Suman 46 muertes de personas ocurridas durante las protestas del Paro Nacional en Colombia, realizado entre y abril y julio pasados, informó la oficina en esta nación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una cifra superior a los 29 casos que investigan las autoridades colombianas.
Fue a través de un informe emitido este miércoles donde la delegación señaló que en 28 casos de los 46, los perpetrados fueron integrantes de la fuerza pública y en al menos 10 estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional.
“Tenemos razones fundadas para sostener que en los casos de uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza resultaron violaciones a los derechos humanos tales como las privaciones arbitrarias de la vida por parte de la fuerza pública”, indicó Juliette de Rivero, representante de la Alta Comisionada, en la presentación del informe.
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Acerca de las víctimas, el informe de la ONU precisó que de las 63 personas que perdieron la vida, 46 murieron en el marco de las protestas -44 civiles y dos policías- la mayoría jóvenes de entre 17 y 26 años, de condición humilde; el 76 por ciento de ellas fallecieron por heridas de bala o impactos de proyectiles de gas lacrimógeno. Asimismo, en 28 de esos casos los miembros de la fuerza pública serían los presuntos perpetradores.
Por otra parte, menciona que “actores no estatales habrían matado a diez personas, mientras que no existe información suficiente para establecer la autoría de la muerte de ocho personas” y agregó que el análisis de varios incidentes apunta a que hubo “uso inapropiado e indiscriminado de armas menos letales por parte de la Policía, en violación de los estándares internacionales”.
En este sentido, el documento destaca la responsabilidad del Estado por proteger los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida ya la seguridad personal, sin discriminación y con la obligación de facilitar el ejercicio del derecho de reunión pacífica; basándose en el análisis realizado por la Oficina, el informe afirmó que el Estado colombiano “no logró mantener un entorno seguro para los manifestantes en numerosas ocasiones”.
Como parte de las buenas prácticas durante el estallido social, el documento resaltó el diálogo entre las autoridades y los manifestantes para llegar a acuerdos, así como el compromiso del presidente Iván Duque de tener “cero tolerancia con los abusos” de la fuerza pública.
Finalmente, la oficina de la ONU recomendó al gobierno de Colombia aplicar “efectivamente los estándares internacionales relacionados con el derecho de reunión pacífica”, reparar a todas las víctimas y reforzar las investigaciones y sanciones.
¿CÓMO INICIÓ EL ESTALLIDO SOCIAL EN COLOMBIA?
El Paro Nacional, como se le denominó en Colombia a las manifestaciones que iniciaron el pasado 28 de abril en contra de una reforma fiscal, se prologó por tres meses pese a que el gobierno cedió y no aumentó los impuestos de inmediato.
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La protesta contra los impuestos derivó de un reclamo generalizado por mejores condiciones de vida, sobre todo en los más jóvenes que exigían oportunidades y equidad, así como una reforma de la policía por las múltiples denuncias de uso excesivo de la fuerza.
Las protestas sucedieron en todo el país y en su mayoría fueron pacíficas; no obstante, hubo focos de violencia y en varios puntos se bloquearon vías que impidieron el paso de personas, alimentos e insumos médicos, mientras que más de 3 mil civiles y policías resultaron heridos.
Durante esas protestas, el documento emitido por la ONU también reportó 60 casos de violencia sexual, presuntamente cometidos por la policía, de los cuales la Oficina pudo verificar 16 hasta la fecha.