Daniela Flores es madre de una menor de edad y lleva tres años separada de ella desde que en octubre de 2018 su expareja realizó una denuncia en su contra por supuestas agresiones contra la niña. Sin embargo, platicó que la carpeta de investigación se ha cerrado en dos ocasiones por falta de pruebas, pero su situación jurídica no cambia. Desde entonces, la mujer ha emprendido un calvario legal para obtener la custodia de su hija.
“Un día me avisa personal del juzgado de lo familiar que me quitan la guardia y custodia de la niña, que él (su expareja) tiene la custodia provisional y tengo una medida cautelar de cero contactos con ella por lo que no me puedo acercar, hablar ni tocar. Desde entonces, sus amenazas de quitármela (a su hija) se hicieron efectivas; no hay nada más doloroso para una madre que quitarles a sus hijos”, contó.
Este tipo de acciones se da cuando un integrante de la familia de manera consciente convierte a los hijos en instrumentos para provocarle el mayor daño posible a la otra parte, realizando prácticas que pueden ir desde amenazas con quitarle a los menores y posteriormente efectuarlas, así como agresiones físicas a los infantes. Este tipo de maltrato se llama violencia vicaria y es una realidad de la que poco se habla en el país y de la que no existen cifras oficiales, según explica la activista Rocío García Olmedo.
“Es un tema que se tiene que incorporar en las modalidades de violencia porque hay un sinfín número de casos, pero primero se tiene que visibilizar. Esta violencia además de causar lesiones emocionales a las mujeres también lo hace a los hijos y a ello se suma las agresiones físicas con tal de hacerle daño a la madre”, dijo García Olmedo.
Samantha Quiroz, presidenta del colectivo Cam-Cai, un grupo de mujeres de Puebla y otros estados del país que son víctimas de la violencia vicaria, platicó que en la organización hay al menos 15 mujeres en la entidad que se encuentran en la misma situación.
Ella también es víctima y compartió que hace tres años, cuando menos se la esperaba, su expareja la dejó sin casa y le quitó a su hijo de cuatro años con la complicidad del sistema tras denunciarla por violencia física y psicológica.
“Me dijo que me iba a quitar hasta la sonrisa”, contó Samantha. Tras separarse del padre de su hijo y comenzar una nueva relación, él la demandó y consiguió la custodia de su hijo, al principio ella veía al pequeño los fines de semana, pero después de un tiempo al acudir al domicilio para recogerlo, la abuela paterna no la dejó visitarlo. Posteriormente, fue acusada de violencia, aunque señala que las denuncias no están sustentadas.
LA MISMA FORMA DE OPERAR
Además de la violencia y manipulación que ejercen sobre las madres y sus hijos, la presidente del colectivo señaló que han detectado el mismo patrón entre los agresores en donde el sistema de justica en el país las desprotege bajo el camino de la corrupción.
Agregó que los padres son personas violentas que empiezan con amenazas y, de acuerdo con los testimonios recabados por el colectivo, las principales frases de intimidación son ¡te quitaré a los niños!, ¡No los volverás a ver! o ¡Te daré donde más te duele!
Detalló que en 7 de cada 10 madres que forman parte del grupo fueron amenazada con quitarle la custodia del menor y este ultimátum se cumplió en el 54 por ciento de los casos.
La segunda acción que realizan es tomar el control de la mente de los hijos bajo manipulación e invención de historias que colocan a la mujer bajo el concepto de una mala madre, según denuncias las víctimas e integrantes del grupo.
También destacó que cuando se da el divorcio, los padres piden la custodia total con el fin de asegurar el control sobre la relación padre-hijos, pese a que durante la convivencia bajo el mismo techo no tuvieron interés en el cuidado del o los infantes.
Hernández Quiroz comentó que los agresores hacen falsas acusaciones en el área penal para que el proceso judicial se prolongue, con el apoyo de un sistema que los respalda bajo presuntos actos de corrupción, en donde los abogados generalmente están corrompidos por lo que ellas quedan desprotegidas.
“Hay patrones que se repiten en diferentes casos, casi siempre hay una demanda que nos pone en riesgo de pisar la cárcel, mientras ellos aprovechan sus recursos humanos y económicos superiores a las de nosotras para beneficiarse, mientras que por nuestro lado, en ocasiones nuestros abogados se ven corrompidos y solo nos atrasan y perjudican en el proceso”.
El 57 por ciento de las madres que están alejadas de sus hijos llevan entre siete meses a dos años impedidas de vínculos fraternos y filiales, sin embargo, en el caso de Daniela y Samantha, ninguna de las dos pierde la esperanza de volver a ver a sus hijos.
EN BUSCA DE UNA LEY VICARIA
Como primeros pasos, el colectivo Cam-Cai presentó a la diputada local Aurora Sierra Rodríguez, a finales de diciembre del último año un trabajo de investigación sobre la violencia vicaria para poder integrar una propuesta de ley para incluirla dentro de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, según explicó Samantha.
Fue este 27 de enero del 2022 que la panista presentó la iniciativa para reformar la fracción VI y VII del artículo 10, se adicione segundo párrafo del artículo 11, así como la fracción IX del artículo 12 y se reforme la fracción I del artículo 27 Bis de dicha ley. Esta se encuentra en análisis en la comisión de Igualdad de Género para su resolución.
La propuesta también busca establecer medidas preventivas y de atención al respecto, además de sanciones y medidas que se puedan imponer para tratar inhibir ese tipo de violencia y reeducar a la persona agresora.
En la misma Sesión Ordinaria del Congreso local, la diputada Mónica Silva Ruiz abordó el tema, en donde busca adicionar a Sección Primera Bis denominada Violencia Vicaria y el artículo 12 Bis a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.
Así como adicionar a fracción IX al artículo 2 de la Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Puebla; reformar la fracción IV del artículo 291 y el artículo 634 del Código Civil del Estado y la reforma el quinto párrafo del artículo 284 Bis y adicionar un sexto párrafo al artículo 284 Bis y el artículo 337 Ter al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Esta también se encuentra en análisis en las comisiones de Procuración y Administración de Justicia; Igualdad de Género y la comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez.