El despacho de abogados de Rosario N rechazó las declaraciones del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien sostiene que la ex titular de Sedesol no coopera para esclarecer los actos de corrupción que se le acusan. “Significa que el fiscal pretende utilizar la prisión preventiva como un mecanismo coercitivo contra la ciudadanía. Antes eran “tehuacanazos” hoy es prisión”.
Epigmeo Mendieta y su despacho de abogados, afirma que pareciera que Rosario N está privada de su libertad por no querer “colaborar” con las autoridades, cuando en este país ese hecho no es ningún delito.
Al medio día de hoy, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aclaró que el trato diferenciado que se da a Emilio Lozoya y a Rosario N, ambos exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, tiene su origen en que el primero sí coopera para esclarecer los actos de corrupción de los que se le acusa.
"En el otro caso (Rosario N) no hay esto, y es un daño por 15,000 millones de pesos y están involucradas gran parte de las instituciones de educación pública del país. La jerarquía de los daños merece cooperación para esclarecer la llamada 'Estafa Maestra', (pero no ha ocurrido)", agregó al participar en un seminario del Colegio de México.
Ante estas declaraciones, la defensa de Rosario N, quien se encuentra en prisión preventiva en el reclusorio femenil de Santa Martha por la denomina Estafa Maestra, señala que el fiscal da a entender que Berlanga está en prisión por “no ser solidaria con el Estado”, dejando en entredicho que nuestra defendida está privada de su libertad por no “delatar” a otros funcionarios cuando en realidad no tiene nada que revelar.
El equipo legal que representa a Rosario N sostiene que el falso que la ex funcionario este acusada de una afectación al erario federal. “Contrario a lo dicho por el fiscal, Rosario N enfrenta un proceso por un supuesto delito de omisión de resultado formal, no de acción”.
Mediante un escrito, los abogados afirman que su defendida es acusada de ejercicio ilícito del servicio público, delito considerado no grave y que tampoco trae aparejado la reparación de un presunto daño. “Por esta acusación debería tener el beneficio de enfrentar su proceso en libertad”.
Sostiene que una de las imprecisiones observadas por el fiscal Gertz señalan a Rosario N de provocar un daño patrimonial, sin embargo, “no existe ninguna acusación formal por parte de la FGR por un delito diferente al que ya se mencionó. La Fiscalía General de la República está obligada a investigar, fundamentar y comprobar sus acusaciones plenamente, más allá de toda duda razonable y no sólo hacer imputaciones”.
Agrega que hasta el momento las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público para justificar la prisión preventiva, como la licencia falsa, han sido desacreditadas en cada una de las audiencias, por lo que las declaraciones del fiscal contravienen el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a los derechos del imputado, que señala en su fracción I que la acusada debe ser tratada como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad; en su fracción XIV a no ser expuesta a los medios de comunicación y en su fracción XV a no ser presentada ante la comunidad como culpable.
“El fiscal general marca una diferencia entre las conveniencias políticas de sus testigos colaboradores y lo que no tienen ese carácter, esto según sus propias palabras. Sus declaraciones son una afrenta al debido proceso y a la presunción de inocencia, y demuestra que se trata de una detención arbitraria y una nueva modalidad de presión”.
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