La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que 2 mil empresas manufactureras que se ubican en los corredores industriales Quetzalcoatl y Huejotzingo, el complejo petroquímico Independencia en Puebla y en el corredor El Ixtacuixtla, en Tlaxcala, vierten sus aguas residuales al río Atoyac y a la red de alcantarillado municipal sin tratamiento.
A lo largo de 200 kilómetros el afluente recibe todo tipo de descargas de municipios y asentamientos humanos, pero las industriales están relacionadas con compañías textiles, químicas, automotrices, de plástico, alimentarias, agroindustriales y otras irregulares como de lavado de mezclilla.
Ante la gravedad de la problemática, advierte, las autoridades de los tres niveles de Gobierno no han tomado las medidas suficientes para atender la “emergencia ambiental” de la cuenca del Alto Atoyac.
Recuerda que la Recomendación 10/17 dirigida a Rafael Pacchiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Roberto Ramírez, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); Guillermo Haro, procurador Federal de Protección al Ambiente (Profepa); Julio Sánchez, comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), los gobernadores de Puebla, Antonio Gali y de Tlaxcala, Marco Antonio Mena; así como los alcaldes de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, José Rafael Núñez y Carlos Alberto Morales, respectivamente y de Tepetitla de Lardizábal, Carlos Fernández, tiene 100 puntos recomendatorios.
A través de un video institucional, acusa que las autoridades han sido omisas en el convenio de coordinación institucional, de restauración ecológica o de saneamiento, en atender la “emergencia ecológica” con la sociedad civil organizada, empresas y población; rehabilitar las plantas de tratamiento e instalar nuevas, capacitar a los integrantes de los tres niveles de Gobierno en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
Asimismo, en realizar diagnósticos toxicológicos en la región, instalar centros de salud especializados, además de tener información sobre la condición de la cuenca. “Está a la espera para que se dé cumplimiento a la recomendación y se garantice el derecho humano a un ambiente sano, a la salud y al acceso a la información”, acota la CNDH.
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