Hacia finales de 2020, México enfrentará un incremento en la incertidumbre jurídica, conflictividad social, ineficacia gubernamental y deterioro económico, derivado de la contingencia por el Covid-19, advirtió la firma Integralia.
“La contingencia sanitaria y la falta de políticas contracíclicas derivarán en una caída drástica de la actividad económica”, advirtió la consultoría en su reporte especial sobre las implicaciones políticas y sociales de la pandemia en México.
Además, también destacó que las capacidades de respuesta gubernamental serán puestas a prueba y, en muchos casos, superadas por la contingencia, sobre todo en lo que tiene que ver con la salubridad pública.
Ambas circunstancias, explica el documento, derivarán en un aumento de la conflictividad y polarización social, que se traducirá en un mayor número de protestas, actos de vandalismo y saqueos. Se profundizará, así mismo, la división de la sociedad en dos polos, como resultado no sólo de la crisis misma, sino de las declaraciones que hagan actores relevantes, incluido el presidente de la República.
“Un mayor riesgo político en 2021 augura un entorno de negocios más complejo y retador para las empresas”, subraya la consultoría en su estudio.
Asimismo, alerta que la pérdida de control de la agenda pública por parte del Gobierno en un entorno de crisis económica puede estimular el surgimiento de nuevos liderazgos políticos que canalicen el descontento hacia figuras o partidos que hoy lucen ausentes. Esos elementos podrían nivelar los equilibrios perdidos cuando en 2018 Morena y sus aliados arrasaron en las elecciones federales y con ello obtuvieron un control hegemónico en el Congreso y en muchas entidades del país.
“Aunque es prematuro estimar el impacto electoral de las crisis sanitaria y económica, uno de ellos podría ser una menor votación para los candidatos de Morena en 2021: diputados federales, gobernadores, alcaldes y diputados locales.
La experiencia muestra que los partidos en el gobierno sufren merma después de una crisis económica. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la mayoría absoluta en 1997 después de la crisis de 1995; el PAN tuvo un retroceso en la elección de diputados federales de 2009; y algo semejante podría ocurrir ahora, aunque ello será diferenciado por región del país y grupo poblacional”, afirma.
El estudio advierte también un distanciamiento y eventual rompimiento de las relaciones del sector empresarial y el gobierno.
“La tardanza para dar a conocer el plan de infraestructura en materia energética (por la negativa del gobierno a reabrir las rondas petroleras y los farmouts) y la cancelación “política” de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, han gestado ya una posición de desencanto y mayor lejanía del Consejo Coordinador Empresarial y otros organismos con el gobierno, mientras que la falta de interés del gobierno para dar apoyos durante la crisis a la planta productiva y el discurso más anti empresarial que surgirá cuando el presidente culpe a las empresas de falta de inversión y del desempleo que surgirá, gestarán el clima para un eventual distanciamiento entre IP y gobierno”, sentencia.
El estudio considera que el Gobierno tendrá menor margen de maniobra fiscal y menos recursos políticos para empujar su agenda. Y el revés más visible será en el rescate de Pemex.
México corre el riesgo de un colapso económico: Concamin
México corre el riesgo de un colapso económico de imprevisibles consecuencias y millones de desempleados si el Gobierno no establece un plan de ayuda a las empresas durante el periodo de emergencia por el coronavirus, afirmó este martes a Efe el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), Francisco Cervantes.
"Las consecuencias de esta emergencia sanitaria no pueden recaer solamente en las empresas. El gobierno tiene que movilizar un fondo de rescate similar al de Estados Unidos o los países europeos. De lo contrario se condena a la quiebra a miles de empresas", advirtió Cervantes.
El presidente de Concamin mostró su alarma ante el decreto aprobado el lunes por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que se indica que "las empresas deben pagar completos los salarios de los trabajadores durante la emergencia sanitaria".
La ley de la emergencia nacional hasta el 30 de abril impide que las empresas incumplan la obligación de mantener el pleno empleo y el cien por cien de los salarios, lo que supone en la práctica, según Cervantes, "condenar a la ruina a miles de empresas".
