Quince días se cumplen desde que venció el plazo para que el dueño derribara -por cuenta propia- el cuarto que construyó sobre la banqueta de la calle Yucatán y Puebla de la Colonia El Cerrito, tiempo en el que la autoridad municipal tampoco ha intervenido en la zona para quitar la estructura de concreto.
Cabe recordar que el plazo venció desde el pasado jueves 16 de marzo, luego de que la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, colocara una notificación en el inmueble para informarle al dueño que estaba incurriendo en una falta legal por afectar el tránsito peatonal y haber construido en una zona prohibida.
Ante este panorama, los vecinos de la zona compartieron con este medio que, ante la falta de acción por parte de la Secretaría, es que pierden la confianza en los funcionarios encargados de dar solución a sus reportes.
Por su parte, Miguel Gutiérrez Hernández, Arquitecto y Maestro en Hábitat y Equidad Socioterritorial, compartió con El Sol de Puebla que, sin duda, este tipo de acciones van contra la ley.
“Es importante destacar, en primer lugar, que la ampliación del espacio público es algo que fundamenta puntos ya ilegales porque es la acción de agarrar un espacio público para hacerlo privado, y estoy bloqueando el acceso o el uso común”, mencionó.
Indicó que esta problemática no es reciente, pues desde hace más de 15 años se han observado casos como los ya documentados por esta casa editorial en la que construyen sobre la banqueta, abarcan un espacio de la calle o hacen propio alguna área verde.
En este sentido, Gutiérrez Hernández consideró que la inacción por parte de las autoridades municipales a lo largo de estos años ha sido por la falta de infraestructura para hacer el retiro, la falta de recursos para intervenir, pero principalmente la falta de voluntad política.
“Solo queda en discurso de sí se va a aplicar la ley, sí se va a actuar, pero al final solo queda en un aviso preventivo a quien hizo la actividad y siguen con la ampliación del espacio público, esto es muy grave porque al haber un vacío de la autoridad estas acciones continúan”, destacó.
A la par, señaló que el costo político ha fungido como freno, ya que la omisión suele hacerse presente entre las autoridades para evitar conflicto entre la ciudadanía y optan por no intervenir.
“El costo político muchas veces no permite tener acción contra esto. Hay evidencia de que en una administración anterior se intentó quitar una reja y los habitantes lo impidieron, incluso en esta privatización la misma gente le niega el paso a la autoridad para llegar al punto", compartió.
Por ello, consideró importante que las autoridades municipales busquen estrategias efectivas, en primer punto, para evitar estas conductas; y dos, para aplicar la ley contra aquellos vecinos que acaparan espacios que no les corresponden, ya que muchas veces, al ver la ausencia de la autoridad, más ciudadanos aprovechan el vacío para sumarse a estos casos.