Además de encarar los incrementos paulatinos del peaje en la autopista México-Veracruz, que hoy es 24 por ciento más cara que hace seis años, es decir, 223 pesos más en promedio, los usuarios de esta importante vía, que conecta al centro con el norte y sur del país, sufren la creciente violencia que se vive especialmente en el tramo que atraviesa por Puebla, y que se agudiza frente a la insuficiente vigilancia de la Guardia Nacional en los puntos más riesgosos.
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Por si esto fuera poco, los consumidores finales de las mercancías que por ahí atraviesan deben pagar los altos precios de la inseguridad, pues las empresas se ven obligadas a contratar servicios y equipamiento contra robos, aunado a los costos regulares de operación, que en la última década se volvieron 700 por ciento más caros, apunta Anuar Musalem Valencia, vocero de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) en Puebla, quien además advierte que la criminalidad ocasionará el encarecimiento de varios productos.
Entre los municipios poblanos de Santa Rita Tlahuapan y Esperanza, choferes de transporte de carga y automovilistas detectan al menos ocho demarcaciones donde los asaltos, e incluso desapariciones, se han cometido de forma recurrente desde hace al menos una década. En los últimos años, no obstante, la incidencia delictiva ha crecido a niveles preocupantes, especialmente para quienes dependen económicamente del traslado y venta de mercancías.
Ante ese panorama adverso que se vive en la autopista, Simón Hernández León, abogado y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, considera que el Estado mexicano ha sido omiso al ser incapaz de brindar seguridad en esta vía. Afirmó, además, que la creciente violencia se deriva de una ausente política de coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, así como de los ministerios públicos estatal y federal.
Inconforma inseguridad a usuarios de vía de cuota
Muchos usuarios de esta vía federal sienten indignación e inconformidad frente al hecho de no recibir la vigilancia suficiente para garantizar su seguridad, especialmente porque el peaje no es necesariamente barato para transportistas y automovilistas en general, afirma Musalem Valencia, representante de la AMTM en Puebla.
Desde su perspectiva, hay varias debilidades de la autoridad en el cuidado de las personas y los bienes que transitan sobre la México-Veracruz, particularmente en el tramo que atraviesa suelo poblano. La principal de ellas es la escasa presencia de la Guardia Nacional en puntos con alta concentración de reportes de robo, asaltos y violencia.
Si bien elementos de dicha corporación incrementaron ligeramente su presencia en días recientes, especialmente desde Amozoc hasta Fortín de las Flores, esto ha sido insuficiente para inhibir los delitos, que se cometen principalmente de noche y madrugada, afirmó el líder de la AMTM.
Para Musalem Valencia, la ausencia de la Guardia Nacional en la autopista es evidente. Dicha situación genera descontento entre los transportistas, esencialmente porque, según él, el peaje debe garantizar tres servicios fundamentales a los usuarios de la vía: seguridad, condiciones adecuadas de la carpeta asfáltica, así como herramientas que contribuyen a salvaguardar la integridad de quienes transitan por ahí, como lámparas, señalamientos, entre otros. Y en muchos casos, insiste, no se garantizan estos derechos a todas las personas en la carretera.
“Es una realidad, cualquier persona que circula sobre una vía de jurisdicción federal puede notar que hay ausencia de la autoridad (...) Vaya, y no tan sólo en hechos delictivos, también en hechos de tránsito, que no llegaban a auxiliar. Desconozco las razones de la ausencia (...) pero la inseguridad no sólo es un tema de transporte, sino más bien es un problema socioeconómico”, subraya.
El vocero de la AMTM en Puebla advierte que, de no frenar los asaltos y robos a transporte en la México-Veracruz, los productos que por ahí se trasladan tendrán un alto encarecimiento que afectará a los consumidores, incluso superior al ya registrado actualmente.
Lo anterior no sólo debido al aumento de los costos de mantenimiento y peajes, sino también por la inversión que muchas empresas y transportistas están realizando para evitar ser víctimas de robo, como en la contratación de servicios de localización satelital, botones de pánico, entre otros. Esto sin contar que las pólizas de seguro para este tipo de unidades han subido de precio debido a la incidencia delictiva que atañe a los usuarios de la vía.
El aumento de muchos consumibles del transporte, como el combustible, refacciones, neumáticos, sensores y hasta computadoras, ha aumentado en los últimos 10 años hasta 700 por ciento (...) Parecería viable que el transporte mercantil circule por vías de cuota, pero eso encarece el producto o servicio expone.
Agremiados de la AMTM han denunciado recientemente entre 3 a 5 robos semanales a transporte en Puebla. Esta situación se ha vuelto preocupante para choferes y propietarios de la carga, pues, aunque los productos siguen siendo el bien que más se sustrae, prevalece también el hurto de los camiones y la violencia extrema contra los operadores.
Los vehículos de grandes dimensiones utilizan horarios vulnerables, que van desde la medianoche hasta las 6 de la mañana (...) todo ello incide en los hechos delictivos apunta.
Según el representante de esta organización en la entidad poblana, la sustitución de la Policía Federal por la Guardia Nacional impactó en la seguridad de esta vía. Asegura que la primera corporación mantenía una notable presencia en la carretera, situación que al menos ayudaba a inhibir los robos exprés, que hoy son los más comunes.
Musalem Valencia señala que en los últimos años han detectado dos principales formas de asaltar a transportistas y automovilistas en la autopista, desde Río Frío hasta Esperanza. Estas son, mediante la colocación de obstáculos en el camino, como rocas, trozos de guarnición, llantas o hasta vehículos, así como la extorsión con vehículos y patrullas apócrifas. En casi 100 por ciento de los casos se reporta la violencia física y verbal contra los choferes, destaca.
Estos hechos se agudizan en los tramos de la vialidad que tienen accesos, tanto regulares como irregulares, a poblados de Santa Rita Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, San Martín Texmelucan, Amozoc, Quecholac, Tecamachalco, Palmar de Bravo y Esperanza.
Ya no es robo sin violencia, ahora todo es con violencia. Tienen que lastimar completamente al operador, y eso es una cosa controvertida, porque, a mayor tecnología que le metas a tu vehículo, las bandas van a afectar más al operador para sustraer el vehículo enfatiza.
Ante ello, el vocero de la AMTM en Puebla advierte que, de no frenar los asaltos y robos a transporte en la México-Veracruz, los productos que por ahí se trasladan tendrán un alto encarecimiento que afectará a los consumidores, incluso superior al ya registrado actualmente.
Transitar la autopista es más caro
En la recta final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el costo del peaje en la autopista México-Veracruz, desde su arranque en la caseta de San Marcos Huixtoco, en el Estado de México, hasta la plaza de cobro de Paso del Toro, en Medellín de Bravo, Veracruz, registró un incremento promedio de 23.8 por ciento, que fue idéntico a lo que se heredó de la administración de Enrique Peña Nieto a finales de 2018.
Según Caminos y Puentes Federales (Capufe), entre 2024 e inicios de 2019 el costo de transitar sobre dicha vía, que atraviesa al menos tres entidades federativas, registró un aumento de 223 pesos en promedio, esto tomando en cuenta la media del peaje de automóviles particulares, autobuses de pasajeros y camiones de hasta cuatro ejes.
De 2012 a 2018, periodo gobernado por Peña Nieto, el incremento de las tarifas en dicha vía de cuota superó ligeramente 23 por ciento, pero en este caso el aumento fue de 176 pesos en promedio, también para las tres categorías de usuarios mencionadas en el párrafo anterior.
Hoy en día, atravesar por dicha autopista de inicio a fin tiene un costo de 742 pesos para autos y camionetas particulares, mil 411 pesos para autobuses de pasajeros y mil 332 pesos para unidades de hasta cuatro ejes, generalmente camiones de carga. A inicios del sexenio, el costo total para los mismos usuarios era de 598, mil 141 y mil 078 pesos, respectivamente.
Para llegar desde la Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz por la vía de cuota es necesario atravesar por las plazas de cobro de San Marcos Huixtoco; en Puebla: San Martín Texmelucan, Amozoc y Esperanza; y en Veracruz: Fortín de los Flores, Cuitláhuac y Paso del Toro. La de mayor costo es la del municipio poblano de Esperanza.
Sube robo a tranporte en Puebla durante este sexenio
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de 2024 se iniciaron mil 356 carpetas de investigación por robo a transportistas, es decir, 6.36 casos por día hasta ese momento.
Si bien los datos no se focalizan por autopista, es importante destacar que organismos como la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) ubican esta vialidad como el principal sitio donde se cometen hurtos contra transportistas a nivel estatal.
En ese sentido, el balance general durante el sexenio actual es de 9 mil 959 casos de robo a transporte en Puebla, esto tomando en cuenta los datos generados entre 2019 y julio de 2024. En contraste, durante el periodo gubernamental previo al actual, que inició en 2012 y concluyó a finales de 2018, se iniciaron 3 mil 480 carpetas de investigación por este tipo de hurtos. Dicho de otra manera, la incidencia de este delito creció 186 por ciento durante los últimos seis años.
Estado tiene obligación de brindar seguridad: abogado
La incapacidad de garantizar seguridad a todos los usuarios de la autopista genera corresponsabilidad al Estado mexicano en la comisión de robos y asaltos, consideró Hernández León, académico e investigador de la Ibero Puebla, quien enfatizó que es necesario instruir una política de colaboración efectiva entre autoridades de los tres niveles gubernamentales.
Desde la perspectiva del catedrático, si bien los crímenes son cometidos por particulares, la autoridad tiene la obligación expresa de brindar seguridad a la población, pues es un derecho constitucional.
En ese sentido, señala que la presencia de la Guardia Nacional, que es la autoridad con responsabilidad legal de protegerla, ayudó en su momento a reducir la incidencia delictiva en la zona. Sin embargo, en la actualidad dicha estrategia ya no funciona.
“La presencia de la Guardia Nacional en algún momento disminuyó o frenó el índice de actos delictivos, pero hemos visto que ha venido creciendo en los últimos dos años, sobre todo en municipios muy focalizados, donde hay grupos de delincuencia organizada, dedicados a hechos como robo a transportista. Estos elementos deberían ser suficientes para hacer medidas coordinadas de prevención y seguimiento”, arguye.
Hernández León hace hincapié en que dicha corporación perdió varias capacidades operativas que tenía la hoy extinta Policía Federal.
Pese a ello, afirma que la mayoría de delitos suscitados en la autopista, como robos y asaltos, son del fuero común, es decir, son perseguidos por las fiscalías locales. En ese sentido, el investigador remarca que las autoridades estatales y municipales no están exentas de la responsabilidad de vigilar las vías de comunicación federales y sus zonas colindantes.
No ha funcionado la estrategia, y pienso que hay un grado de responsabilidad importante en las entidades federativas y los municipios, que han descargado en la Federación el tema de la política de seguridad, como si sólo fuera una crisis que se resuelve con la Guardia Nacional. No han tenido la suficiente responsabilidad de vincularse y hacer lo que les toca en esos ámbitos opina.
Frente a ese contexto, Hernández León considera que ninguna autoridad puede desconocer su responsabilidad en la vigilancia de esta carretera, pues el Estado mexicano en su conjunto está obligado a brindar seguridad a la población.
En ese sentido, argumenta que es necesario instaurar una política integral efectiva que complemente esfuerzos entre todos los niveles gubernamentales, pero, sobre todo, con instituciones de prevención y procuración de justicia, es decir, policías y fiscalías, de las entidades federativas comprometidas en esta situación.
“En un principio garantizar la seguridad es obligación de la Guardia Nacional, sin embargo, si se comete un delito corresponde a las autoridades estatales, pues la mayoría son del fuero común, y es ahí donde vemos los desfases de comunicación. En principio la Guardia Nacional debe tener una capacidad operativa, de presencia más articulada. La tenía con la Policía Federal, y me parece que ese es un elemento sintomático, que se perdieron capacidades operativas, cuando la corporación se convirtió en Guardia Nacional”, apunta el investigador.
Actualmente existen al menos cinco leyes y reglamentos que detallan la responsabilidad del Estado mexicano, particularmente de las autoridades federales, de vigilar, delegar y garantizar la seguridad de la población que utiliza todas las vías de comunicación de la nación. Estos son: la Carta Magna, el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, así como las leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la de Seguridad Nacional.
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“Legalmente corresponde a una falta de coordinación institucional. Es un problema que atañe a todos los niveles de gobierno, desde luego que a Puebla, Veracruz y Estado de México, como entidades circunvecinas, pero también a la Federación, porque parte de estos tramos son de jurisdicción federal”, finaliza Hernández León.
