En medio de una de las mayores crisis económicas desde la revolución de 1959, el gobierno de Cuba ha declarado una “economía de guerra”, por lo que anunció una serie de medidas drásticas para revertir la situación e intentar estabilizar el país, con el propósito de responder a esta problemática que ya superó en gravedad la depresión económica sufrida en el llamado “período especial” en la década de 1990.
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¿Qué es lo que está pasando en Cuba?
La economía cubana ha sido sacudida por una serie de eventos adversos que han llevado al país a una situación crítica, tales como el embargo estadounidense, la pandemia de COVID-19, la ineficiencia del modelo económico estatal y la mala gestión gubernamental.
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En este sentido, la crisis se ha traducido en una escasez severa de alimentos, medicinas y otros productos básicos, con la que lidian los ciudadanos, así como en un aumento de la inflación y el desempleo, similar o peor que la vivida durante el “Período Especial” de los años 90, tras el colapso de la Unión Soviética.
Por tal motivo, el gobierno cubano ha solicitado ayuda internacional, como la del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, para mantener la distribución de leche subsidiada a los niños menores de siete años.
Estas circunstancias reflejan un contexto de extrema dificultad, donde la vida cotidiana de los cubanos se define ahora por la lucha constante para acceder a bienes esenciales, motivo por el cual, se ha puesto en marcha la “economía de guerra”. A pesar de que, esta medida se anunció como temporal, contiene una serie de condiciones especiales de ajuste fiscal.
¿Qué es una economía de guerra?
La declaración de “economía de guerra” es una medida extrema que refleja la gravedad de la crisis y hace referencia a un sistema económico en el que un país orienta la mayor parte de sus recursos hacia la supervivencia y el esfuerzo nacional.
Usualmente se suele activar en respuesta a una crisis extrema, como un conflicto bélico o una catástrofe económica, en la que el gobierno toma el control total de la economía.
En respuesta a la crisis, el gobierno cubano implementa una serie de medidas severas, entre las que se encuentran:
- Reducción del gasto público
- Aumento de los impuestos
- Devaluación de la moneda
- Estímulo a la producción nacional
- Búsqueda de inversiones extranjeras
Otras medidas que Cuba adoptará por la “economía de guerra”
Además de un recorte presupuestario, el cual implicará suspender inversiones, el anuncio incluye medidas como establecer una política de precios únicos y reducir la evasión fiscal, con el objetivo de “corregir distorsiones”.
En primer lugar, se adoptará una política “única” de precios con la que, según la viceministra primera de Economía, Mildrey Granadillo de la Torre, será “inclusiva y en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, que incluye tanto al sector estatal como al no estatal”.
Si bien, no se dieron a conocer detalles sobre esta nueva política, en medios locales se ha informado desde hace días que habrá un tope de precios a productos que comercializan las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), como el pollo, cuyo kilo costaría como máximo 680 pesos cubanos (5,6 dólares al cambio oficial para personas físicas); el aceite vegetal que tendría precio de 990 pesos el litro (8,25 dólares); las salchichas, mil 130 pesos (9,4 dólares); la leche en polvo, mil 673 pesos (13,9 dólares); el detergente, cuyo kilo estaría en 630 pesos (5,25 dólares/kilo) y la pasta alimenticia, cuyo kilo costaría 836 pesos (6,97 dólares).
“(También se reducirán) las partidas del Presupuesto con el objetivo de disminuir el déficit fiscal de 2024, partiendo de las inejecuciones; definir requisitos en la actividad presupuestada para el uso del Presupuesto aprobado, y centralizar la facultad de aprobación; asignar mensualmente los recursos financieros en correspondencia con los ingresos reales del mes; calcular el impacto fiscal de las importaciones de las formas de gestión no estatal; conceder beneficios arancelarios, incluidas las exenciones, por la importación de materias primas e insumos para producir, así como concluir el sistema tributario para el comercio electrónico”, se lee en el diario oficialista Granma.
Por el momento se desconoce la fecha exacta en la que se empezarán aplicar los topes, pues aunque en algunas de estas reuniones con mipymes se había avanzado que la medida entraría en vigor el 1 de julio, lo cierto es que por ahora no ha habido anuncio oficial.