La contrarreforma eléctrica impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en crisis al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL). El presupuesto apenas le alcanza para cubrir la nómina de sus 860 trabajadores hasta el mes de septiembre, esto a pesar de que desde 2020 inició una reducción de su nómina.
Eso no es todo. El instituto reporta adeudos con Hacienda, por el pago de Impuesto Sobre la Renta de 14.1 millones de pesos. Y debe 53 millones de pesos en finiquitos a trabajadores que “se fueron por razones personales bajo convenio”, un eufemismo para decir que los despidieron. Además, el fideicomiso para el pago de trabajadores jubilados sólo tiene 11 mil pesos.
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“Ya no tenemos para pagar la nómina”, aseguró el director de Administración y Finanzas, José Antonio Meza Figueroa, en una reunión con trabajadores el 12 de julio, a cuyo audio tuvo acceso El Sol de México. El funcionario indicó que la situación en el INEEL es “difícil, endeble y precaria”.
En la misma reunión, la directora del INEEL, Georgina Izquierdo Montalvo, afirmó que “la situación en el último trimestre se ve un poquito difícil”. Este medio pidió una postura a la funcionaria sobre el diagnóstico presentado a los trabajadores y la situación que vive la institución, a lo que respondió: “me reservo”.
La crisis en la dependencia se debe a que los recursos que tenía para impulsar la investigación y el desarrollo de proyectos para el sector privado energético, para Pemex y para la Secretaría de Energía (Sener) fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación luego de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) canceló los fideicomisos destinados a tal propósito.
Según una auditoría de 2020, en la institución existe “una grave crisis de liquidez” porque “en los últimos tres ejercicios, la entidad ha mostrado una tendencia a la reducción de los ingresos propios generados por su gestión, los cuales pasaron de 357 millones 851 mil 725 pesos en 2018 a 137 millones 279 mil 937 en 2020”.
La caída en los ingresos obtenidos por la venta de proyectos de investigación impidió el funcionamiento del instituto.
Izquierdo Montalvo explicó en reunión con los trabajadores, realizada la semana pasada en el auditorio de la institución, que esto es consecuencia de que no ha habido más contratos o convenios de investigación con el instituto. “Estamos en espera de un nuevo convenio y obtener el visto bueno del licenciado (Manuel) Barttlet”, se le escucha decir en el audio.
TRABAJADORES DEMANDAN SOLUCIONES
Al movilizarse frente al INEEL, investigadores despedidos aseguraron que en total son 160 los trabajadores expulsados con engaños y quienes firmaron convenios de jubilación o de baja sin que hasta ahora, después de ocho o nueve meses, hayan recibido su finiquito.
Explicaron que tras la contrarreforma eléctrica se crearon diversos obstáculos administrativos para seguir obteniendo recursos de Pemex y la CFE. “Son procesos largos y tediosos, la revisión de las propuestas llevan hasta nueve meses y no se han aprobado, por lo que la falta de dinero hace que el instituto esté en quiebra, una crisis para la cual, como respuesta, la directora y la secretaria (Rocío) Nahle han impulsado el desmantelamiento del área de investigación. Se están quedando sólo con el cascarón”, denunció el investigador Norberto Pérez Rodríguez.
Otros trabajadores, que pidieron el anonimato ante la posibilidad de alguna represalia dado que aceptaron el acuerdo para reducir su salario hasta 50 por ciento, acusaron que la CFE solicita al instituto tener solvencia económica como respaldo para asignarles un proyecto, cosa que el INEEL no tiene.
El INEEL tiene sus antecedentes en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, creado por decreto presidencial el 1 de diciembre de 1975, en medio del boom petrolero y energético del país.
El 24 de diciembre de 2015, con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, se le cambió el nombre y se le atribuyó un papel protagónico para brindar apoyo técnico y científico a la Sener para “formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de energía eléctrica en general y energías limpias en particular”.
Tiene como principales objetivos “la investigación, la innovación aplicada, el desarrollo tecnológico, la ingeniería y los servicios técnicos especializados en áreas como la eficiencia energética, la planeación y expansión del sistema eléctrico nacional, la confiabilidad, seguridad, simulación, las energías renovables, la automatización y las nuevas tecnologías de información”.
Con la reforma del presidente López Obrador, sus proyectos de participación prioritaria se redujeron cada año.
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