La propuesta de “moralizar” al país con valores religiosos planteada por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, fue vista con preocupación por especialistas durante el foro “Estado Laico y Libertad Religiosa en México, Retos y Perspectivas” organizado en el Congreso de Puebla, pues advirtieron el riesgo de atentar con el Estado Laico que separa a la iglesia del gobierno.
“Ahora que tenemos a Andrés Manuel López Obrador tenemos un panorama más preocupante porque el presidente está convocando a que, frente a la crisis de valores que vive el país, echemos mano de los principios religiosos para moralizar, incluso dirigentes plantean que la Cuarta Transformación no es un cambio de régimen, sino también es una revolución sino espiritual”, expuso el académico y sociólogo de la UNAM, Bernardo Barranco.
Recordó que desde hace unos años la clase política ha buscado usar la religión para legitimarse con la sociedad, ante el desprestigio que arrastran por los escándalos de corrupción y alejamiento con los ciudadanos.
“Ha provocado un distanciamiento cuando se habla de la corrupción de la clase política que sabe muy bien que los diputados en las encuestas están calificados, incluso debajo del policía de la esquina. Ese distanciamiento ha hecho que esta clase política desde hace un par de lustros use lo religioso para legitimarse, para acercarse, para dotarse de plausividad social”.
Sin embargo, señaló que el uso de la religión por la clase política es una tendencia en los últimos sexenios, pues recordó el escándalo que provocó Vicente Fox cuando ganó la elección del año 2000 y fue a la Basílica a dar gracias a la Virgen de Guadalupe.
“Vicente Fox causó escándalo mayúsculo cuando, antes de tomar posesión, fue a la Basílica de Guadalupe a dar gracias a la Virgencita por llegar al poder y después de tomar posesión recibió una gran cruz y otros símbolos religiosos dando carácter de lo que iba a ser su mandato, el mandato de un católico”.
Agregó que romper este límite entre religión y gobierno no solo puede provocar un escándalo mediático, sino influir en políticas públicas que atenten contra la gente, pues expuso el caso del ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa, quien por ideología religiosa fomentó sanciones más duras en contra del aborto.
“Felipe Calderón tuvo varias iniciativas, él se declaró contra el aborto por convicciones religiosas, pero no se quedó con sus convicciones religiosas, sino que, junto con el PRI, el PAN y la Iglesia Católica iniciaron una cruzada para re penalizar el aborto, por lo que hacer un aborto era equivalente a un asesinato”.
En ese mismo sentido se pronunció el Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Puebla, Omar Martínez Baés, quien cuestionó que desde el gobierno se pretenda imponer una conducta determinada, cuando la libertad de asociación religiosa es un derecho garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se debe de respetar.
“Creo que además de tener en cuenta cómo nos afecta en lo global, en lo social, en lo individual, lo tenemos que visualizar en la Convención Americana también en lo familiar, hay una necesidad obligada de preservar esta libertad para nuestros hijos en función de lo que establecen estos proyectos legislativos”.
GRUPOS RELIGIOSOS CONDICIONAN AGUA EN JUNTAS AUXILIARES
Otro ejemplo que expuso Martínez Báes es en las juntas auxiliares de la entidad, donde en algunos casos son grupos religiosos quienes controlan la prestación del servicio de agua potable y determinan la prestación del mismo con prejuicios que llegan hasta condicionarlo por el número de madres solteras que vivan en una casa.
“Lo que ocurre en estas juntas auxiliares es que los presidentes no tienen la capacidad de operarlo y forman comités de agua potable, los comités están en muchas ocasiones atendidos por organizaciones de una u otra religión que en la ejecución de otorgar o no las autorizaciones de tomas de agua, del corte de suministro, cuántas mujeres solteras viven en esa casa para cobrarles por separado otra cuota. Ese tipo de actuaciones no se controlan ni por el presidente auxiliar ni por el presidente municipal, los controlan estos grupos y evidentemente refleja el prejuicio al derecho humano al agua establecido en el artículo 4 Constitucional”.
