El nombre de la exfuncionaria de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles volvió a estar en el reflector público este miércoles, luego de que en una nueva audiencia le fuera negado otra vez el poder continuar su proceso legal en libertad.
Pero, ¿conoces a fondo el caso y lo que ha sucedido en torno a él?
Aquí te presentamos una breve cronología de lo que la ex secretaria de estado ha vivido desde el 2019 cuando fue recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.
¿QUIÉN ES ROSARIO ROBLES?
María del Rosario Robes Berlanga es una economista y política mexicana considerada miembro fundador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del cual, incluso fue presidenta.
A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos como diputada federal, secretaria de gobernación y jefa de gobierno del entonces Distrito Federal, mientras que a nivel nacional fue secretaria de Desarrollo Social y secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante la administración de Enrique Peña Nieto.
¿DE QUÉ SE LE ACUSA?
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, durante su paro por la Secretaría de Desarrollo Social, Robles Berlanga habría participado en una red de simulación de servicios y lavado de dinero.
A esta operación se le conoce con el nombre de “Estafa Maestra” luego de que el sitio Animal Político revelara mediante una investigación el supuesto desvío de miles de millones de pesos a través de universidades públicas, empresas privadas, empresas fantasmas y más de 50 servidores públicos.
Otras dependencias mencionadas en este presunto fraude millonario han sido el Banco Nacional de Obras, la Secretaría de Educación Pública, Petróleos Mexicanos y FOVISSSTE, aunque la única detenida hasta ahora sólo es Rosario Robles, pues Emilio Lozoya se encuentra siguiendo su proceso en libertar.
¿CUÁLES SON LOS MOMENTOS CLAVE DEL CASO ROSARIO ROBLES?
Fue la noche del 29 de julio del 2019 que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una audiencia para imputar a Rosario Robles el delito de ejercicio indebido del servicio público para el día 30 de julio, pero la priista indicó que debido a que no había sido informada con antelación de los delitos que se le acusaba y por consiguiente no tenía de defenderse conforme a la ley, por lo que se solicitaría el aplazamiento de la misma.
Para el 1 de agosto, de 2019, un juez de control citó a Rosario Robles a una nueva audiencia y fue así que el 12 de agosto de mismo que año que se pudo desahogar la audiencia inicial de Robles Berlanga, la cual duró siete horas y media, tras la cual se le imputó el delito de ejercicio indebido del servicio público, luego de los testimonios de algunos de sus ex colaboradores.
En esta misma audiencia, aunque la defensa de la mujer solicitó llevar su proceso penal en libertad, la solicitud no prosperó y fue llevada al penal femenil de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México.
Para el 25 de agosto, la FGR presentó su acusación contra Robles Berlanga y solicitó imponerle 21 años de prisión, tras lo que se citó a una audiencia intermedia después de que la defensa conoció los detalles.
Para el 27 de agosto, la defensa de Rosario Robles presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que nuevamente su defensa pidió que la imputada pudiera enfrentar su proceso en libertad, además de considerar que el Juez Delgadillo Padierna actuó de manera arbitraria.
Posteriormente el 18 de septiembre la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a la ex jefa de gobierno para ejercer cualquier cargo en el servicio público por un periodo de 10 años, mientras que el 30 de septiembre la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México confirmó que la única licencia tramitada por Rosario Robles tenía un domicilio en Coyoacán y no el que aparece en la identificación que se presentó como evidencia.
De nueva cuenta el 17 de diciembre Rosario Robles presentó una queja, pero esta vez ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para acusar al MP de fabricar pruebas en su contra.
En el cierre del año, el 27 de diciembre la magistrada Isabel Cristina Porras resolvió que no existe una supuesta “red de amigos”, además de acreditar que sí tiene arraigo en la Ciudad de México, pero determinó mantenerla en prisión.
Ya para el año 2020, el 20 de enero, la magistrada titular de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Administrativa, Rosa Edith de la Peña, concedió la Suspensión Definitiva de la inhabilitación ordenada por la SFP, en favor de Rosario Robles.
Mientras que 23 de enero el juez Delgadillo Padierna abandonó el caso Robles tras ser turnado como “juez administrador” del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur.
Posteriormente el 19 de marzo, con 271 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Pleno consideró ha lugar sobre acusar ante el Senado a Rosario Robles por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.
Pasaron los meses y el 30 de abril y durante una audiencia para revisar la medida cautelar, el juez Ganther Alejandro Villar descartó el tema de una licencia “falsa” como prueba aportada por el MP, pero pese a ello determinó mantener la prisión contra la priista.
Cerca de cumplir un año tras las rejas, el 13 de julio del 2020 Rosario Robes publicó una carta en la que narraba que se le había encerrado tras las rejas por ser ella y por ser mujer, más no por los delitos que supuestamente había cometido e incluso acusó una persecución política.
Tiempo después, el 7 de octubre, un Tribunal Federal otorgó un amparo para modificar la medida cautelar que mantenía a Robles en prisión, pero el 27 de octubre un juez federal determinó que el proceso penal en relación con la Estafa Maestra debía continuar.
Más tarde el 6 de noviembre de 2020 se libró una segunda orden de aprehensión contra Rosario Robles, ahora por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, misma que fue cumplimentada dentro de la cárcel de Santa Martha Acatitla, aunque posteriormente la defensa indicó que dicha orden de aprensión podría ser un trascendido, pues la exfuncionaria no había sido avisada.
Posteriormente a finales de noviembre, los abogados de Robles Berlanga informaron que la exsecretaria buscaría un acuerdo de oportunidad que le permitiera colaborar con la FGR mediante la figura de “Testigo protegido” e incluso la misma Rosario lo confirmó a través de sus redes sociales y hasta se llegó a mencionar el nombre de Luis Videgaray, sin que las acusaciones en su contra se confirmaran.
Nuevamente llegó el último mes del año y un juez de control aplazó la audiencia de la exsecretaria que había sido programada para este martes 8 de diciembre, misma en la que la FGR presentaría pruebas para sustentar la acusación por el delito del ejercicio indebido del servicio público. y posteriormente fijó la fecha para el 15 de enero del 2021.
Pero fue días antes de la fecha de la audiencia que un juez de nueva cuenta la aplazó hasta el 26 de febrero, pero la defensa ahora solicitó un nuevo plazo para el proceso, pero solo se difirió el horario y en esta, por negarse a reparar el daño patrimonial de más de cinco mil millones de pesos por el caso de la Estafa Maestra, a Robles Berlanga se le negó el beneficio de procedimiento abreviado.
Más tarde en el mes de marzo, la defensa de la priista formuló una nueva propuesta a la FGR para que la señalada se declarara culpable en un proceso abreviado que le permita recibir una sentencia de sólo seis años.
Pero Robles Berlanga lamentó que desde Palacio Nacional se interfiriera en asuntos de un órgano autónomo, esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteara desde su conferencia matutina que la Fiscalía tenía que buscar la reparación del daño en hechos de corrupción, coincidente con lo sucedido con su caso.
Días después Rosario Robles ofreció nuevamente aportar pruebas contra Luis Videgaray y Emilio Lozoya, pero esto no trascendió más pues nuevamente la exfuncionaria se declaró inocente de los delitos que se le imputaban, esto luego de que un juez aceptara más pruebas por parte de la FGR.
Para finales del mes de marzo, por el caso de la Estafa Maestra, un juez federal aceptó que el ex Oficial Mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, fuera llamado a declarar para aclarar porque no avisó de las supuestas irregularidades de las que era acusada Rosario Robles.
Ya pare el mes de junio del 2021, un juez federal otorgó un amparo a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), abriendo el camino a que la funcionaria pudiera llevar en libertad el proceso en su contra, pero semanas después, Sergio Arturo Ramírez, entonces abogado de Rosario Robles, dio a conocer su renuncia, por la negativa de la señalada a convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR).
Por su parte, un juez federal dio entrada a una impugnación de la FGR y la ASF en contra del amparo que le había sido otorgado a la funcionaria a fin de seguir su proceso en libertad.
En los primeros días de agosto y a punto de cumplir dos años presa, Rosario Robles publicó en Twitter una nueva carta en la que señaló que en su caso se ha permitido la institucionalización de la venganza e incluso afirmó que debido a ello la prisión preventiva es la regla y no la excepción.
Posteriormente en el mes de septiembre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la inhabilitación de Robles Berlanga por 10 años para ejercer cualquier cargo público, mientras que en el mes de octubre la Fiscalía impugnó la sentencia de un juez federal que amparó a Rosario Robles contra las declaraciones y juicios de valor del Fiscal Alejandro Gertz Manero en su contra.
Finalmente, el pasado miércoles 20 de octubre un juez federal determinó que Rosario Robles, extitular de Sedatu y Sedesol, continuará en prisión preventiva oficiosa por el caso d la Estafa Maestra, ante un riesgo de fuga, "El resguardo domiciliario como una opción, una alternativa ofrecida por la defensa en algún momento del proceso, le facilitaría los medios para abandonar el territorio”, señaló el togado.
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