Han pasado siete meses desde que en Puebla la violencia vicaria ya es un delito, sin embargo, en este tiempo sólo se han iniciado 10 carpetas de investigación por el ilícito. La colectiva Cam Cai considera que esto se debe a que no hay capacitación de autoridades, no saben que significa este término, no hay perspectiva de género y les piden un sinfín de documentos que tienen un costo muy alto.
Por tal motivo, Cam-Cai, colectiva de “Amorosas Madres Contra la Violencia Vicaria”, anunciaron que darán apoyo jurídico de forma gratuita, esto sin importar el avance de su caso, el objetivo es que se puedan abrir más carpetas y que este delito se siga visibilizando en el territorio poblano.
En conferencia de prensa, Andrea Lezama, vocera de la colectiva y Miriam Moreno, madre víctima de este hecho, dieron a conocer los avances y retos de la aplicación de la ley. Recordaron que en julio del año pasado el Congreso avaló la tipificación de la violencia vicaria como un delito, no obstante, las madres siguen registrando muchas trabas.
“Hay muchos obstáculos para levantar las denuncias, falta mucha capacitación de los ministerios públicos, pero seguiremos coadyuvando de la mano con la Fiscalía para que se puedan realizar estas capacitaciones y que de verdad apoyen. Lo que queremos es que se aplique esta ley por la que tanto luchamos, por la que tanto nos manifestamos y la que nos sacó tantas lágrimas”, expuso Andrea.
Andrea ejemplificó con su caso, pues al tener un agravante de violencia vicaria, pudo recuperar a su hijo luego de seis años, pero en muchas otras carpetas, los ministerios públicos no ven necesario agregar el término de -violencia vicaria-, y todavía siguen argumentando que los menores “están con sus papás”.
Violencia vicaria enfrente lentitud por papeleo
Otro obstáculo es el papeleo, pues la mayoría de los casos llevan años y tiene que recabar toda esa información. Por ejemplo, Miriam por copias certificadas ha gastado 4 mil pesos y esto sólo por un juego, pero para que avanzara su indagatoria le pidieron tres copias más, es decir, 12 mil pesos.
Luego de gastar por los documentos, a las mujeres las citan en horarios matutinos, sin importar que ellas trabajen, cuando llegan, las hacen esperar más de cinco horas, y al recibirlas, sólo les dan una indicación de 5 minutos. Es decir, que perdieron todo su día y en muchos casos, las madres han perdido su empleo por tener que acudir a estos llamados.
“Tener que recapitular toda la información de tantos años es muy complicado, pero sólo así puede proceder tu denuncia, aunque no debería ser así porque sólo por el simple hecho de que te quiten a tus hijos es más que suficiente. Además, en los juzgados te van limitando y te dicen que todavía no es momento de aplicar esta violencia, camina lento”, agregaron.
Asimismo, se encuentran todavía con “autoridades machistas” que quieren darle la razón al padre por el simple hecho de ser hombre. Incluso, quieren persuadir a las mujeres para que no sigan denunciando y que perdonen a los victimarios. Por ello, creen se suma urgencia capacitación de género y capacitación de la aplicación de esta ley.
Ante este panorama, anunciaron que el abogado Christian Hernández Arellano otorgará orientaciones jurídicas a las madres que sean víctimas de este delito, las mujeres sólo tendrán que contactar a la colectiva y recibirán apoyo para que su carpeta se concrete.
En otro orden de ideas, las activistas anunciaron que se sumarán a la mega marcha del 8 de marzo para exigir justicia por todas las mujeres que al igual que ellas les han arrebatado a sus hijos.
