Ante las quejas por violatorias a los derechos humanos de José María N, en el proceso que enfrenta por la desaparición y homicidio de Paulina N, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington D.C., solicitó un informe sobre el asunto al gobierno mexicano, quien en caso de no dar respuesta en un término de tres a cuatros meses, podría hacerse acreedor a una sanción económica en dólares.
Información compartida a este medio, señala que el pasado 11 de enero, el citado organismo internacional por fin dio respuesta a la solicitud que desde el 31 de agosto de 2017, realizó José María N y su familia, a través de su equipo de defensa, respecto a diversos actos de tortura, violación e inconsistencia en el proceso jurídico que se le sigue por la desaparición de su exnovia Paulina N, quien contaba con cuatro meses de embarazo.
La Secretaría Ejecutiva solicitó de manera formal un informe sobre el asunto al gobierno de México, quien deberá solicitar tal información al estado de Puebla y en este caso, a la Fiscalía General del Estado, así como a todos los funcionarios o servidores públicos contra los que existe la queja.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala en el escrito girado al gobierno mexicano que el plazo para rendir el informe es de tres meses y como máximo cuatro, conforme el artículo 30, apartado 3, del Reglamento de la Comisión.
Además, señaló que se busca un acuerdo amistoso entre las partes que intervienen. No obstante, a decir de los especialistas en Derecho, en caso de que el gobierno no rinda tal informe, podría hacerse acreedor a una multa considerable, en dólares, cuyo dinero se va a un fondo para indemnizar a personas que fueron afectadas con procesos ilegales.
Sobre el asunto, es de señalar que también este martes 31 de enero en la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla se desarrolló una audiencia denominada “de vista”, en la que la defensa de José María expuso diversos agravios cometidos contra su cliente, con motivo a la ratificación de la sentencia de 16 años y 6 meses de prisión que el Juez Tercero de lo Penal, José Luis Zenteno, impuso al joven veracruzano por el delito de homicidio simple intencional y aborto, cometido en agravio de Paulina N, y del producto de cuatro meses de gestación que la joven llevaba en el vientre.
En un término de diez días, el grupo de magistrados que conforman la Segunda Sala podrán emitir un fallo en el que determinarán si persiste o se revoca la sentencia contra el joven taekowondoín.
Cabe decir que la Fiscalía de Puebla mantiene abierto otro proceso bajo las mismas evidencias y hechos, solo que bajo la figura jurídica de desaparición de persona, que aún está por resolverse; al respecto, la familia de José María pidió a las autoridades correspondientes no seguir violentando los derechos humanos respecto al debido a proceso.
El caso data de 2015
El 25 de agosto de 2015, José María, de entonces 20 años y Paulina N, de 19, acordaron verse para acudir a un consultorio de Circuito Juan Pablo II y la 18 Sur, a la altura del centro comercial Plaza del Sol de la colonia San Manuel en la ciudad de Puebla. Lo anterior, debido a que, tras sostener una relación sentimental con la joven, resultó embarazada.
Después de diversas investigaciones y de interrogar a tres varones, José María fue detenido como el principal sospechoso del aborto y muerte de la joven, de tal forma que el 13 de febrero de 2019, las autoridades judiciales resolvieron condenar a José María, pese a que en varios momentos y con diversos amparos, la justicia federal calificó de ilegales pruebas importantes en el caso, como la supuesta gota de sangre localizada en el departamento de Chema y el video donde presuntamente aparecen el detenido y la víctima abordando un taxi, aunado a que a la fecha se desconoce dónde está el cuerpo o los restos de Paulina N.
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