Que el fiscal del estado y el gobernador Barbosa revisen su caso, es lo que este lunes la señora Ersia Pinto solicitó frente al edificio central de la Fiscalía de Puebla ya que su hijo César Augusto, por una aparente venganza, nuevamente fue detenido, ahora por policías estatales que lo acusan de llevar un arma de fuego.

El arresto lo atribuye a que en 2018 su hijo fue señalado de llevar drogas y un arma, pero en 2020 se comprobó su inocencia y obtuvo su libertad mientras que dos de los policías municipales que lo detuvieron y torturaron fueron encarcelados.

La declarante en primera instancia explicó que esta segunda detención ocurrió el pasado 2 de junio cerca de su casa en la unidad habitacional La Guadalupana, sin embargo los policías estatales indicaron en su informe policial homologado que la aprehensión sucedió en el fraccionamiento Los Héroes de Puebla y a una hora distinta e incluso ahora buscan ligarlo al secuestro de Sandra Elizabeth quien después apareció muerta en una cisterna cerca de su casa en Amozoc.

“Nosotros tenemos los testigos, lamentablemente no hay cámaras pero ahí en La Guadalupana mi hijo pasó a arreglar una ventana en mi casa, con un joven que se dedica a la herrería, se van y dice mi vecino que se le cerró un coche blanco y otro coche iba atrás; lo suben con armamento y se lo llevan en un coche blanco y trasladan a C5 a las 8 de la noche y la policía dice que lo detuvo a las 11:30 de la noche en Los Héroes de Puebla que porque hubo una llamada anónima y que le dijeron que ese coche llevaba droga y armamento y nuevamente está vinculado a proceso cuando se ha dedicado a limpiar su nombre; ahora le dicen en el Ministerio Público que buscan a un colombiano líder se secuestro”, expresó la madre del joven acusado y encarcelado por segunda ocasión.

Ante esta situación de acoso, discriminación y ahora, dice la madre del detenido, venganza, ya que uno de los policías estatales que ahora detuvieron a César Augusto es familiar de uno de los policías encarcelados, suplica que su caso sea revisado a detalle por el gobernador y el fiscal Gilberto Higuera Bernal pues incluso señala que un Ministerio Público de nombre Jorge Luis, tras la liberación del primer proceso de su hijo, recibió una recomendación por parte de Derechos Humanos, y ante ello, los amenazó diciéndoles que las detenciones de los policías municipales y los despidos que habían surgido por el caso, no se iba a quedar así.

“El Ministerio Público Jorge Luis Herrera Velasco nos amenazó que no nos daba por terminado el caso porque era un ajuste de cuentas por los que estaban en la cárcel, yo vine a la Fiscalía a poner mi denuncia y me mandaron a Derechos Humanos para que fuera a poner mi queja. Yo ya me siento desgastada, si quieren cobrar algo que me lo cobren a mí porque yo fui la de las denuncias por amenazas de los policías y no mi hijo, no veo porqué tengan que estarlo discriminando y estarle hostigando y queriéndolo levantar”, destacó la entrevistada.

Además de pedir la intervención de las autoridades poblanas, Ersia Pinto de igual forma ha solicitado la ayuda de su embajada en México a quien pide que vean por todos los colombianos radicados de forma legal en el país y han hecho lo que en México se les pide e incluso para ya no tener más problemas han buscado naturalizarse.

“En la audiencia pidieron que fuéramos deportados que porque a Puebla no les gusta los colombianos porque es lo peor que hay, entonces yo le suplico a mi ambajada que ayuden a los colombianos que somos legales, yo sé que habrá colombianos que son delincuentes pero no por una venganza de policías mi hijo va a estar en el penal de Puebla”, reveló la madre del joven acusado.

Finalmente reiteró su petición al gobernador de revisar sus denuncias y todo lo que ha hecho en estos dos años, de tal forma que tras los señalamientos hechos de forma pública, personal de gobernación llegó a las afueras de la Fiscalía de Puebla y le dio una cita para ser atendida este martes por el gobernador Barbosa.

En 2018 el joven colombiano fue señalado de llevar drogas y un arma de fuego

Como El Sol de Puebla lo ha dado a conocer, el 2 de octubre de 2018 César Augusto de entonces 26 años de edad fue aprehendido junto con su esposa mexicana de nombre Lucero, cuando viajaban en un automóvil BMW propiedad de la madre del varón.

De forma inicial, ambos fueron acusados de portación ilegal de arma de fuego, delitos contra la salud y cohecho, sin embargo, también se les vinculó con robo a casa habitación y relojes de lujo.

En su momento, según información policial, se presumía que el varón sería otro de los implicados en el asalto y homicidio de Arturo N, afuera del Hotel Camino Real el 5 de agosto de ese mismo año, sin embargo, no se contaban con mayores pruebas de lo anterior.

Fue hasta el 8 de marzo de 2019, que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó la vinculación a proceso de César Augusto por el delito de robo agravado y portación de arma de fuego, ya que la mujer salió mediante un procedimiento abreviado e incluso sufrió un aborto ya que para entonces estaba esperando un hijo de César.

No obstante, durante la etapa intermedia, la abogada del detenido solicitó una audiencia para pedir el sobreseimiento del proceso. Fue así como el acto jurídico se celebró el 13 de febrero de 2020 en el Centro de Justicia Penal de Puebla en la avenida 11 Sur.

De acuerdo con material y documentos en poder de este medio, en la citada audiencia la abogada del acusado señaló contar con un video que exponía claramente que la detención no fue en el lugar, hora, ni forma como los policías aprehensores, en este caso municipales, lo dijeron en su informe policial homologado, comprobándose que se trató de una detención ilegal.

De igual forma resaltó que en la declaración de las víctimas de robo, solo se indica que uno de los responsables tiene acento extranjero, al parecer, colombiano, sin precisar mayores características de los responsables.

Por todo lo anterior, y al determinarse que no se tenía conocimiento de dicho video para cuándo el agente del Ministerio Público hizo la formulación de imputación, se admitió como prueba de la ilegalidad de la detención y de las diversas violatorias que cometieron los policías municipales.

También el juez de control concluyó que no existían mayores datos de descripción que reforzaran que César Augusto era la misma persona que cometió los hechos denunciados, por lo que se concedió el sobreseimiento del proceso penal, se indicó que el detenido era inocente y se ordenó su libertad por las acusaciones de robo.