Guadalupe fue violentada por su marido, un servidor público de orden federal, este hombre la estranguló y la golpeó en la cara, ella logró hablar al 911 y afortunadamente llegaron policías municipales para auxiliarla. Durante todo el proceso las autoridades la revictimizaron, le dijeron que no estaba tan golpeada, le preguntaron que si estaba segura de querer denunciar, que mejor le otorgara el perdón. Hoy, teme por su vida pues este hombre está libre y tiene permiso de usar armas de fuego.
Josué N., es el violentador de “Lupita”, a quien llamaremos así por cuestiones de seguridad, este hombre trabaja como especialista en Derechos Humanos dentro del Consejo de la Judicatura Federal y el mes pasado fue parte del concurso interno de oposición escolarizado para la designación de jueces de distrito especializados en el sistema penal acusatorio.
Sin embargo, Lupita cree que este hombre está muy alejado de ser defensor de los derechos de las personas y que ha abusado de su cargo para que las autoridades no tomen con seriedad sus agresiones. Incluso, teme que haya comprado a las autoridades para que su caso no avance.
Todo comenzó en mayo del 2020. Después de una pelea, Josué le dio un cabezazo a Lupita y la empezó a estrangular. Ella como pudo salió corriendo y le habló al 911, entró la llamada y los elementos llegaron a su casa. Luego de ver toda la sala llena de sangre la acompañaron a levantar su denuncia en San Andrés Cholula, pero de ahí la transfirieron a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género, su carpeta quedó asentada con el número 1563/2020.
Desde que llegó a este lugar empezó a notar varias irregularidades, la persona encargada le empezó a hacer varias preguntas, todas de manera informal y sin notificarle sus derechos, además, por protocolo detuvieron a su pareja, pero le permitieron quedarse con su celular, por lo que este hombre tuvo mucho tiempo para hacer varias llamadas.
En la noche le pidieron acudir a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y en este espacio nuevamente no se sintió segura, pues el ministerio público asignado a su caso le dijo que no estaba tan golpeada y que en comparación con otras mujeres golpeadas ella se veía muy bien.
Después de esto le hicieron un examen médico, pero el encargado le dijo que ella no tenía nada, que sólo estaba hinchada de su nariz y contaba con un moretón, pero que no ameritaba una denuncia. Posteriormente siguió un examen psicológico en donde con la psicóloga se desahogó, lloró y le platicó parte de su vida, sin embargo, el resultado determinó que Lupita no sufría ni un tipo de violencia.
“Empiezo a notar que murmuran y nuevamente me llevan a dar otra declaración, pero en esta ocasión la toma un pasante y cuando empiezo a explicar todo detalladamente, el ministerio público pide que no pongan todo (…) a mí no me parece bien eso, que el MP tuviera que decir que es relevante y que no. Incluso le dije que no iba a firmarle nada que no fuera lo que yo estuviera diciendo”, relató.
En ese momento pasó su esposo esposado, pero se dio cuenta de algo, ya no traía la misma ropa con la que ejecutó la agresión, es decir, que le dieron permiso de quitarle la ropa llena de sangre de Guadalupe.
Un día después solicitó que le cambiaran al ministerio público por todo lo que observó, pero ese mismo día le marcaron las autoridades a cargo de su caso para que le otorgara el perdón a su marido, que le iba a dar 25 mil pesos y ayuda de pensión alimenticia con tal de que dejara en el olvido la agresión.
Ella no accedió y Josué salió libre bajo investigación, lo único que Lupita logró en ese momento fue que la Comisión Estatal de Derechos Humanos la ayudara obtener medidas cautelares y, hasta el día de hoy, todos los días una patrulla acude a su domicilio para ver si esta bien, pero tiene custodia compartida y tiene que ver a este hombre frecuentemente para darle al niño.
Hoy en día tiene dos temores, el primero es que su hijo sea instrumentó para que su aun esposo ejerza violencia vicaria y el segundo las armas que este hombre tiene a su poder, pues el niño y ella pueden ser víctimas de un arranque de ira. Para este 18 de julio en la FGE la citaron para firmar otras medidas cautelares, pero aún así cree que se debe de castigar la impunidad y la corrupción que hubo en el caso.
Si sigue alzando la voz es porque quiere dejar constancia de todo lo que ha ocurrido y también porque teme por su vida.