El más reciente informe elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS, por sus siglas en inglés) sobre la relación entre ese país y México afirma que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido renuente a investigar los diversos casos de corrupción en los que están involucrados sus familiares y cercanos.
“El presidente López Obrador no ha estado dispuesto a permitir que los fiscales investiguen las denuncias que involucran a su familia y aliados”, se lee en el documento fechado el 21 de marzo.
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Sin entrar en detalles, el informe destaca el caso de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente, quien fue señalado en una investigación periodística de haber vivido en una mansión de Texas, propiedad de un alto directivo de la petrolera Baker Hughes, la cual ha sido beneficiada en la actual administración con contratos por más de 151 millones de dólares con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Sobre el asunto, el reporte del Congreso estadounidense indica que al momento del escándalo la popularidad de López Obrador era de 64 por ciento, “probablemente debido a su entrega de programas sociales”. Un mes después, sus preferencias cayeron hasta 54 por ciento.
El informe se publicó en medio de la euforia al interior de la Cuatroté por la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una de las obras insignia de la actual administración.
Al día siguiente, durante su conferencia matutina, el presidente criticó que el Congreso de Estados Unidos aprobó en cuestión de días recursos para apoyar a Ucrania en tanto que no ha procedido con la misma celeridad para financiar los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica a fin de contener los flujos migratorios.
“Acaban de autorizar recursos para Ucrania y está bien… pero eso lo aprobó el Congreso estadounidense creo que en dos días, y el apoyo para los hermanos centroamericanos ya va para cuatro años y no se aprueba.
“Entonces, a ver, ¿por qué está detenida esa iniciativa en el Congreso?, ¿qué, no es importante? ¿Por qué no se aprueban los recursos para Centroamérica?”, cuestionó el mandatario.
El informe del CRS también recuerda el caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional detenido en octubre de 2020 en Estados Unidos por diversos cargos relacionados al narcotráfico y lavado de dinero que “sorprendió al gobierno mexicano”.
“En respuesta a la presión mexicana, Estados Unidos acordó abandonar el caso y permitir que Cienfuegos regresara a México donde fue exonerado de todos los cargos”, refiere el reporte.
INSTITUCIONES ANTICORRUPCIÓN SIN FONDOS
El documento también señala que López Obrador ha dejado sin fondos a las instituciones encargadas de combatir la corrupción, pese a que la lucha contra este fenómeno fue una de las principales banderas que blandió durante su campaña presidencial y por la cual ganó la presidencia de México.
De acuerdo con el reporte, entre las instituciones clave para detectar y combatir la corrupción que han sido perjudicadas por la política de austeridad republicana del presidente están la Fiscalía General de la República (FGR) y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Destaca como punto positivo que en febrero de 2019 el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, nombró a un fiscal especial anticorrupción, quien recibió un importante presupuesto para 2020 y 2021 en medio de recortes presupuestarios generalizados. También que “avanzan” las investigaciones en torno a los principales casos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto: La Estafa Maestra y Odebrecht.
Sin embargo, advierte que la FGR aún no judicializa unas 500 denuncias por corrupción presentadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), sólo en la presente administración.
Sobre el SNA, el documento indica que en enero de 2022 la administración de López Obrador propuso eliminar a su Secretariado Ejecutivo pese a que es el principal brazo de soporte técnico encargado de evaluar las actividades anticorrupción del país.
En últimos meses, distintas entidades y políticos del gobierno de Estados Unidos han hecho pronunciamientos más duros en torno a la situación que se vive en México y en temas como la violencia contra periodistas, la inseguridad en el país y los efectos que tendría la reforma eléctrica sobre las empresas de ese país de aprobarse.
Los pronunciamientos han tenido respuesta desde Palacio Nacional, desde donde se ha acusado al Gobierno norteamericano de financiar a organizaciones no gubernamentales calificadas como “golpistas”.
“Si el gobierno de Estados Unidos no quiere cambiar su política, allá ellos. Si van a seguir financiando a grupos opositores a gobiernos legal y legítimamente constituidos, pues no van a poder tener autoridad moral para hablar de libertad y de democracia, mucho menos de independencia y de soberanía”, dijo apenas ayer el presidente de México.
