Sin que las relaciones entre México y Estados Unidos hayan progresado demasiado en el tema de seguridad, parece que ambos países buscarán dar un paso adelante con la renovación de la iniciativa Mérida. Creada en 2008, este trabajo en conjunto se encuentra detenido y en vías de adaptarse a las líneas que buscan seguir los mandatarios de ambos países.

Después del arresto de Salvador Cienfuegos, las tensiones crecieron sobre la forma en que su relación funcionaba para el combate contra las drogas. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y Joe Biden, su contraparte de Estados Unidos, ahora buscan sentar las bases para su nuevo acuerdo de seguridad.

¿CÓMO COMENZÓ LA INICIATIVA MÉRIDA?

Anunciada en 2007, la Iniciativa Mérida se presentó como un capítulo histórico en la cooperación y conocimiento compartido de responsabilidades entre Estados Unidos y México para combatir la violencia provocada por las drogas que afectaba ambas fronteras.

Se encontraba financiada por el Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) de Estados Unidos. Del lado americano, se centró en el suministro de equipos importantes como activos aéreos para reforzar las fuerzas tanto del ejército mexicano como de la policía federal.

Su enfoque cambió para el fortalecimiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en el 2011. La intención era mejorar los enjuiciamientos penales, así como apoyar la capacidad de una amplia variedad de instituciones y del personal de los sectores de justicia como de seguridad.

Estos proyectos se realizaban con la aprobación de ambos gobiernos y algunos de los organismos que se veían beneficiados eran la SEGOB, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración. Pero, la iniciativa no se encargaba de dirigir operaciones conjuntas militares o policiales, solo a la distribución de equipo para fortalecer la seguridad.

Dentro del plan original, señalaba cuatro pilares como los claves del plan. El primero era la disrupción en la capacidad operativa del crimen organizado; el segundo enfocado en institucionalizar la capacidad para sostener el estado de derecho; el tercero sobre crear una estructura fronteriza del siglo XXI y el cuarto para construir comunidades fuertes y resilientes.

¿CUÁNDO SE COMPLICÓ LA RELACIÓN?

Esta cooperación terminó por cambiar cuando en octubre del 2020 agentes antinarcóticos de los Estados Unidos arrestaron a Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional de México (Sedena) de México en un aeropuerto de Los Ángeles.

El arresto tomó por sorpresa a la administración de López Obrador, lo que originó que se cuestionara sobre la forma en que los agentes de narcóticos estadounidenses operaban en México. Una vez que logró la extradición de Cienfuegos, decidió liberarlo de los cargos y dejar de lado la investigación realizada por Estados Unidos.

Como siguiente paso, el gobierno mexicano incrementó la legislación por medio del Congreso para que los agentes estadounidenses trabajaran en el país. Esto trajo críticas de parte de los estadounidenses, quienes han señalado muchas obstrucciones para poder llegar o terminar con los grandes cárteles de la droga.

LAS PREOCUPACIONES DEL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE

Dentro de un análisis realizó por el Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos, señaló las preocupaciones sobre los efectos del crimen organizado como de la viabilidad de la Iniciativa Mérida.

En este documento explican que los homicidios en México alcanzaron niveles históricos desde 2016 a 2019, solo teniendo una leve caída en 2020 ante la pandemia del coronavirus. Mientras que, las muertes por sobredosis de droga siguen en incremento dentro de los Estados Unidos.

Con este proyecto se han invertido cerca de 3.3 billones de dólares para la estrategia de seguridad de México como en los esfuerzos en conjunto, por lo que la administración de Joe Biden busca ser más eficaz con la gran cantidad de dinero otorgada. Ya para el 2022, bajó la cantidad de dinero para este plan en 27 por ciento y solo solicitó una asistencia por 116.5 millones de dólares.

Junto a las razones económicas, el análisis señala preocupaciones ante la estrategia de seguridad de López Obrador como evitar perseguir a Salvador Cienfuegos como a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex). Además, de que ha enfocado sus esfuerzos en planes sociales y no en una estrategia de seguridad.

“Se ha desplegado la Guardia Nacional para asegurar las fuentes de petróleo, retomar el control territorial y controlar el alto nivel de criminalidad en algunas áreas, así como la seguridad de la frontera”, indica el documento. “Existen preocupaciones sobre la Guardia Nacional violando los derechos humanos como operando como una rama militar”.

¿QUÉ SIGUE PARA LA CONFORMACIÓN DE UN NUEVO PLAN?

Para llegar a un nuevo punto de encuentro, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos junto a Merrick Garland, fiscal general y Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, sostendrán conversaciones iniciales a partir de este viernes 8 de octubre.

Después de esto, nuevas reuniones se realizarán en noviembre para que el 1 de diciembre sea presentado un nuevo plan. Dentro de los objetivos de esta renovación, fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que se espera la implementación de programas contra la violencia en México.