, en todo el territorio mexicano.
