Abuso de autoridad y el despojo tanto de su vehículo como de su mercancía, es lo que acusa un vendedor de artículos de segunda mano en contra del área de Comercio Exterior, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración. A decir de la víctima, en 2016 afuera del mercado de Amozoc de Mota, fue interceptado por sujetos que aunque dijeron ser policías federales, al final resultaron ser de la citada secretaría, quienes además de no devolverle su camioneta la cual busca recuperar, le imputan una sanción por 75 mil pesos, que asegura no cometió.
Manuel Vargas Ramales, de 50 años de edad, en entrevista para El Sol de Puebla, contó que casi toda su vida fue chofer de la extinta Ruta Mayorazgo, sin embargo en 2015 con la llegada de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) línea 2, tuvo que buscar otro trabajo. Ante la edad y los pocos estudios, las oportunidades labores fueron mínimas por lo que no tuvo más opción que dedicarse a la compra-venta de artículos de segunda mano.
Para este hombre, que asegura siempre ha adquirido sus artículos de venta, de forma legal en bazares y que incluso tiene comprobantes de los mismos, todo marchaba bien hasta el día 28 de septiembre de 2016 cuando al salir del mercado municipal de Amozoc de Mota, fue interceptado por un auto blanco del cual descendieron dos sujetos que aseguraron ser policías federales y llevar una orden de aprehensión en su contra.
“Un coche blanco me empezó a prender y apagar las luces, a modo que le cediera el paso; al hacerlo el conductor se paró y luego avanzó tres metros, se detuvo nuevamente y luego bajaron dos personas, quienes se dirigieron hacia mí para referirme que llevaban una orden de aprehensión en mi contra. Me bajaron de mi camioneta morada de batea con placas SF25848 de Puebla, les pedí que se identificaron pero se negaron, me mostraron un documento tamaño carta donde ya venían estipuladas las características de mi unidad, sin sello ni nada. Insistí en que se identificaran pero se negaron, me dijeron que eran federales y que no me opusiera porque si no me iban a remitir, accedí les pedí que dejaran ir a mi esposa y a mis hijos pero no dejaron ir a mi esposa”, narró el agraviado, quien agregó que incluso llegaron dos camionetas más para meterle presión.
Tras obedecer a los sujetos, el comerciante fue escoltado hasta la zona de Finsa en Sanctorum, Cuautlancingo.
“Les dije que mi camioneta ya no tenía gasolina pero ellos mismo le pusieron 200 pesos, me escoltaron hasta Finsa en la zona de Sanctorum, supuestamente a oficinas de Aduana. Ahí nos metieron a una bodega, nos bajaron y nos encerraron el cuarto, donde nos mantuvieron incomunicados. No nos dejaron hacer llamadas que porque supuestamente había cámaras y no estaba permitido”, contó Manuel Vargas, quien refirió que aquel día al lugar llegó un licenciado para pedirle que firmara un documento donde escribiría con pulo y letra que se hacía responsable de los delitos que se le acusaban, sin que algún momento le explicaran o le dijeran de qué delitos se trataba.
A decir del entrevistado, jamás accedió a firmar dichos documentos y fue hasta que los amenazó de acusarlos de privación ilegal de la libertad como horas después lo dejaron ir tanto a él como a su esposa; al solicitar su camioneta, se la mostraron vacía, sin mercancía. Por lo anterior, el hombre pidió ver su mercancía pero la que le enseñaron, acusó, no tenía nada que ver con la suya pues mientras la de él era ropa, zapatos y peluches, solo le mostraron ropa etiquetada y envuelta en hule.
Si bien, al final el hombre y su esposa quedaron en libertad, su camioneta blanca cargada de mercancía y en la cual también llevaba algunos documentos así como dinero en efectivo correspondiente a la venta del día, no le fue devuelta, quedando en manos del Recinto Fiscal del Estado de Puebla, ubicado precisamente en Sanctórum, Cuautlancingo. Posteriormente, Manuel Vargas fue enviado a las oficinas de Finanzas en la capital poblana; ahí de forma inicial, le dijeron que no tenían a disposición la unidad.
Con el pasar de los días le informaron que tenía una multa por lo que debía de pagar 70 mil pesos. Al buscar su camioneta, el hombre en efecto la encontró en el Recinto Fiscal del Estado de Puebla. Por todo lo anterior y al asegurar que no ha cometido ningún tipo de infracción ya que todo lo que vende es de procedencia lícita, el afectado interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de secuestro y robo, así como una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla.
La primera denuncia radicada bajo la carpeta de investigación 3993/2016 y la segunda queja anotada como el expediente 5987/2016, no han prosperado. Manuel Vargas lo único que ahora busca es que le sea devuelta su unidad de trabajo y uno de sus pocos patrimonios.