La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) advirtió que si la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revoca hoy una sentencia y ampara a Gustavo Cárdenas Fuentes, tío del exdirector de Seguridad Federal de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, podría generar un daño indirecto de 10 mil millones de pesos a la Hacienda Pública federal.
Esta mañana, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Félix Arturo Medina Padilla, titular de la PFF, advirtió que en la sesión de este miércoles la Segunda Sala del Alto Tribunal discutirá un proyecto en el que Cárdenas Fuentes busca obtener un amparo que lo libraría de pagar 163 millones de pesos por concepto de impuestos que adeuda desde 2015, los cuales ascenderían hasta los 342 millones de pesos con las actualizaciones correspondientes.
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De acuerdo con el funcionario federal, sin embargo, la importancia del caso va más allá de la suma millonaría que adeuda el tío del exmando policiaco, pues éste además generaría un precedente que impactaría a otros asuntos que mantiene abiertos la Procuraduría Fiscal, lo que generaría un daño al erario por más de 10 mil millones de pesos.
“¿De cuánto estaríamos hablando? Pues decenas de miles de millones de pesos, calculamos por lo menos 10 mil millones de pesos en la afectación de procedimientos que se están integrando actualmente en visitas de verificación, en facultades de revisión del SAT, más los asuntos que actualmente se dirimen en tribunales federales”, señaló..
Medina Padilla expuso que el proyecto a discutir esta tarde se encuentra a cargo del ministro Luis María Aguilar Morales quien, luego de presentar el mismo proyecto en tres ocasiones anteriores durante 2022 y retirarlo sin motivo aparente, finalmente expondrá una cuarta versión ante sus compañeros.
En sus proyectos anteriores, Aguilar Morales planteó negar el amparo a Cárdenas Fuentes, pero en la más reciente versión que enlistó en los asuntos a discutir en la Segunda Sala de la SCJN dio un giro a su propuesta y ahora propuso que se le sea otorgado.
Ante esta situación, es que el presidente López Obrador pidió al procurador Fiscal que expusiera el asunto en su conferencia de prensa, pues si los ministros “no lo revisan a fondo y resuelven por influyentismo, por consigna, van a dañar a la Hacienda pública”.
Los adeudos fiscales del tío de Luis Cárdenas Palomino
Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador, el procurador fiscal explicó que en 2016 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigó las cuentas bancarias de Gustavo Cárdenas Fuentes y determinó un crédito fiscal −un adeudo− por más de 163 millones de pesos.
Derivado de ello, Cárdenas Fuentes presentó un juicio de nulidad y diversos amparos que llegaron a la Suprema Corte, donde se turnó el asunto para el análisis de la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales, luego de que éste se inconformara por una sentencia en su contra por un Tribunal Colegiado.
Entre las pruebas presentadas por las autoridades federales para determinar que el tío del exmando policial es deudor de impuestos, se encuentra la adquisición de un automóvil Ferrari modelo 458 SPIDER valuado en 5.6 millones de pesos, así como la donación en 2016 de un inmueble en Polanco con un valor de hasta 50.8 millones de pesos.
Medina Padilla detalló que Cárdenas Fuentes está vinculado con al menos cinco empresas que recibieron contratos de administraciones federales anteriores por más de 600 millones de pesos para la adquisición de equipos de espionaje y seguridad.
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Entre ellas, dijo, Obses de México, compañía de la que es el representante legal y la cual recibió contratos públicos por un total de 281.9 millones de pesos entre 2010 y 2016, además de que es abuelo de Gustavo Cárdenas Moreno, quien obtuvo más de 37 contratos por un valor de 673 millones de pesos durante el gobierno de Felipe Calderón.
Por otra parte, el Procurador Fiscal refirió que Gustavo Cárdenas Fuentes habría formado parte de una red criminal mediante la cual Luis Cardenas Palomino recibió recursos en 2017 de la empresa Adamantium Private Services, provenientes de Nunvav Technologies Inc, misma que presuntamente fue utilizada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, para desvíar 745.9 millones de dólares de recursos públicos a Estados Unidos.
