El proceso electoral 2018 es el más grande en la historia de México. Estarán en juego más de tres mil 400 cargos de elección popular en 30 elecciones locales y una federal, por los cuales participarán alrededor de 70 mil ciudadanos.
Al combinar esas cifras con la falta de lineamientos sobre qué podrán hacer los gobiernos de los tres niveles con recursos públicos es previsible que los partidos de oposición en cada una de las entidades comiencen a saturar de quejas al INE o de juicios al Tribunal, sobrejudicializando el proceso según explicó Jesús Cantú, exconsejero del Instituto.
“No me preocuparía la judicialización, porque finalmente es una vía institucional para resolver cualquier tipo de conflicto, lo que sí me preocupa y mucho es que no se han tomado las medidas necesarias para atender con la oportunidad indispensable por el tipo de quejas que se puedan presentar por el gran número de elecciones que vienen”, aseveró.
Tras la reforma electoral de 2007, las violaciones a la ley electoral relacionadas con el artículo 134 (sobre propaganda y programas sociales) se resuelve a través del recurso llamado Procedimiento Especial Sancionador. Dicha figura fue ratificada en 2014.
“Por un lado el INE va a tener que estar integrando los expedientes, pero por otro qué va a suceder con la Sala Especializada, tendrá la capacidad para atender tantas quejas que lleguen”. Faltaría otra Sala Especializada, añadió Cantú.
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