Los escenarios de violencia son cada vez más frecuentes en México y en muchas ocasiones estos suelen orillar a las personas a migrar para mantenerse a salvo, tal es el caso de esta familia que salió del país en busca de condiciones de seguridad, por lo que llegaron a Canadá, donde se encuentran atrincherados en una iglesia para no ser deportados.

Fue en 2009 cuando ante el aumento de la incidencia delictiva que esta familia decidió emigrar, por lo que su primera parada fue Estados Unidos sin detenerse ahí, pues posteriormente intentaron ingresar a Canadá a través de la frontera terrestre, pero desde el 2005 existe un acuerdo llamado “de tercer país seguro” entre las dos naciones del norte.

Lo que no tomaron en cuenta es que este pacto hace que si alguien pasó previamente por la Unión Americana no puede solicitar asilo al llegar a Canadá, hecho que les fue informado por las autoridades canadienses al intentar ingresar, por lo que sin escuchar su caso fueron regresados a suelo mexicano, donde tuvieron que buscar sortear los problemas.

Tras volver a nuestro país decidieron abrir un negocio de comida en las inmediaciones de un plantel educativo, mientras normalizaban los escenarios de violencia en su entorno, hasta que nueve años después ya no pudieron ser sólo espectadores, pues los carteles empezaron a obligar a los civiles a colaborar con sus actividades ilícitas o tendrían que pagarlo con su vida.

Pese a recibir advertencias constantes de que o colaboraban con el cartel o pagaban una cuota periódica, esta familia decidió mantenerse al margen, sin volverse cómplices ni pagar extorsiones, hasta que una noche los delincuentes le prendieron fuego a su negocio por lo que su decisión inmediata fue huir con dirección a Quebec, Canadá, por recomendación de un conocido.

SEGUNDO VIAJE A CANADÁ, UN NUEVO INTENTO POR SALVAR SU VIDA

A diferencia del primer viaje, el viaje esta vez lo hicieron por vía aérea y de manera directa, pero sólo obtuvieron un permiso de estancia temporal por seis meses por el simple hecho de ser ciudadanos mexicanos, por lo que decidieron contactar a una abogada para presentar una solicitud oficial de asilo.

Lo que no imaginaban era que, tras su intento por ingresar al país del norte en 2009, quedó registro del rechazo de su petición, con lo que de acuerdo a las leyes canadienses es imposible realizar una nueva solicitud, por lo que sólo tenían derecho a la llamada Evaluación de Riesgo Antes del Retorno.

Pese a que realizaron el envío de sus documentos para este proceso, la familia no incluyó las pruebas más importantes, además de que evitaron hablar del cartel que los tenía amenazados, pues tenían miedo de que le hicieran algo a los miembros de su familia que se quedaron a vivir en México, pese a lo que les fue otorgado un permiso temporal de empleo.

En lo que dicho proceso siguió su curso pasaron alrededor de tres años, tiempo en que los miembros de la familia obtuvieron trabajo, se hicieron de una casa e incluso uno de sus hijos ingresó a la escuela y tomó clases de idiomas, además de que incluso comenzaron a pagar impuestos.

En este mismo periodo de tiempo un familiar que aún radicaba en México intentó retomar el negocio familiar, pero las agresiones volvieron de una manera más intensa, al grado que incluso intentaron quemarlos al interior del mismo negocio, pero alguien logó salvarlos, aunque la vivienda se perdió por completo, por lo que también decidieron viajar a Canadá.

Debido a la llegada de la pandemia, fue hasta finales de 2021 que pudieron recibir una respuesta oficial a su petición, pero las autoridades indicaron que la documentación no demostraba que estuvieran corriendo riesgo en México, por lo que les fue enviada una orden de extradición, argumentando que no deben regresar a su estado en específico.

Tras esta determinación, la familia optó por refugiarse en una iglesia mediante la figura de “santuario”, la cual es una tradición no escrita en el código legal, pero proveniente del derecho canónico anterior a la constitución de Canadá como país y mediante la que la iglesia tiene la facultad de proteger a quien se refugiaba allí.

En este lugar un comité de la comunidad local los acompaña y se encarga de que no les falte lo necesario, además de que les han brindado apoyo psicosocial e incluso los contactaron con Stewart Istvanffy, abogado defensor de derechos humanos que los ha acompañado legalmente desde noviembre de 2021.

Mediante este trámite, el abogado espera que se pueda demostrar el peligro que corre la familia en México, haciendo evidentes las fallas que hubo en el primer proceso sobre su caso, además de que la situación ahora es más crítica, además de que esperan que las autoridades escuchen a la familia, pues esto tampoco fue posible.

Finalmente, tal es el apoyo que han recibido de la comunidad que hubo una marcha de apoyo para la familia, en la que participaron más de 200 personas e incluso algunos políticos locales se han sumado, pese ello, la familia ya tiene seis meses refugiados en la iglesia sin poder volver a sus actividades cotidianas.