En su conferencia mañanera del 27 de enero de 2020, el jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, citó una encuesta que, según su dicho, indicaba que los mexicanos estaban más preocupados por los baches en su colonia que por la inseguridad. Intrigada por el dato, una ciudadana requirió a Presidencia de la República el ejercicio demoscópico, pero obtuvo como respuesta un: no tenemos información.
Meses más tarde, el 15 de mayo, el mandatario mexicano hizo otra afirmación polémica: que nueve de cada diez llamadas para denunciar violencia contra las mujeres eran falsas. “Te voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres… 90 por ciento de esas llamadas son falsas, está demostrado”, dijo a la prensa matutina en Palacio Nacional. Once días después otra persona solicitó a Presidencia el documento en el que se basó López Obrador para hacer tal aseveración. La respuesta fue idéntica: no hay información.
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Los casos citados son apenas dos ejemplos de decenas que se pueden leer en los recursos revisión interpuestos ante el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), por ciudadanos inconformes con las respuestas que elabora la oficina del actual Presidente de la República.
Aunque López Obrador ha presumido en varias ocasiones que su gobierno es transparente, los datos públicos disponibles reflejan opacidad.
En lo que concierne a la Presidencia de la República, las respuestas de inexistencia de información en los primeros 12 meses de la llamada Cuarta Transformación (diciembre de 2018 a noviembre de 2019) crecieron 317 por ciento con respecto al mismo periodo de la administración peñista (diciembre de 2012 a noviembre de 2013) y 441 por ciento en relación con el primer año del calderonismo (diciembre de 2006 a noviembre de 2007), indican datos del Inai.
Aun considerando que los requerimientos de información también crecieron con la llegada de la cuatroté, la oficina del actual mandatario sigue siendo más opaca que las de sus antecesores.
En 10 por ciento de las peticiones de información a la actual Presidencia no hubo respuesta. En contraste, sólo en cuatro por ciento de las solicitudes dirigidas a la oficina de Felipe Calderón y cinco por ciento de las enviadas a Enrique Peña Nieto, la información se declaró inexistente.
El incremento de recursos de revisión interpuestos por ciudadanos inconformes con las contestaciones también refleja un problema de opacidad. En ningún año entre 2007 y 2018, la Presidencia de la República había rebasado los 114 recursos anuales en su contra. En 2019 casi quintuplicó esa cifra al sumar 521.
Las inconformidades ciudadanas no se restringen solo a inexistencias de información, sino también a documentos clasificados como confidenciales o a respuestas incompletas, como la que recibió una ciudadana que quería conocer el desglose de gastos para llevar a cabo la celebración por el primer año de gobierno de López Obrador.
En días pasados, el Comisionado Presidente del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas, alertó de “una muy habitual tendencia” del Gobierno federal para eludir requerimientos de información alegando que no existe en sus archivos.
“Aquí lo que es lamentable es que con la muy habitual tendencia que está caracterizando el nuevo tiempo de la gestión pública en México se acude a la inexistencia de manera fácil y sin, creo yo, los escrúpulos suficientes para poderla sostener” aseguró.
Acuña Llamas denunció el fenómeno tras presentar al Pleno del instituto un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano inconforme con la respuesta que la Secretaría de Gobernación le dio, al declarar no contar con los acuerdos a los que se llegó con Constellation Brands, luego de la cancelación de su planta cervecera en Mexicali.
Desde el año pasado, el Inai ya advertía la estrategia adoptada por la cuatroté de declarar buena parte de las solicitudes de transparencia como información inexistente, no sólo en la Oficina de la Presidencia, sino en toda la administración pública federal.
“Si hacemos una comparación en el mismo periodo (los primeros 12 meses de gobierno), en este caso de diciembre a noviembre, en las tres últimas administraciones, tenemos que durante la administración del expresidente Calderón se tuvieron tres mil 850 inexistencias; del expresidente Peña Nieto, cinco mil 659; y del actual presidente López Obrador, 14 mil 801 inexistencias”, dijo el excomisionado Joel Salas en noviembre de 2019.
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