Una menor boliviana de 11 años se volvió tendencia en las noticias mundiales luego de que tras sufrir una violación por parte de su abuelastro y quedar embarazada, decidiera abortar.
Fue la Defensoría del Pueblo de Bolivia la que confirmó la decisión de la menor en conjunto con su madre, bajo la premisa de preservar su derecho a la vida y la integridad.
Lo anterior sucedió luego de que la Iglesia Católica tomara un papel protagónico en la decisión de la menor, incluso la defensoría indicó que la menor tiene derecho a continuar su vida y hasta señaló que las instituciones públicas fueron permisivas en el caso.
¿CÓMO SUCEDIÓ LA AGRESIÓN CONTRA LA MENOR?
En cuanto a la agresión se sabe que ocurrió por parte del padre de la actual pareja de la madre de la víctima a lo largo de nueve meses, pero el embarazo se descubrió cuando la niña contó a su familia que sentía “movimientos extraños” en el vientre.
Tras realizar una revisión médica, el resultado arrojó que tenía 21 semanas de gestación, por lo que una tía de la pequeña presentó la denuncia correspondiente. El hombre fue detenido e internado en una cárcel de máxima seguridad.
Por su parte, la familia de la niña presentó una solicitud de interrupción legal del embarazo, pero tras hacerse público el caso se generó un fuerte debate entre grupos pro vida, iglesia católica y organismos protectores de la menor, que basaron su defensa en el derecho constitucional de la niña para interrumpir el embarazo.
¿BOLIVIA CUENTA CON ABORTO LEGAL?
Cabe señalar que fue en el año 2014 que una sentencia constitucional en Bolivia determinó que una mujer puede acceder a un aborto legal y seguro cuando el embarazo es producto de violación, incesto, cuando la víctima es menor de edad o cuando la salud de la madre o el producto esté en riesgo.
Lo único que deben presentar las interesadas en hacer válido este derecho son una denuncia de violación y el consentimiento de la víctima, con lo que de manera automática se elimina el requisito de una autorización judicial de este país.
De acuerdo con la propia defensoría, el hecho que el caso se mediatizara y generara una presión por parte de los grupos antiaborto, generó que en un principio tanto la niña como su madre desistieran de continuar, por lo que la menor fue dada de alta y se mudó a un centro católico de asilo, el cual se comprometió a hacerse cargo tanto de la pequeña como de su hijo.
Fue hasta que el Tribunal de Garantías de Bolivia ordenó salvaguardar los derechos de la niña, así como la conformación de un equipo para salvaguardar la salud física y mental de la niña, que este grupo asumió el cuidado de la menor.
Luego de que se le practicara el procedimiento, la menor se encuentra bien de salud física, aunque refirieron que por el momento deber ser psicológicamente acompañada, esto luego de que la decisión que se tomó pudiera afectarla a raíz de las críticas que se generaron.
DENUNCIAN A IGLESIA CATÓLICA POR CASO DE MENOR ABUSADA QUE BUSCABA ABORTAR
Desde el pasado 27 de octubre la Defensoría del Pueblo anunció que ha presentado diversas denuncias penales en contra de quienes ejercieron presiones por la decisión de la niña, estos procesos van desde personal médico del hospital donde se encontraba la menor, una ONG e incluso hasta contra el Arzobispo de Santa Cruz y la madre de la niña.
Los señalamientos que la defensa de la menor está interponiendo son incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones constitucionales, trata de personas y los que corresponda, incluso esperan que luego del proceso las sanciones vayan de los 15 a los 20 años de prisión.
La defensa solicitó que cada cinco días se les informe de los avances en la investigación sobre el caso, pues incluso afirman que hubo una junta médica en la que, sin explicación, participó la iglesia.
Hasta el momento la defensoría ha señalado que tal fue la intervención de estos grupos que se suspendió un medicamento, hecho que ponía en riesgo la salud de la pequeña, por lo que indicaron que la Fiscalía ya cuenta con las pruebas de la injerencia ilegal en este caso.
