Una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la demanda que el presidente Andrés Manuel López Obrador interpuso contra la ley que en Baja California busca censar a los vehículos importados al país, incluyendo los que ingresaron ilegalmente o llamados “autos chocolate”.
De esta forma la ministra Yasmín Esquivel admitió a trámite la controversia constitucional con la que se busca invalidar la ley impulsada por el gobernador Jaime Bonilla con la que se creó el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California.
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En la demanda, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal señaló que la legislación invade competencias exclusivas de la Federación en materia de importación, recaudación de impuestos y regularización de vehículos usados provenientes de Estados Unidos.
Ante esto, López Obrador pidió ante la Corte, se declare la invalidez de toda la ley o bien de 17 de sus 30 artículos entre los que destaca que la inscripción al padrón tendrá un costo para propietario del carro ‘chocolate’, cantidad que en un principio era de mínimo mil pesos, pero que los diputados acordaron que el precio será definido con posterioridad.
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En semanas pasadas organismos empresariales denunciaron que dicha ley legaliza el contrabando de vehículos en Baja California y contraviene el marco jurídico federal, por lo que implementar un Instituto como el planteado, iría aún más allá de una pretendida regularización.
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