Por su participación en la desaparición y asesinato de un joven de 27 años que padecía de discapacidades para caminar y hablar en el municipio de Acatzingo, se sentenció a 90 años de prisión y una multa por más de un millón de pesos a Martín N, Guadalupe N, María Antonia N y Alejandro N, este último cuñado de la víctima.
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De acuerdo con Juan Francisco Vera Ayala, fiscal especializado en Investigación de Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado (FGE) los hechos ocurrieron el 8 de enero de 2022 en la demarcación antes mencionada donde el hoy occiso salió de su domicilio para acompañar al esposo de su hermana, Alejandro N, quien iría a regar unos terrenos de cultivo, sin embargo, horas después él regresó y dijo que no se fue con él, pues se quedó en una tortillería.
Ese negocio fue supuestamente en donde lo vio por última vez. Posteriormente, la madre de la víctima recibió la llamada de una persona que dijo tener secuestrado a su hijo y que para su liberación debían entregar 300 mil pesos en el panteón de la localidad de San Simón de Bravo del municipio de Quecholac.
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Por lo anterior la familia efectuó el pago sin que hubieran realizado la denuncia y pese a ello la víctima no fue liberada.
El 18 de enero de 2022 de nueva cuenta se comunicaron con la familia del joven de 27 años de edad para ahora exigir 65 mil pesos, cantidad que debían llevar a la entrada de la localidad de San Simón de Bravo.
La FGE realizó un operativo de pago controlado en el que agentes investigadores lograron la detención en flagrancia delictiva de Alejandro N, Martín N, Guadalupe N y María Antonia N quienes llegaron a bordo de un vehículo Ford Mustang para recoger el dinero.
Ese mismo día fue localizada a la víctima sin vida en la barranca del río Tezahuapa y el 21 de enero de 2022, la Fiscalía General del Estado logró que las personas presuntas responsables fueran vinculadas a proceso.
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Por tanto, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y el 10 de julio de 2024 se obtuvo sentencia condenatoria con una pena de 90 años de prisión por el delito de secuestro agravado a cada uno y adicionalmente deberán pagar como sanción un millón 250 mil 860 pesos, 96 mil 220 pesos por reparación del daño moral y 864 mil 350 pesos por indemnización.
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