El Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) es un órgano auxiliar del Poder Judicial que tiene como objetivo facilitar la interacción de padres con sus hijos cuando esta no puede cumplirse de manera natural y libre y brinda un espacio de atención especializada, salvaguardando el interés superior de la niñez. Sin embargo, sus metas están alejadas de la realidad, pues los usuarios argumentan que los menores de edad son revictimizados, la atención psicológica no es la adecuada, no hay suficiente personal y los encargados no brindan a los jueces elementos útiles para la toma de sus decisiones.
El Centro, que está ubicado en Ciudad Judicial, se inauguró en el 2019 y forma parte de una de las recomendaciones en Puebla para atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), ya que ahí se reciben a los menores y sus padres que atraviesan algún conflicto familiar. No obstante, mujeres víctimas de violencia creen que este lugar afecta negativamente sus procesos judiciales y en vez de ser un apoyo para sus hijas e hijos por ser testigos de violencia, les generan estrés o depresión a su corta edad.
Luis Armando Juárez Valencia, quien es director del organismo desde hace apenas dos meses, lamentó la opinión negativa que se tiene del mismo, explicó que algunas de las deficiencias se dan por la falta de recursos humanos en comparación con la demanda de trabajo y afirmó que corregirá las fallas, para lo que pidió un año de plazo.
Para exponer la situación que alberga el Centro, El Sol de Puebla entrevistó a un abogado especialista de género, a una líder de mujeres que sufrieron violencia vicaria y a madres que actualmente reciben los servicios, pero que no creen que se estén cumpliendo los principios rectores de esta institución, que son proteger a las infancias y emplear perspectiva de género, así como garantizar imparcialidad y neutralidad.
Revictimizan infancias y los psicólogos sólo son espectadores
En entrevista con El Sol de Puebla, el abogado en temas sociales y de género Christian Arellano afirmó que en Cecofam hay varias omisiones que afectan a las infancias. Estas omisiones se dan principalmente en las convivencias supervisadas, ya que no analizan previamente los casos con visión humana, sino que a las niñas, niños y adolescentes los tratan como si fueran usuarios con la mayoría de edad, los revictimizan, los hacen sentir incómodos y con esto se violan sus derechos a ser respetados y protegidos.
Indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJN) publicó el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a menores y este documento determinó que a todas las personas que no han cumplido 18 años, se les tiene que ver como diferentes de los adultos y requieren una atención especializada. Principalmente porque su desarrollo cognitivo, emocional y moral, no es el mismo.
El defensor explicó que infancias y adolescencias tienen características socioemocionales específicas por la etapa de desarrollo que están viviendo y si no se toman en cuenta, podrían tener un efecto negativo a la hora en la que rinden un testimonio o en las mismas convivencias. De esta forma, apelar a una atención especializada obedece a la idea de igualdad en el ejercicio de los derechos, entre ellos, el de acceso a la justicia.
“En Cecofam no se analizan de fondo las causas de su caso, sus antecedentes, solo los tratan como niños que quedaron en medio de un asunto judicial. En este lugar entorpecen o retrasan la efectiva tutela judicial a favor de los niños y adolescentes. Otra de ellas es que se limita la atención psicológica en un horario muy corto; la psicóloga sólo se sienta, es una espectadora, pero no interviene”, agregó.
Otro punto negativo que destacó fue que los psicólogos sólo son espectadores en las convivencias, pero no intervienen si el menor no quiere estar en dicho lugar, si no quiere convivir con alguno de los padres; si llora no le preguntan el motivo de su tristeza y sólo se limitan a hacer anotaciones en sus libretas, sin tener una retroalimentación. Aquí de nueva cuenta citó al Protocolo de Actuación, pues éste dice que siempre se debe de salvaguardar la integridad física y psicológica.
El manual indica que los encargados de las convivencias deberían de escuchar la opinión del niño y tener a la mano pruebas periciales, médicas y psicológicas para crear su primer análisis. En un segundo momento deberán integrarse al caso sus informes con el comportamiento y todo lo que ayude a determinar su situación emocional. Sin embargo, no siempre el mismo psicólogo lleva todo el proceso y muchas veces ponen a otra persona como encargada de la convivencia, no al psicólogo titular.
También en estas convivencias la Suprema Corte determinó que los menores deberían de recibir una explicación adecuada de lo que está viviendo y el propósito de reunirse con sus padres o sólo con alguno de ellos, pero esta explicación debe de ser antes de que se concrete la visita, a fin de que se interprete como un tipo castigo.
“Imagínate que eres un niño, que no has visto a tu madre o padre por muchos años y que el tutor con el que vives te habla más de él o ella todos los días. Un día te indican que tienes que convivir con él, pero al llegar hay un psicólogo que no conoces, entras a un edificio que no conoces, para el niño es algo nuevo, le da miedo, se siente inseguro y yo no he conocido un caso en donde el psicólogo haya querido contextualizar al menor días previos y enseñarle el lugar para que se sienta en confianza”, comentó.
Desde su óptica, al no familiarizar al menor con la actividad que va a hacer, lo hace estar en un ambiente nocivo y cuando están de frente con su padre o madre, “están aterrados”, por lo que el reporte pierde objetividad y si los trabajadores de Cecofam no entregan un buen análisis, el juez no tiene argumentos para fallar a favor de las infancias.
“Debe haber intervención previa por lo menos de 24 horas antes de la primera convivencia. Hay niños que, por su perfil, es necesario que pasen por pruebas o test, pero no las hacen, no se toman esas molestias para generar un entorno de confianza y tampoco les permiten el acceso con una persona cercana que también eso marca el protocolo, pueden ser abuelos, tíos, incluso hasta maestras que han mostrado empatía”, externó.
Para concluir, otro punto negativo que destacó es que en los últimos meses han recurrido -en su gran mayoría- a las convivencias vía remota y esto dificulta la buena convivencia. Puso como ejemplo casos de violencia vicaria, pues hay niños que llevan años sin ver a su madre y todos los días escuchan a sus padres decir cosas malas de ella; cuando los ponen enfrente del monitor es muy complicado que tengan buena relación y muchas veces el padre está ahí, generando presión o influyendo en los comentarios del niño.
“Hay muchos menores de edad que no quieren ver a sus madres porque sus padres han ejercido manipulación sobre ellos durante toda su vida y lo que hace Cecofam, porque no investigó el caso, es sólo permitir convivencia virtual y ves las caras de los niños aterrados porque tienen el papá escondido ahí diciéndoles que no digan tal cosa o que actúen de tal manera. Cecofam no hace nada, ellos cumplen con palomear la convivencia, informar mal al juzgado y el caso se queda ahí”, lamentó.
Las mujeres sufren violencia institucional y los psicólogos no se dan abasto
Andrea Lezama, activista y líder de la Colectiva Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria, compartió que hablar de las deficiencias en el Cecofam es algo recurrente entre las mujeres de este grupo, ya que se han registrado casos en donde los mismos psicólogos les dicen: “¿para qué quiere tener convivencias con su hijo?, ya déjelo y él la va a buscar cuando sea grande”. Este tipo de comentarios no abonan, al contrario, es un claro ejemplo de violencia institucional.
“Dentro de la Colectiva, las mamás han dicho que al llegar a Cecofam no lo ven como un lugar seguro, se supone que ese lugar debería de ser un alivio y un lugar que dé esperanza porque se van a revincular con su hijo, pero no es así, se sienten temerosas y revictimizadas”, manifestó.
Las integrantes de este grupo han identificado que asignan al mismo psicólogo para más de cinco casos, lo que ellos pueden asumir como falta de personal. En este punto, opinó que los psicólogos pueden estar agotados por varias horas escuchando las historias de violencia y si no se dan abasto, no dan atención de calidad.
“Yo quiero pensar que también terminan rebasados y por eso no prestan atención de lo que ocurre en las convivencias, los ven como números más, entonces está muy mal, se burocratiza una causa que debe ser la menos burocrática, ya que se habla de niñas, niños, adolescentes y mujeres violentadas. No atienden con perspectiva de género, no investigan los antecedentes de violencia, sólo lo que ven ahí reportan”, expuso.
Las mujeres que han sido víctimas de violencia vicaria se han quejado porque los psicólogos no reportan a detalle todo lo que ocurre en las convivencias, por ejemplo, si el niño llegó con un moretón, si le tiene miedo al padre, si dice que le pegan los abuelos y para ellas es de suma importancia que esto se sepa, ya que, si el juez no tiene estos datos, puede darle la custodia a un padre violentador.
“Todos los casos los quieren tratar como violencia familiar y las violencias son muchas, vicaria, emocional, psicológica, física, patrimonial y otras más, si ellos escucharan e identificaran el tipo de violencia y trataran de darle una atención individual, todo sería mejor. A veces las víctimas sólo quieren que las escuchen, quieren desahogarse, pero no están dispuestos a hacer esto”, opinó.
Otra cuestión que viven las madres que por primera vez acuden al Centro, es la poca información para el día de su encuentro. Cuando el juez determina las convivencias, ellas no saben si deben llevar un juguete, darle un regalo al niño y al momento de ingresar, la persona encargada sólo les dice: “pues convivan”, sin más detalles. No a todas las mujeres se les dijo que tienen que llevar su identificación oficial a la hora de la entrada y no le dicen si hay tiempo de tolerancia en caso de un retraso.
“No están capacitados para trabajar con mujeres violentadas. El tema de las violencias es muy complicado y a las autoridades les falta muchísimo que trabajar en este tema y si se habla de violencia vicaria, pues el rezago en capacitación es mucho más, lo ven como un conflicto entre particulares, cuando el meollo del asunto es mucho mayor”, criticó.
Por ejemplo, en otras entidades, las páginas web de los Centros de Convivencia tienen un apartado de preguntas frecuentes, en donde dan tips para obtener un servicio óptimo en estos lugares, como acudir 10 minutos antes del horario fijado, mostrar identificación oficial para el ingreso, respetar los horarios de servicio, asistir sin acompañantes, entre otras, pero en el caso de Puebla las preguntas van enfocadas a una persona que ya tiene conocimiento previo de esta dinámica.
Para rematar, dijo que los encargados de Cecofam tardan mucho en entregar sus informes a los juzgados y esto entorpece el caso, alargándolo hasta años, cuando podría finalizar en meses.
“La intervención de Cecofam surge a partir de un juicio, ya sea de guarda y custodia, de convivencia, de patria potestad, divorcio, pensión de alimentos o cualquier causa que dio origen al expediente y quien ordena la intervención del Centro es un un juez. Ellos tienen que enviar de regreso sus informes, decir qué pasó, entregar una valoración y aquí es donde hay retrasos. Tardan meses en emitir esos reportes y el juzgado no puede resolver hasta tener esa opinión y el niño tendrá que ser obligado a ser parte de estas convivencias hasta que no haya un dictamen”, finalizó.
Tanto el abogado Christian Arellano como la activista Andrea Lezama consideran que el Cecofam tiene muchas áreas de oportunidad, pues sus instalaciones son adecuadas, dignas y agradables. También, tienen la gran encomienda de salvaguardar los derechos de los niños y jóvenes, sólo hay que trabajar en su capacitación, contratar a más personal y que sean personas preparadas en derechos humanos y perspectiva de género.
Mujeres violentadas por sus ex parejas no han encontrado en Cecofam un apoyo
Este medio aprovechó para presentar dos casos actuales, es decir, que las entrevistadas reciben los servicios, pero que no han visto el apoyo esperado. Una de ellas cree que los psicólogos no intervinieron para preparar a su hijo y otra que su hija sufre ansiedad, así como depresión desde que acude a este lugar.
Claudia García peleó desde hace seis años con su ex pareja, Miguel N., la guardia y custodia de sus hijos, pero el mayor ya cumplió 18 años y lo dejaron fuera del juicio, por lo que quiere salvar el lazo madre-hijo con el que todavía es menor de edad. A ninguno de los dos podía verlos, así que promovió un amparo que falló a su favor y las autoridades le permitieron convivencias a través del Cecofam.
Ella estaba feliz, pues por primera vez después de muchos años podría estar cerca de su hijo pequeño, platicar con él, abrazarlo, pero el primer encuentro no fue lo que esperaba y tiene miedo de que esta situación sea recurrente y en vez de beneficiar su caso y la relación, esto termine por destrozar las pocas esperanzas de recuperarlo.
“Nos dieron convivencias en Cecofam, un día a la semana de 10 a 11 de la mañana. Sin embargo, la experiencia no fue tan grata porque no hubo acompañamiento que supuestamente te deberían de dar con el psicólogo que es una pequeña intervención que ellos contemplan dentro de su reglamento de 10 a 15 minutos para tratar de mediar la situación entre el niño y en este caso yo, que soy su mamá. Por obvias razones, a 6 años de no tenerlo y de que su padre constantemente le diga que yo no lo quiero, mi hijo está desvinculado conmigo”, declaró.
Cuando llegaron a Cecofam, el hijo de Claudia no quería ser parte de la convivencia y la psicóloga no trató de hablar con el niño para saber sus motivos, sólo le dijo que entrara y ya. Aunque Claudia quería verlo, tampoco le gustó ver a su hijo siendo obligado a hacer algo que no quería y lamentó que el personal nunca trató de ver el estado emocional del menor.
“Ellos deberían de tener toda la capacitación para que sus acciones sean en función de esta revinculación, principalmente si se trata de alguien que sufrió violencia vicaria como yo, pero no estaban preparados y no se contextualizaron de mi caso, no hubo neutralidad, se les olvidó que mi hijo y yo sufrimos violencia y en el caso de mi hijo, hay alguien detrás de él que lo ha estado maltratando”, refirió.
Claudia también informó que la persona que estuvo a cargo de su convivencia, no fue la misma psicóloga que hizo la valoración de su hijo. Cree que esto pudo influir en el mal manejo del encuentro, pues su caso lo llevó una persona que no tenía conocimiento previo de su expediente. “Porque llevan tantos casos, ponen personas de apoyo y en esa ocasión nos tocó a nosotros un apoyo porque no era la persona responsable de nuestro asunto. Sólo estuvo a un lado y tomó notas”.
Otra entrevistada fue Diana González, ella denunció a su ex pareja, Adrián N., por no querer dar pensión alimenticia y en revancha, ahora este hombre quiere quitarle la custodia total. Actualmente están en un proceso legal y la niña de 11 años tiene que acudir a convivencias con su padre, pero estas reuniones en vez de darle paz a la menor, le están trayendo problemas de ansiedad y depresión.
“La niña tiene 11 años y nunca he impedido las convivencias, yo me presento cada 15 días con mis recursos para llegar a Cecofam, pero están tan saturados de trabajo y no tienen el personal necesario para poner atención. Cecofam pasa los reportes al juzgado, pero los pasa mal, incluso, dentro de esos reportes, hay falsedad de declaraciones por parte de los psicólogos porque dice: se llevó la convivencia sana con el padre, cuando ni siquiera se presenta”, puntualizó.
Diana aseguró que su ex pareja no se presenta a las convivencias y manda a su madre para tomar su lugar, cuando esto no fue parte de lo que decretó el juez. La niña les ha dicho a los encargados que no quiere estar con su abuela, pero ellos ignoran esta petición. La hija de Diana les ha dicho que su abuela le dice que “está negra, que se viste feo, que parece hombre”, pero ni una de estas agresiones están dentro de los reportes.
Diana alzó la voz porque quiere que se deje de revictimizar a su hija y porque teme que su ex pareja gane la custodia, ya que en los reportes parece que todo va bien, cuando no es así. Pide a las autoridades que tomen cartas en el asunto para que mejore la situación.
Titular del Cecofam lamenta quejas y ofrece cambiar la atención en un año
Luis Armando Juárez Valencia, juez con licencia, notario y actuario, es director del organismo desde octubre pasado. En entrevista con este diario, lamentó la opinión negativa de las personas antes citadas y dijo que va a tomar en cuenta sus testimonios para mejorar la atención.
El titular del Cecofam abordó las quejas. Comenzó con el tema de la intervención psicológica, explicó que el personal de la institución no puede ir “más allá de lo que se ve o de lo palpable”. Esto significa que no pueden despojar a los menores de alguna prenda para revisarlos y comprobar si tienen algún golpe, moretón o rasguño. Si bien cuentan con dos médicos mujeres, no está dentro de su competencia hacerlo, a menos de que un juez lo determine.
Recordó que son un órgano auxiliar y que todas sus acciones tienen que ser previamente solicitadas por un juez, por lo que sugirió a las madres exponerles toda esta situación a sus juzgadores en audiencia para que sean ellos quienes determinen si se le debe hacer una inspección más amplia. En el caso de los niños que se rehúsan a su convivencia, indicó que hay un reglamento en el que el psicólogo sí debe de intervenir, pero sólo 15 minutos, para convencerlos, si se agota el tiempo y no lo logró, la debe suspender.
Al hablar de convivencias virtuales, aceptó que no todas se llevan a cabo de una forma idónea, pues no hay certeza de que, al otro lado de la pantalla, hay alguien manipulando al menor, pero todos estos puntos se están tomando en cuenta para ser perfeccionados.
De igual modo, se va a perfeccionar la página de Internet. La meta es que tenga un lenguaje más amigable para todos, principalmente para los niños, y que las personas que necesiten información puedan solventar sus dudas. Aseguró que los cambios se verán reflejados el próximo año.
Para concluir, habló del trabajo de los psicólogos. Ellos tienen que hacer dos informes, el interno para el control del Cecofam y el que rinden al juez, pero aceptó que no se dan abasto, pues sólo cuentan con 17 psicólogos, los cuales están repartidos en sus cuatro sedes y el ubicado en Ciudad Judicial tiene 15.
Diariamente, estas personas deben hacer un aproximado de 60 servicios, entre estudios psicológicos, de trabajo social y asistencias a los juzgados. En cierto modo, no es justificación para dar un mal servicio, por lo que el titular pidió a las personas que registren irregularidades acudir al Consejo de la Judicatura para exponer sus quejas.
“La verdad es que es un tema complicado porque la atención y los requerimientos de los juzgados cada vez son más y como tal nunca vamos a tener números cerrados o decir que estamos al día. Los requerimientos de los jueces cada vez son más y el derecho familiar no sólo aborda a menores, sino como su nombre lo dice, a todo el campo familiar, y la verdad es que siempre va a hacer falta talento humano, yo les digo así porque hacemos mucho con muy poco”, enfatizó.
El nuevo director lamentó que en el pasado se haya tenido una limitada comunicación con las colectivas de mujeres víctimas de violencia vicaria o que denuncian a deudores alimenticios, pero quiere que cambie esta situación. Dijo que su oficina siempre estará abierta para ellas y siempre escuchará sus sugerencias para mejorar. “Me interesa escucharlas, quiero saber la percepción que hay detrás y siempre voy atenderlas”, concluyó.
Las quejas que informa este trabajo periodístico tienen que ver con el Centro de Convivencia ubicado en Ciudad Judicial Siglo XXI, a un costado del Periférico Ecológico, en San Andrés Cholula, pero el estado cuenta con otros tres Centro de Convivencia, en Huejotzingo, Tepeaca y Chignahuapan.
Este medio ingresó a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y pudo comprobar que hay 31 trabajadores en total por todos los Centros que hay en el territorio poblano. De los 31 empleados, 17 son psicólogos y el resto son trabajadores sociales, médicos, auxiliares administrativos y el director general. Esta información está actualizada hasta el segundo trimestre de este año.
