Con su primer reporte personal sobre el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador invalida las evidencias de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) sobre la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Las pruebas proporcionadas por Estados Unidos a México, hace tres años, constan de una serie de comunicaciones interceptadas por la DEA a Guerreros Unidos, grupo criminal involucrado en la desaparición de los normalistas. La DEA habría intervenido las comunicaciones al momento de los hechos, 26 y 27 de septiembre de 2014, como parte de una investigación sobre tráfico de drogas hacia Chicago.
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Fue el mismo presidente López Obrador quien el 5 de mayo de 2021 solicitó dichas evidencias a Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos.
Las evidencias proporcionadas por el país vecino del norte son uno de los soportes documentales que utilizó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) del Caso Ayotzinapa para la elaboración de sus dos informes, el de agosto de 2022 y el de septiembre de 2023.
La comisión, cuyo objetivo es “saber qué pasó durante la desaparición de los 43 estudiantes (...) conocer su paradero y garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y el acceso a la justicia”, fue creada el 4 de diciembre de 2018 mediante un decreto del presidente López Obrador
En las transcripciones de las comunicaciones interceptadas por la DEA se evidencia la relación entre integrantes del cártel Guerreros Unidos con autoridades municipales, estatales, policiales y de las Fuerzas Armadas
“Las intervenciones de la DEA confirman el vínculo entre ‘Guerreros Unidos’ con el elementos de las Fuerzas Armadas”, confirma el segundo informe de la Covaj sobre el caso. Allí se señala de manera particular a elementos y mandos del 27 Batallón de Infantería y del 41 Batallón de Infantería.
“Una pregunta como sellama el teniente q iba mucho al ranchito el cuando tubimos el pedo con el terser batallon y el q los de tubo q no la icieran de pedo (sic)”; “K los milis les gusto un chingo el caldo, mañana kiern ir alos canguerejos y kieren el caldo para el jueves (sic)”; “Aguante estoy con los de la marina y voy al batallon (sic)”; “Ay anda la marina va departe de nosotros (sic)”; son algunos de los mensajes transcritos que ejemplifican la relación.
En el segundo informe de la Covaj, también se vincula a las Fuerzas Armadas en el caso Ayotzinapa mediante los documentos que conforman la averiguación previa del caso Iguala, así como con declaraciones de testigos con identidad reservada. Con esto, la comisión concluye que “diversas fuentes aportan elementos suficientes sobre los vínculos entre elementos del Ejército y Guerreros Unidos”.
“Un militar de apellido *, quien en ocasiones pasadas se presentó a recibir dinero de *; además de otro militar de nombre *, que era proveedor de armas y cartuchos para Guerreros Unidos y tenía amistad con los comunitarios. * los apoyaba en el traslado de armas utilizando sus vehículos”, refiere la declaración de Walter N, uno de los integrantes del cártel.
La declaración de “Juan”, un testigo con identidad preservada, agrega en su declaración que “algunos mandos del ejército estaban en la nómina del grupo”, involucrando a un coronel. Los militares señalados, además de recibir dinero de Guerreros Unidos ayudaban al “trasiego de armas y drogas” y cuando decomisaban armas a otros grupos delictivos, se las daban a Guerreros Unidos.
Ambas declaraciones están asentadas en el segundo informe de la Covaj y también son desacreditadas por López Obrador.
Además de las pruebas que vinculan a elementos castrenses con Guerreros Unidos, los informes de la Comisión de la Verdad señalan otra responsabilidad de las Fuerzas Armadas: su omisión para actuar, dado que todo el tiempo estuvieron enteradas de lo que ocurría.
Pese al soporte documental utilizado por la Covaj, en su “Primer Reporte del presidente de México sobre los jóvenes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa” -entregado a padres y madres de los normalistas el 8 de julio pasado- López Obrador se dijo desconfiado de los señalamientos “sin pruebas” al Ejército.
“No hay duda de la responsabilidad del Estado (...) pero el señalamiento al Ejército, sin pruebas, me produce mucha desconfianza y sostengo que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar una institución fundamental del Estado mexicano”.
“Como quisieron hacerlo en el caso del general Salvador Cienfuegos o como lo están haciendo ahora en mi contra con una campaña de desprestigio, sin pruebas, tratándome de vincular con la delincuencia organizada por motivos políticos e ideológicos”, escribió el Presidente en su reporte.
Según el jefe del Ejecutivo federal, el Estado, sin el Ejército, sí tiene la responsabilidad del caso Ayotzinapa y apunta que señalar a las Fuerzas Armadas es únicamente un motivo político e ideológico desde el extranjero para atacarlo a él.
La presunta conspiración internacional mencionada por el Presidente se debe a que en febrero de este año tres medios de comunicación internacionales publicaron de manera simultánea un reportaje en el que presentan un presunto financiamiento del crimen organizado a las campañas presidenciales de López Obrador en 2006 y 2012. Todo esto basado en una filtración de una investigación cerrada por la DEA.
En su primer reporte personal sobre el caso Ayotzinapa, López Obrador exime la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y la relega a autoridades municipales y estatales, coincidiendo con la primera parte de la denominada “verdad histórica”, es decir la versión que publicó la entonces Procuraduría General de la República, que era encabezada por Jesús Murillo Karam.
Según la “verdad histórica”, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se debió a que los estudiantes quisieron sabotear un informe de la presidenta del DIF de Iguala, hecho que fue impedido por la policía municipal y que, como la institución tenía vínculos con el cártel Guerreros Unidos, hicieron uso excesivo de la fuerza.
La misma versión señaló que los 43 normalistas fueron privados de la vida, incinerados en un basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan en el mismo municipio.
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De acuerdo con los informes de la Covaj, para construir la “verdad histórica” participaron el expresidente Enrique Peña Nieto, su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el procurador Murillo Karam, y otra veintena de autoridades de los tres niveles de gobierno e integrantes de las Fuerzas Armadas.
En respuesta al reporte del presidente López Obrador, madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa emitieron el jueves un pronunciamiento conjunto en el que criticaron la intención de eximir al Ejército del caso, además de cuestionar que el primer mandatario no es la víctima.
