A siete años de la desaparición de Paulina Camargo Limón, quien contaba con cuatro meses y medio de embarazo, la defensa del acusado y detenido por la muerte de la joven, sin que de por medio haya cuerpo del delito, acusó que las autoridades judiciales siguen violentando el derecho humano de José María a ser juzgado en un término no mayor a dos años, tal y como lo dicta la ley.
El pasado 1 de junio, luego de que quedara sin efecto la sentencia condenatoria de 16 años y 6 meses de prisión dictada al joven veracruzano por el delito de homicidio simple intencional y aborto cometido en agravio de Paulina Camargo, se realizó el careo entre Chema y el taxista clave en el caso y que en diversas ocasiones, incluso con amparos, intentó no presentarse a declarar sobre el asunto.
Una vez que el taxista mantuvo su versión de que él llevó a José María y a Paulina hacia la zona de La Margarita, mientras el joven taekwondoín aseguró que no fue así, se estableció un término de 30 días para que el Juez Tercero de lo Penal emitiera una nueva sentencia respecto a los cargos mencionados al principio.
Sin embargo llegó el mes de julio y no se emitió ninguna resolución, peor aún, a decir del abogado de “Chema”, el plazo se alargó y será hasta el 23 de septiembre de este año cuando se lleve a cabo la audiencia de visita para que el juzgador estudie el caso y posteriormente, en seis días, por escrito informe cuál es su decisión.
La defensa del joven consideró que es una injusticia que las autoridades ya hayan mantenido a su cliente encerrado por siete años y sin recibir una sentencia, cuando la ley establece que ninguna persona acusada por algún delito, debe permanecer más de dos años encarcelado sin recibir una sentencia.
Esta inconformidad incluso se le hará llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington D.C., la cual ya tiene conocimiento de otros abusos cometidos en agravio de “Chema”.
El inicio y desarrollo del caso Paulina Camargo
El 25 de agosto de 2015, José María, de 20 años y Paulina N, de 19, acordaron verse para acudir a un consultorio de Circuito Juan Pablo II y la 18 Sur, a la altura del centro comercial Plaza del Sol de la colonia San Manuel en la ciudad de Puebla. Lo anterior, debido a que, tras sostener una relación sentimental con “Chema”, la joven resultó con embarazo.
Pese a que existe un video de aquel día, en el que se observa a dos personas que salen de un local, a la altura de la dirección descrita, y abordan un auto aparentemente de alquiler (taxi) para después marcharse; jamás se vuelve a saber del paradero de Paulina.
Por ello, los padres de la joven acudieron a la entonces Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía General del Estado) para interponer la denuncia correspondiente y señalar a José María como el principal sospechoso de la desaparición de Paulina, quien para ese momento contaba con dieciocho semanas de embarazo.
Tras una campaña de búsqueda en redes sociales, y marchas por parte de familiares y amigos que exigieron la pronta localización de la joven, las autoridades ministeriales llamaron a declarar a José María, quien de manera voluntaria acudió a las instalaciones de la PGJ, sin embargo, ya no le fue permitida su salida, ya que pasó de estar en calidad de presentado a detenido, inicialmente inculpado de falsedad de declaraciones.
La noche del 29 de agosto de 2015, frente a las instalaciones de la PGJ Puebla, los padres de la joven desaparecida y la entonces abogada de la familia, Marisol Montes Baro, declararon a los medios de comunicación que “Chema” se había declarado confeso, de tal manera que se dijo que el acusado se había llevado a Paulina a su departamento en la unidad habitacional La Margarita, donde presuntamente la “noqueó” para después cargar el cuerpo y tirarlo en un contenedor de basura de la zona.
Esa misma noche, el joven veracruzano fue trasladado al penal de San Miguel. Para el día 30 del mismo mes, el imputado fue consignado de manera exprés al Juez Tercero de lo Penal, únicamente por el delito de falsedad de declaración.
Tras la supuesta confesión de José María, durante la cual fue torturado para autoinculparse, el personal de la Procuraduría General de Justicia ahora Fiscalía, se trasladó al departamento de Chema en la unidad habitacional La Margarita, donde llevó a cabo diversos peritajes, durante los cuales no encontró evidencia alguna, por lo que incluso el inmueble no fue asegurado.
En una segunda búsqueda, de la nada, los peritos hallaron una gota sangre de tal manera que el departamento fue sellado, no obstante, meses después fue liberado al declararse arbitrarias las acciones de la PGJ en dicha vivienda.
Durante tres meses con montacargas y decenas de peritos, bomberos y policías con binomios caninos, removieron escombros en el relleno sanitario de Chiltepeque, donde se presumía podrían estar los restos de la mujer, sin éxito alguno.
Luego de la hipótesis de que fue asesinada en el departamento de “Chema” en la unidad habitacional de La Margarita y su cuerpo lo habría arrojado a los contenedores de basura, se hicieron diligencias tardías –dos meses después de la desaparición de la mujer-, y de igual forma no fue encontrado rastros de la joven.
Después de que algunas pruebas presentadas por la ahora Fiscalía General del Estado fueran calificadas de ilegales por las autoridades judiciales, pero, además, se decretara que el arresto de “Chema” fue ilegal el 25 de abril de 2015, la defensa particular de José María ganó un amparo en el cual se ordenó la liberación del departamento ubicado en la unidad habitacional La Margarita. Días después, el 29 del mismo mes, también se concedió el amparo por el auto de formal prisión por los delitos de homicidio y aborto.
De ahí le siguieron otros amparos por la detención del acusado y por el delito de falsedad de declaración, sin embargo, la Fiscalía reviró con otros recursos de revisión en cuanto a los amparos concedidos por los delitos de los que se le acusa a José María Sosa Álvarez.
Incluso, dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la FGE señaló formalmente al taekwondoin del delito de desaparición forzada en agravio de Paulina Camargo, por lo cual fue vinculado a proceso el 15 de abril de 2018.
El 13 de febrero de 2019, las autoridades judiciales resolvieron condenar a José María, pese a que en varios momentos y con diversos amparos, la justicia federal calificó de ilegales pruebas importantes en el caso, como la supuesta gota de sangre localizada en el departamento de "Chema" y el video donde presuntamente aparecen el detenido y la víctima abordando un taxi, aunado a que a la fecha se desconoce dónde está el cuerpo o los restos de Paulina N.
No obstante; esta sentencia quedó sin efecto luego de que, en un nuevo amparo por parte de los abogados del detenido, la autoridad federal ordenara la reposición del proceso jurídico y que el juez emitiera una nueva sentencia, ya fuera a favor o en contra del investigado.