José Sánchez Rojas, presidente municipal de Amozoc de Mota, la secretaria general y el contralor de dicho Ayuntamiento, un mes antes del asesinato de los seis policías, habrían tenido conocimiento de la presunta protección que Javier y Alfredo, excomisario y excomandante de la Policía Municipal, brindaban a los ladrones de combustible en la región, según la acusación que una de las viudas hizo a las autoridades y cuya entrevista fue expuesta por el agente del Ministerio Público durante la audiencia celebrada en la Casa de Justicia Puebla.

El miércoles pasado, además de la celebración de una audiencia exprés en la que la Fiscalía General del Estado, volvió a formularles imputación a los exmandos policiacos por los delitos de cohecho y espionaje contra las instituciones de impartición de justicia, se dio inicio a otra audiencia en contra de los asegurados pero ahora por obstrucción de la administración y procuración de justicia en agravio de la sociedad.

Durante la segunda audiencia que concluyó este jueves por la madrugada, no solo se vinculó a proceso al excomisario y al excomandante de la Policía de Amozoc, sino que también con base a la exposición del agente del Ministerio Público, quedó al descubierto que a través de oficios y partes informativos, el edil municipal José Sánchez Rojas, el contador y contralor Alejandro Valencia así como la secretaria general del Ayuntamiento, desde hace un mes- sin precisar fecha- habían sido informados de las presuntas corruptelas de Javier “N” y Alfredo “N”.

En este caso, el representante de la Fiscalía General del Estado señaló ante una jueza de control que de acuerdo con las primeras investigaciones, se tiene que el día 13 de junio de los corrientes, Martín, uno de los policías asesinados, estaba de guardia junto con dos compañeras; de pronto, fueron alertados sobre la presencia de un grupo de personas que se encontraban robando gas LP en la Prolongación 16 de Septiembre del barrio de San Antonio.

Por lo anterior, los uniformados se constituyeron al sitio donde descubrieron a varias personas ordeñando los ductos de Pemex para transferir el hidrocarburo a pipas con logotipos de “Tomza” y otras más que únicamente eran de color blanco con anaranjado. Al observar lo anterior, aquel 13 de junio, los policías en cumplimiento de su deber, se comunicaron con el excomisario y hoy detenido Alfredo “N”, quien a decir de la representación social, les ordenó a los uniformados que se retiraran de la zona y no procedieran en contra de los huachicoleros.

Dentro de las entrevistas realizadas a otros policías, consta que poco después, al lugar llegó el excomandante Alfredo para pedirle a Martín y a sus dos compañeras que lo siguieran, de tal forma que pasando la comunidad de San Agustín Tlaxco, el exmando les refirió lo siguiente: “Entiendo que quieran hacer la chamba pero por órdenes del comisario, no se puede hacer nada”, dijo Alfredo, quien incluso los envió a cuidar el sector de Casa Blanca.

“Como ya saben, el comisario (Javier) ya me habló y quiere que se muevan al Sector de Casa Blanca”, dijo el excomandante.

El mismo 13 de junio, otros dos policías entre ellos David, quien también fue asesinado el 15 de junio en la colonia Signoret, recibió una llamada de auxilio por la presencia de ladrones de combustible cerca de una barranca en la Prolongación 16 de Septiembre. En la zona, los uniformados municipales se “toparon” con un grupo de entre 6 y 8 personas a bordo de un auto gol del cual descendió el copiloto de aproximadamente 28 años de edad, el cual les anunció que ellos ya habían llegado a un arreglo con el comisario, que mejor se retiraran ya que al comisario Rojas le pagaban una cuota para dejarlos trabajar.

Frente a estas dos situaciones, entre el 13 y 14 de junio del presente año, los dos grupos de policías decidieron elaborar un parte informativo y mediante oficios firmados, poner de conocimiento de estos hechos, al edil municipal, a la secretaria general del Ayuntamiento y al contralor, siendo este último quien recibió los documentos de queja por parte de los policías.

No obstante, según lo manifestado al agente del Ministerio Público por parte de una de las viudas, previo a los dos oficios en mención, existió uno más entregado de forma independiente por uno de los policías ejecutados.

La viuda dijo a las autoridades, que su esposo le contó que hace un mes, de madrugada y al hacer recorrido de vigilancia, se encontró con cuatro sujetos armados a bordo de una pipa, robando gas por lo que él y sus compañeros los fueron siguiendo; sin embargo, se encontraron con un taxi cuyo conductor les dijo que se fueran. En ese instante, según lo dicho durante audiencia, el excomisario Javier le llamó a uno de los policías para ordenarle que dejaran ir a los ladrones de combustible.

Por tal situación, al día siguiente de los hechos, el agente policial realizó y entregó un parte informativo al contralor, quien le refirió al uniformado que su escrito no valía porque no había detenido a nadie ni asegurado algún vehículo.

Al inconformarse por tal respuesta, el policía solicitó hablar con el acalde de Amozoc pero nuevamente, el contralor refirió que el presidente no estaba, expuso el representante de la Fiscalía.

Respecto a los oficios elaborados y entregados entre los días 13 y 14 de junio, es decir, días antes del multihomicidio, se dijo por parte de la representación social que en primera instancia, la respuesta por parte del contralor fue que iban a tomar cartas en el asunto y que podían estar tranquilos, sin embargo, después vino el amago por parte de los policías, quienes aseguraron que si no recibían respuesta alguna, tenían todo grabado y por lo tanto lo difundirían a través de redes sociales.

Tras la advertencia, los uniformados se retiraron a tomar un curso y para la noche, fueron notificados de que “para que no hubiera problema”, el comisario iba a renunciar a su puesto; al día siguiente, seis policías incluidos dos de los denunciantes, fueron ejecutados tras atender a un llamado de auxilio.

Cabe decir que de acuerdo con lo manifestado a la jueza de control, por parte del agente del Ministerio Público, un cuarto oficio referente a tropelías al interior de la corporación policial, estaba siendo preparado. En este caso, iba a ser firmado y entregado por once elementos policiacos, quienes antes los hechos ocurridos el pasado 15 de junio, desistieron de lo anterior.

Hoy, el excomisario y el excomandante son los únicos detenidos por la presunta protección brindada a los ladrones de combustible. Aunque la Fiscalía en audiencias anteriores reveló que los hoy imputados podrían estar relacionados al asesinato de los seis policías, al momento no ha podido acusarlos de manera formal por este delito.

En tanto, Javier y Alfredo por ahora son investigados por tres delitos, obstrucción de la administración y procuración de justicia, cohecho y espionaje en contra las instituciones de justicia, situación por la que seguirán recluidos en el penal estatal mientras dure su proceso, ya que en lo que concierne a espionaje y cohecho, en los próximas días se llevará a cabo una audiencia para determinar si son o no vinculados a proceso por estos ilícitos de los que incluso ya habían sido exonerados.