Carlos N, un presunto líder delincuencial relacionado con varios delitos, entre ellos homicidio y desapariciones, fue capturado junto con una mujer en posesión de diversa droga y un importante arsenal durante un cateo realizado por la Fiscalía de Puebla en el municipio de Acatzingo, donde el sujeto incluso habría atentado contra la vida de agentes investigadores.
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A pesar de todo lo anterior, un juez de control que ya ha sido acusado a nivel nacional de favorecer a secuestradores, solo calificó de legal la detención de los sospechosos por intento de homicidio, dejando a un lado los cargos por acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y posesión de narcóticos.
Sobre el asunto, Alejandra Odette Flores Ventura, coordinadora general de la unidad de investigación de homicidios dolosos dijo en rueda de prensa que la madrugada del 14 de junio agentes investigadores llegaron a un domicilio ubicado en la calle 8 Oriente entre 4 y 6 Oriente del barrio de San Gabriel en Acatzingo para hacer un cateo.
Una vez que los agentes investigadores se identificaron, Carlos N, los agredió verbal y físicamente disparándoles desde la ventana con un arma de fuego larga; aún así los elementos ingresaron y en respuesta, Carlos apuntó contra los agentes a quienes les disparó con un AR- 15 la cual se encasquilló, indicó la funcionaria.
Fue así como los agentes investigadores lograron desarmarlo y detenerlo junto con una mujer identificada como Victoria N, quien también se encontraba en el lugar portando un arma larga.
Al inspeccionar el lugar la FGE aseguró un total de 5 armas largas con 5 cargadores abastecidos de 158 cartuchos, 260 cartuchos en cajas de cartón, 2 granadas, 1 lanza granadas, cocaína, metafentamina, dos básculas grameras, chalecos balísticos y tres libretas con anotaciones de venta de droga.
Carlos y Victoria fueron detenidos por homicidio en grado de tentativa, acopio de armas de fuego de uso exclusivo del ejército mexicano y fuerza aérea, y delitos contra la salud en su modalidad de suministro.
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El 17 de junio el juez de control Francisco Javier Martínez Castillo calificó de legal la detención y retención de los dos asegurados solo por el delito de homicidio en grado de tentativa.
Al respecto, la coordinadora de la unidad de investigación de homicidios dolosos resaltó que el juez de la causa no se pronunció con exhaustividad respecto al delito de acopio de armas de fuego y contra la salud como suele ocurrir en estos casos para después declinar a una autoridad federal por lo que ante la resolución del juez de control la Fiscalía formuló imputación por homicidio en grado de tentativa.
Los acusados solicitaron duplicidad del término constitucional de 144 horas por lo que el jurista señaló el 21 de junio para la continuación de la audiencia imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva.
Fiscal Higuera lamenta actuar de juez y pide proteger a la población de los delincuentes
En este sentido el fiscal general del estado Gilberto Higuera Bernal lamentó el actuar del juez del fuero de lo común y es que de acuerdo con fuentes cercanas al caso, Carlos N, es un presunto líder delincuencial relacionado con homicidios, desapariciones y otros delitos.
Higuera consideró que se trata de una situación en la que se debe poner especial atención toda vez que Acatzingo es una zona donde hay homicidios cruentos, violentos con desmembramientos, mutilaciones, “esto es algo que nuestra institución debe atender con rigor y este es un caso donde tenemos claro que hay normas que nos rigen a todos, la Constitución y el Código Penal de Justicia que nos dice cómo hacer nuestro trabajo, nos preocupa que en este tipo de casos cualquier autoridad tengamos lapsus (falta o equivocación cometida por descuido)”.
Recalcó que como en otras ocasiones ya lo ha mencionado, en todos los casos o resoluciones en los que la FGE no comparta los criterios se va a impugnar pero “tenemos que hacer causa común para proteger a la población de la violencia y de los grupos delictivos que cometen actos de crueldad y me parece que este es un caso que dará mucho para informar porque no creo que sea lo único que haya que investigar”.
Por último, el fiscal dijo que este arsenal que estaba en posesión del detenido merecía haber sido atendido como en otros casos por lo que deben poner atención en estos casos como instituciones más allá de las personas pues añadió que se trata de un juez con antecedentes a nivel nacional.
Juez poblano fue exhibido en la mañanera de AMLO por beneficiar a secuestradores
Es de señalar que el 25 de julio de 2023 el juez poblano Javier Martínez Castillo fue señalado de beneficiar a dos secuestradores ya que cambió las medidas cautelares y les otorgó libertad de jurisdicción, así lo informó Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública Federal, quien lamentó este hecho, pues la pena para este delito debería de ser entre los 40 a 100 años.
En el segmento de “jueces que favorecen a delincuentes” de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario explicó que una mujer fue secuestrada en su negocio en la ciudad de Puebla en enero del 2018, presuntamente por Diego N, y Juan Carlos N, quienes la golpearon y pidieron dinero a sus familiares.
La víctima fue rescatada en un motel y los dos presuntos culpables fueron detenidos, incluso se les formuló imputación y se les impuso prisión preventiva oficiosa.
Ambos, fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado, ratificando la medida cautelar y la Fiscalía General del Estado de Puebla formuló la acusación.
Sin embargo, ante los reiterados cambios de defensores y prórrogas de la defensa, la audiencia intermedia no se llevó a cabo y en junio de 2023 la defensa promovió un amparo para la revisión de medidas cautelares.
Lo anterior, fue otorgado por el juez primero de distrito en materia penal de Puebla y el 3 de julio se llevó a cabo la audiencia ante el juez de control de la región judicial del Centro del Poder Judicial, Javier Martínez Castillo.
Rodríguez Bucio dijo en ese momento que Javier Martínez no consideró que las prórrogas del juicio se debieron a la defensa de la parte acusada, ni el peligro que su liberación representa para la víctima, testigos y la comunidad.
Este juez resolvió con “libertad de jurisdicción”, cesó la prisión preventiva a los presuntos secuestradorese imponer nuevas medidas como la presentación periódica mensual.
En su reporte, lamentó la sentencia, pues este caso y de manera atípica se otorgó una medida cautelar distinta a la prisión preventiva a estos dos sujetos,cuando la pena para el delito es de 40 a 100 años.
