Va la oposición por reformas a ley educativa y no desiste de amparos

Anunciaron que no se detendrán hasta corregir los errores de la Ley de Educación Estatal y se convoque a un parlamento abierto

Berenice Martínez | El Sol de Puebla

  · miércoles 27 de mayo de 2020

Foto: Cortesía

La oposición en el Congreso de Puebla no desistirá hasta corregir los errores en la Ley de Educación Estatal y se convoque a un parlamento abierto, pues aunque la norma ya fue publicada en el Periódico Oficial del Estado presentarán reformas para enmendarla.

La diputada del PRI, Rocío García Olmedo, anunció que volverá a presentar propuestas reformatorias a la ley educativa a fin de corregir errores, incluso de redacción, ya que argumentando que se trataba de una armonización a la Ley General de Educación fue aprobada con desaciertos, contradicciones, ambigüedades y atribuciones dobles.

“Sí, yo pienso hacer algunas precisiones en ese sentido y he empezado a trabajar en ello”, respondió García, quien en la Comisión de Educación y el Pleno del Congreso expuso su inconformidad de aprobar la ley con premura, pues como diputados tuvieron un año para discutirla y convocar al sector educativo público y privado a un parlamento abierto.

Las nueve propuestas reformatorias que en su momento presentó fueron rechazadas por Morena y sus aliados, el PT (con excepción de José Juan Espinosa), Encuentro Social y Partido Verde, que avalaron la iniciativa de ley enviada por el gobernador Miguel Barbosa.

“Lamentablemente nos mayoritearon, hacen uso de su mayoría sin permitir argumento, debate alguno y sin reconocer que a veces se requiere de ir haciendo modificaciones a artículos que de ninguna manera podían haberse incluido para el estado de Puebla”, dijo.

MORENA Y SUS ALIADOS SIN VOLUNTAD POLÍTICA

Aunque planea presentar reformas a la Ley de Educación, Rocío García no ve voluntad política de los diputados que integran el bloque Juntos Haremos Historia para adecuar a lo local la Ley General de Educación, así como permitir el diálogo y cabildeo en el Congreso.

La diputada aseguró que Morena actúa peor que las legislaturas anteriores que tanto criticaba y recordó que cuando el PRI tenía el mando había forma para hacer las cosas, se escuchaban voces, se pedían opiniones a los actores de la población y los sectores políticos.

Una vez que la norma fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, lo que corresponde, dijo, es presentar una iniciativa de reforma o adición a los artículos controversiales como el 105 que establece que los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, forman parte del Sistema Educativo Estatal.

PAN NO DESISTIRÁ EN LA PRESENTACIÓN DE AMPAROS

Por su parte, el coordinador de los diputados locales del PAN, Oswaldo Jiménez López, informó que el partido no desistirá en la presentación de amparos colectivos contra la Ley de Educación y convocó a los legisladores subsanarla mediante reformas.

Los aspectos negativos que observó son la rectoría total de la educación por parte del Estado, lo cual viola la libertad de los padres de familia para decidir qué educación quieren para sus hijos, así como 10 artículos que preocupan al sector: 12 (rectoría), 66 (libros), 67 (planes y programas de estudio), 72 (intromisión de la SEP), 104 (términos ambiguos), 105 (muebles e inmuebles), 143 (redacción), 145 (becas), 146 (vigilancia) y 147 (infracciones).

LEY PROTEGE DERECHOS DE QUIEN PAGA POR EDUCACIÓN: BIESTRO

El coordinador de los diputados locales de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, defendió la norma al señalar que no se trató de un “madruguete” legislativo y que quien se sienta vulnerable puede presentar amparos ante el Poder Judicial que resolverá los casos.

De la crítica del Consorcio Universitario al artículo 142 y 146 sobre la no retención de documentos y que la SEP implementará acciones de vigilancia al menos una vez al año, el legislador respondió que esto solo afectará a quien hace negocio y no es anticonstitucional.

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